“La posibilidad de que dos poderes se coaliguen para intervenir en la administración de otro poder no es un ejercicio republicano”

Senadora Olga Sánchez Cordero

 

En tiempos convulsos y de poca civilidad democrática, donde la normalización de la política de acoso institucional desplegada desde el púlpito de Palacio Nacional día con día en contra de todos quienes no se alinean a los intereses de un movimiento político, defender la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal (PJF), se torna complicado. Fundamentalmente porque en este momento, quien ideológicamente parece no alinearse a la agenda política es precisamente el PJF, y por ello todos los ataques desde Palacio Nacional se han volcado hacia quienes lo integran. Morena quiere debilitar o aniquilar al Poder Judicial porque no le gusta ni la división de poderes, ni los equilibrios, ni los frenos y contrapesos.

Lo que necesitamos es un PJF fuerte con autonomía e independencia; funcional y que tenga la capacidad de asegurar la impartición de justicia; además de salvaguardar la solución pacífica, justa y equitativa de controversias, garantizar el Estado de derecho y acceso a la justicia. Estos son aspectos que, deben ser respetados en aras de una sana vida democrática y con independencia de las coyunturas políticas.

El más reciente ataque al PJF está en curso y se orquestó desde Palacio Nacional con la complicidad y complacencia de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados. La idea es simple: asfixiar al poder judicial, asestarle un duro golpe en su talón de Aquiles, el presupuesto. Lo anterior, a pesar de la autonomía presupuestaria con que cuenta el PJF. Pues la Cámara de Diputados es quien en última instancia determina el monto de los recursos que dispondrá para el 2024. Así, la mayoría legislativa de Morena ha venido amenazando al PJF en dos vertientes: la primera con un recorte de 15 hasta 25 mil millones de pesos a su presupuesto y la segunda, referida a la desaparición de sus fideicomisos.

Respecto a la reducción del presupuesto, la discusión está todavía pendiente y por ende falta saber a ciencia cierta de cuanto será el golpe, sin embargo, se habla de una reducción que pondría en riesgo la operación de la impartición de justicia y la implementación de reformas judiciales. En cuanto a la desaparición ilegal y arbitraria de 13 de los 14 fideicomisos del PJF, después de mucha controversia, amenazas, una marcha de los trabajadores del PJF y más de 10 días de paro, esta última se hizo realidad con la publicación de la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del viernes 27 de octubre.

Lo que sigue es crónica de un tsunami de impugnaciones anunciado. Las acciones de inconstitucionalidad, que promoverán las minorías legislativas en la Cámara de Diputados y en el Senado y los juicios de amparo que en defensa de sus derechos se han promovido ya y se seguirán promoviendo por miles de trabajadores del PJF que ven afectada su esfera jurídica. Al respecto se escucha una falsa narrativa de que el Poder Judicial será juez y parte cuando conozca los recursos en contra de la extinción de los 13 de 14 fideicomisos del PJF y que de ser así habría una ruptura del orden constitucional, legal y convencional. Al contrario, lo que sí sería violatorio del orden constitucional, sería dejar actos arbitrarios fuera de cualquier tipo de control, pues ello impediría la preservación del orden constitucional.

Adicionalmente de ninguna manera pueden ser considerados jueces y partes pues no resolverían un asunto estrictamente personal, mucho menos las y los ministros de la SCJN. Se trata de una facultad constitucional que tiene la SCJN para conocer y resolver asuntos de su competencia, en el marco de la división de poderes y de la democracia constitucional. Desde luego no sería de extrañar que Morena presente una iniciativa para pretender quitarle a los trabajadores del PJF el derecho de que se protejan y se garanticen sus derechos, aun cuando ello contravenga el contenido del artículo 17 constitucional.

