La sorpresiva renuncia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a la SCJN, misma que fue aceptada por el Ejecutivo Federal y aprobada por el Senado la semana pasada, dejó una vacante en máximo tribunal del país; y con ello un espacio más (el quinto en lo que va del sexenio) al Presidente para la designación de una nueva persona para cubrir dicha vacante y ejercer el cargo (en principio) durante los próximos 15 años.
El surgimiento de esta vacante detonó por ende un nuevo espacio para el asedio a la SCJN encabezado por el titular del Ejecutivo federal, a través de dicho nombramiento. Así, entre la renuncia de un ministro (la segunda que ocurre en este sexenio), la incorporación del referido Ministro al equipo de Claudia Sheimbaum y la terna enviada por el Presidente para ocupar ese encargo, de nuevo la atención recae sobre el máximo tribunal del país y nos plantea claramente el riesgo de equilibrio en la SCJN.
Toda vez que contrario a lo que debía ocurrir, Andrés Manuel López Obrador al término de su sexenio habrá propuesto a 5 de los 11 ministros que actualmente integran la SCJN; siendo que en realidad le correspondía únicamente hacer tres propuestas de nombramiento, la primera por la salida del Ministro José Ramón Cossio Diaz (2018), la segunda por la salida de la Ministra Margarita Luna Ramos (2019), y la tercera frente a la salida del Ministro José Fernando Franco González Salas (2021). Estas tres sucesiones en el máximo tribunal se dieron en tiempo y forma; y así fue como llegaron a la SCJN el Ministro González Alcántara, y las ministras Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf.
En un entorno de normalidad democrática, los nombramientos para sustituir a los Ministros Aguilar Morales y Zaldívar Lelo de Larrea le correspondían a la siguiente titular del Ejecutivo Federal puesto que sus encargos culminan (o culminaban en el caso de Zaldívar) en noviembre de 2024. Esto no es algo menor, pues lo acontecido con la salida anticipada (vía renuncia) de dos Ministros de la SCJN durante este sexenio, amén de ser algo inédito en la historia moderna del país, trastoca el mecanismo de nombramientos escalonados en la SCJN, cuya lógica es evitar que las y los Ministros terminen de alguna manera respondiendo a una composición de fuerzas dentro del Congreso o a los cambios políticos del presidente en turno.
Así, el hecho de que AMLO al término de su sexenio haya nombrado dos ministros más de los que le correspondía, por estrategias políticas deliberadas, afecta gravemente el equilibrio al interior de la SCJN y pone en riesgo la división de poderes.
Sin embargo, los actores involucrados en este escenario no son solamente el Ministro Zaldívar o la precandidata de Morena, sino que AMLO juega un papel sumamente relevante, máxime que la coalición de Morena tiene como objetivo impulsar a costa de todo el denominado Plan C para reformar profundamente al Poder Judicial Federal.
Y en este escenario puede pasar cualquier cosa, desde que con una mayoría calificada en el Congreso se logre eliminar las restricciones constitucionales que impiden que quien haya ocupado el cargo de Ministro de la SCJN ocupe algún cargo en el gabinete o de elección popular, o sea titular de la fiscalía durante los siguientes dos años ha que haya terminado su encargo (o se haya dado la renuncia al cargo); o que el Plan C sea mucho más sofisticado que se traduzca en una reforma profunda en México para la creación de un verdadero Tribunal Constitucional que recupere para sí las funciones de estricta constitucionalidad, con competencia exclusiva para el conocimiento de los conflictos entre las supremas normas políticas del Estado y las normas de menor grado.
Dicho de otro modo, dejar a las SCJN como un mero tribunal de legalidad, una especie de Corte de Casación y crear un nuevo Tribunal Constitucional, al cual se le puede dotar de facultades tan amplias como se desee, incluso se puede incorporar la posibilidad de control previo de constitucionalidad de leyes. Igualmente la integración puede ser el número de jueces constitucionales que se estime conveniente. Y desde luego nadie estaría impedido, ni el propio Ministro Zaldívar, para ocupar un cargo como Juez Constitucional en ese Tribunal de reciente creación. Vaya esto es solo una especulación que sin duda merece mucha más reflexión y sin duda más líneas, pero sirva este espacio para dejar la idea sobre la mesa.
En suma, lo que estamos viviendo en este nuevo asedio a la SCJN es la prevalencia de la política, tanto por lo que hace a la renuncia, como a la terna propuesta, cuyas integrantes son: Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama (ambas familiares directas de miembros del gabinete o tomadores de decisiones en Morena) y María Estela Ríos González, actual Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, quien en estricto sentido se encuentra constitucionalmente impedida para ocupar el cargo de Ministra.
Y sí, es de esperarse que el ejecutivo seleccione juristas afines a su proyecto político o ideología al nombrar personas para ocupar el cargo de Ministros, así sucede en todas partes del mundo y así ha sucedido históricamente en nuestro país; sin embargo, frente a esta terna surgen de inmediato interrogantes tan fundamentales como si ¿cumplen íntegramente con lo dispuesto por el artículo 95? ¿gozan de buena reputación? Vaya, las tres son militantes de MORENA y familiares de otros tomadores de decisiones, lo que es un tema claro de nepotismo, que además pasa por alto perfiles de juristas que pueden empatizar con el propio movimiento y no ser familiares o cercanas a quienes actualmente detentan el poder.
Lo que el Presidente quiere no es una verdadera juez constitucional, sino una persona leal y afín a su movimiento y a su ideología. Que sirva para llevar esa ideología a la SCJN pues hasta el momento considera (y así lo ha dicho públicamente) que no hay abogadas ni abogados verdaderamente afines al proyecto político de la 4T, al obradorismo, le “salieron conservas”. AMLO no quiere una auténtica ministra con autonomía e independencia; en realidad lo único que pretende es erosionar al PJF. Al presidente no le interesa el diálogo democrático, le interesa imponer su voluntad. En nuestra historia ya ha pasado, y la SCJN antes de la reforma del 95, prácticamente no tuvo autonomía e independencia porque estaba sometida al Ejecutivo Federal.
Por ello, de cara a lo que sigue y frente a la reciente propuesta de la terna habrá que replantearnos el modelo anacrónico y presidencialista para nombrar ministras y ministros. E incluir en la medida de lo posible en el llamado Plan C, una verdadera reforma que abarque: desde el nombramiento hasta la renuncia de quienes ocupen el alto encargo de Ministros de la SCJN.
La terna presentada no va a lograr la mayoría calificada y probablemente sea la primera vez en la historia que el Presidente designe directamente y sin la aprobación del Senado a una Ministra. Son tiempo obscuros en términos de diálogo democrático, tanto que llama la atención que frente al asedio y a los claros embates que desde el Ejecutivo Federal se han dirigido a minar la independencia y autonomía de la SCJN, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo el pasado 21 de noviembre un llamado a México a seguir estándares internacionales en la selección de la persona integrante de la SCJN; para asegurar que quien llegue al cargo sea la persona idónea para el cargo. Hoy, esto parece hoy un sueño difícil de alcanzar.
No se busca idoneidad, imparcialidad, experiencia o capacidad, lo único que el presidente quiere es LEALTAD. Si con ello se pierde la SCJN a él poco o nada le importa, lo que vale es imponer su voluntad a costa de todo, incluso de la propia división de poderes.