Se aprobó el paquete económico para 2024 el cual se compone de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Mucho se ha comentado sobre el incremento en el déficit público y el endeudamiento al que se incurrirá el próximo año el cual ascenderá a 1.9 billones de pesos; lo que implica que el gasto financiado con deuda representa el 21.5 por ciento del total. La propia autoridad hacendaria indica que en general estos recursos se destinarán a concluir las obras bandera iniciadas en este gobierno, importante punto es saber si dentro de tal gasto se incluye su sostenimiento ya que no se espera que empiecen a operar y a generar ingresos propios, caso concreto el AIFA cuya operación ha tenido que ser subsidiada.
Ahora bien, el trasfondo de la necesidad del gobierno federal para contradecirse de su insistente planteamiento de que no se iba a endeudar se puede localizar en tres realidades incontrovertibles: 1) los 500 mil millones de pesos que se obtendrían del combate de la corrupción y con la austeridad no fueron tales; 2) se elevó significativamente el gasto social (pasó de 5.5 billones de pesos en 2018 a 7.4 billones 2024, un aumento real del 35 por ciento), si bien el problema no está en el gasto, si en el nulo control del mismo lo que ha llevado a descubrir enormes irregularidades y montos aún no comprobados, según año con año lo ha manifestado la ASF.
El tercer punto es el agotamiento de los ahorros con que se contaba a principio del sexenio (más de 388 mil millones de pesos) reservados en los fondos de estabilización presupuestario y que actualmente no han sido reconstituidos, y los más de 100 fideicomisos que fueron extinguidos en 2020, significando casi 70 mil millones de pesos. El gobierno ha gastado mucho y mal y aún no termina, por lo que ahora va a endeudarse. Ciertamente el gobierno federal tuvo que echar mano de los recursos de los fondos para compensar la caída de ingresos producto de la crisis económica que provocó la pandemia, pero también es cierto que el gobierno no detuvo sus obras y sus gastos.
Respecto de los Fondos de Estabilización Presupuestal estos fueron constituidos en 2001 y desempeñan un papel crucial en la gestión de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país, ya que permiten mitigar los efectos adversos de la volatilidad en los ingresos presupuestados a principios del año, por lo que son un “salvavidas” financiero que permite al gobierno hacer frente a situaciones imprevistas como una baja recaudación o una reducción en los ingresos petroleros.
En especial el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) se constituye principalmente (si bien hay otras fuentes) de un porcentaje de los ingresos petroleros presupuestados que al menos hasta el año pasado han sido una fuente importante de ingresos para el país —cabe señalar que 2024 será otra historia ya que se buscará aliviar la carga financiera de la empresa petrolera mexicana—; y del 65 por ciento (después de ciertos descuentos) de los excedentes petroleros los cuales derivan de casos en los que el precio de venta real del barril de petróleo es mayor a lo determinado en la LIF, y debieran servir para compensar las fluctuaciones en los precios del petróleo.
Desde hace años, es una suerte de tradición que la Secretaría de Hacienda al presentar el presupuesto de ingresos, establezca un conservador precio del petróleo por debajo de las tendencias y pronósticos, y que a su vez los legisladores incrementen el precio para darle más “holgura financiera” el presupuesto. Sin embargo, para 2024 esto no sucedió. La autoridad hacendaria determinó el precio del barril de hidrocarburo en 56.7 dólares por barril, y por primera vez el congreso lo aprobó sin cambios por lo que se esperan que los ingresos petroleros sean del orden de un billón de pesos.
Cabe señalar que las estimaciones del precio del petróleo para 2024 son superiores al presupuestado, rondando casi los 80 dólares por barril, con tendencia al alza en caso del recrudecimiento de los conflictos en medio oriente.
Bajo esta premisa se generarán excedentes petroleros por alrededor de 350 mil millones de pesos que, por ley y como indicamos se deben destinar a los fondos de estabilización, y representarán un “guardadito” para el actual y en su caso el próximo gobierno. Una parte de los ingresos por excedentes son participables y se destinan al Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (recordemos que actualmente 22 estados son encabezados por el partido en el poder federal); otra parte puede destinarse a atender gastos por desastres naturales, el resto quedará como un ahorro, si es que no surgen necesidades en el último año de gobierno y tengan el mismo destino que los ahorros de 2018.
No parece que al gobierno actual le interesa reconstruir estos fondos lo que deja al país y a los ciudadanos en la indefensión frente a distintos eventos. La constitución de fondos de estabilización es una práctica inteligente de cualquier gobierno, empero es importante que se tenga una gestión transparente y responsable de tales recursos para garantizar su eficacia y evitar malversaciones.
Esperemos que la próxima administración sea consciente de la importancia de recuperar lo perdido, no vaya a ser que la falta de planeación y previsión les cobre, a ellos y a nuestro querido México, una factura muy cara y difícil de sufragar.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®