Los fideicomisos son una figura legal y por ende su existencia no es en si misma perniciosa, vaya, la figura es tan legal y efectiva que en lo que va del sexenio se han mantenido e incluso creado nuevos fideicomisos, incluyendo algunos a cargo del Ejército y la Marina. Y en estos últimos si hay cifras millonarias y no hay reglas para la rendición de cuentas en términos de transparencia pues toda la información se encuentra clasificada como de “seguridad nacional”.

Al día de hoy, ya hay una suspensión provisional concedida por un Juez de Distrito del Décimo Séptimo Circuito para el efecto de que se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, operación y administración del objeto por el cual fueron creados; y sigan con su operatividad regular en relación a la finalidad por la cual fueron creados.

La suerte está echada y la defensa de los derechos de los trabajadores del PJF ha comenzado. Al mismo tiempo, el Presidente desde su Palacio sigue con los ataques, los retos, las descalificaciones y la confrontación. En contraste, la Ministra presidenta de la SCJN le recuerda con aplomo y altura de miras, tanto al Presidente como al Congreso, que el PJF no es oposición política ni adversario, sino que es el encargado de defender la Constitución; que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho humano de todas y de todos; al tiempo que el respeto a la división de poderes es síntoma de buena salud republicana. Y desde el inicio de los ataques al PJF que ella encabeza y a su persona, se ha mantenido con la idea siempre presente de trabajar unidos por el bien del país.

Pretender por ende responsabilizar a la presidenta del PJF de falta de pericia política, cuando la exigencia debería ser una explicación del destino de los fideicomisos, de los mecanismos de rendición de cuentas para el traslado de recursos, de por qué hablamos de un recorte a un presupuesto que es prácticamente el mismo que se solicitó el año anterior, etcétera. Es síntoma de la falta de entendimiento del surgimiento de nuevas formas de liderazgo que se apartan de los modos patriarcales y hegemónicos que hasta ahora nos han dominado.

La última noticia es que frente a la tragedia que azotó al país, con el paso de Otis, AMLO de nueva cuenta reta al PJF a demostrar si son parte del pueblo invitándolos a donar los 15 mil mdp de los fideicomisos a los damnificados de Acapulco. “Ellos podrían decir estamos de acuerdo, no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores;” el diablo sin embargo está en los detalles y el artículo 5º transitorio del Decreto que extingue los fideicomisos ya dice que los recursos se destinarán por la SHCP a los programas del Plan Nacional de Desarrollo.

La Ministra Piña reaccionó como estadista, y “aceptó” la propuesta del presidente para “discutir fideicomisos y apoyo para Acapulco”; esto es, aceptó la propuesta (el reto del Presidente) de destinar el dinero de los fideicomisos judiciales (aquellos de los que si puede disponer, es decir, los que tienen relación directa con el funcionamiento del PJF) para Guerrero, y le pide que establezca los términos, a fin de concretar la propuesta; es decir, cual sería el mecanismo para que lleguen los recursos a las y los damnificados. Con ello no solo defendió el patrimonio del PJF; sino también el patrimonio de las y los trabajadores del PJF.

Desde luego que el PJF no es perfecto; y sin duda es perfectible; y para ello se requiere una reforma que lo fortalezca, que mejore la impartición de justicia, que atienda los temas de más urgencia, que acerque la justicia a la gente, que reduzca plazos, que resuelva el fondo de las cuestiones planteadas; en síntesis, una justicia centrada en las personas. Sin embargo, y con independencia el falaz discurso del mesías tropical nada de esto se logra con la eliminación de los fideicomisos del PJF ni con la reducción de su presupuesto.

Estas medidas ni lo fortalecen, ni abonan a la mejora de la impartición de justicia. Y sin embargo, contrario a lo que se afirma, sí afecta de manera relevante los derechos adquiridos de más de 50 mil trabajadores del PJF. La defensa entonces del PJF se hace conociendo su importante labor, como órgano técnico y en el entendimiento de que es la facultad deliberativa la que le da legitimidad democrática, que no se desprende de las urnas, sino de la razonabilidad de sus sentencias. El poder judicial es de todas y de todos. Sin poder judicial no hay democracia.