La decadencia y el extravío de la clase política y el resto de los poderes fácticos nos tienen al borde del abismo. Urge una respuesta social.

La renuncia del ex presidente de la Suprema Corte; Arturo Zaldívar, para integrarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, exhibe a la llamada Cuarta Transformación como hipócrita.

Las miles de trampas y mañas convertidas en leyes e incluso reformas constitucionales, promovidas en el pasado reciente por Andrés Manuel López Obrador, tanto desde el PRD como de Morena, han creado un panorama ridículo donde una cosa dicen las normas, leyes y artículos constitucionales y otra cosa, muy distinta, es el comportamiento de la partidocracia.

Uno de los casos más chuscos ha sido el de las campañas adelantadas que inició hace dos años el presidente con sus corcholatas y secundó el Frente Amplio con la candidatura de Xóchitl Gálvez. No se trata de una conducta libertaria que pone en el centro la realidad y trasciende lo establecido por los aparatos del Estado, entre ellos los de tipo electoral.

No.

Se trata del desdén por su propia legalidad de la misma clase política, partidocracia o casta, como se prefiera llamarle. Ese desdén conduce a una práctica política y social donde los que no tienen poder, sufren atropellos cotidianos en todas las esferas de la vida y de manera extrema en el contacto que tienen que padecer con el aparato judicial.

Ello explica que más del 90 por ciento de los delitos quedan impunes, que un porcentaje similar ni siquiera sea denunciado ante los aparatos judiciales correspondientes, de tal manera que desde un simple accidente de tránsito, un robo de calle, un asalto a domicilio o en automóvil hasta los crímenes intrafamiliares, los feminicidios y por supuesto los actos de corrupción del más bajo nivel las llamadas mordidas hasta los desvíos multimillonarios como SEGALMEX, nunca sean sancionados.

Esta absoluta vulneración de la legalidad, a quien más daña es precisamente a quienes no cuentan con ningún tipo de fuerza económica, cultural o política.

Por todo eso las cárceles y prisiones están pobladas por personas inocentes, mientras que, como ya se ha dicho, más del 90 por ciento de los delitos jamás se procesan.

Recuerdo que mi amigo Marcelino Perelló consideraba como un rasgo libertario, de menosprecio al Estado y sus autoridades, el darles mordida a los policías para solventar una infracción y lo comparaba con el comportamiento de los ciudadanos europeos quienes, ante un policía o un guardia civil, actuaban con miedo, dado que ningún policía aceptaría una mordida para no sancionar esas infracciones a las reglas de tránsito.

La cuestión no es tan simple.

Esa vulnerabilidad de la autoridad, casi siempre conlleva a la ausencia de normas, reglas y derechos parejos para todos, partiendo que, en una sociedad esencialmente desigual, los poderosos siempre tienen en sus manos el uso a su favor de las leyes, pero incluso por ello es un fenómeno muy avanzado el avance de los derechos humanos a nivel planetario y los que se han conquistado en México.

Sin ser ingenuos, es mejor contar con esos derechos humanos que la arbitrariedad absoluta del antiguo régimen autoritario, precisamente todo eso está en entredicho con la conducta autócrata del presidente.

Es por ello que sus embates contra la Suprema Corte deben ser rechazados. Sería desastroso que lograra su llamado Plan C para adueñarse de la Suprema Corte y no por ello se tiene que absolver al aparato judicial ignorando los graves índices de corrupción con los que actúa.

Ante  esos procesos de putrefacción de varias instituciones, el presidente optó por la fórmula  “muerto el perro se acaba la rabia” y con ese pretexto desapareció  decenas de fideicomisos, las guarderías infantiles y los centros de atención a las mujeres, despidió a decenas de miles empleados públicos de ingresos bajos, situados entre los 6 mil  y los 24 mil pesos,  que tenían regímenes contrarios a la más mínima estabilidad laboral, como lo eran los empleados contratados por “honorarios” o de “confianza”, con esa “purga” AMLO puso en práctica de manera brutal uno de los principios del neoliberalismo, el “adelgazamiento del estado”. Mientras hacía esa purga, los funcionarios de alto nivel siguen teniendo ingresos y privilegios como en la era priista, baste ver las camionetas blindadas que usan, las propiedades que ostentan y la vida de lujos de las que participan los hijos y familiares del propio presidente, sin rubor alguno.

En el escenario electoral tenemos un panorama muy lamentable.

Existe un monopolio de los partidos, a lo que llamo partidocracia, porque todas las leyes e instituciones están controladas por los partidos registrados y específicamente por sus burocracias y eso hace casi imposible que existan partidos diferentes o candidatos de la sociedad.

Ese monopolio nos tiene ante el panorama de dos bloques MORENA y sus aliados y el llamado Frente Amplio y un tercer invitado de piedra como lo es Movimiento Ciudadano.

Ninguno representa intereses ajenos a la élite, la oligarquía, las clases dominantes o como se escoja denominarles.

Sin embargo, los más de 100 millones de electores registrados en el padrón electoral, no tenemos más que esas opciones para las elecciones del próximo año.

MORENA tiene un respaldo muy importante en millones de trabajadores y sectores populares que siguen al presidente López Obrador con el fanatismo de los que apoyaron a Juan Domingo Perón y al peronismo en Argentina.

Es una paradoja dado que el gobierno de AMLO ha realizado una política antipopular y además se ha postrado ante los militares, los gringos y los narcos. No es casual la candidatura de Omar García Harfuch a gobernar la ciudad de México, impulsada por Claudia Sheinbaum, es un indicador de los nexos que tiene la llamada 4T con los militares.

Sí en las elecciones del 2024, triunfa Morena y sus aliados, habrá creado las bases para permanecer por varios decenios gobernando el país.

Es cada día más necesario buscar un camino distinto.