Resalta el primer apellido de los textos constitucionales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Norma suprema para ordenar el ejercicio del poder público, en una de sus acepciones funcionales más simples. Si le agregamos su objeto teleológico: salvaguardar las libertades reconocidas a las personas, y su cauce: pacto multifacético en el mundo de las ideas para ejercer el poder, ya tendríamos una concepción elemental, pero integral, de sus componentes. Y todos interactúan en cada decisión.

Apreciar la protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución como un acto estrictamente formal, es parte de una formación cívica y política, pero sin duda incompleta. No es tampoco sólo la autorización para ejercer el cargo, sino el talante de la persona para dar curso al ejercicio de la función que se asume.

Me inclino a pensar que protestar la Constitución implica cuestiones mucho más amplias que las obligaciones inmediatas u obvias o de exigencia simple, como presentar las iniciativas sobre ingresos y egresos públicos en cierta fecha, instalar la Legislatura en otra o rendir un informe en el período prescrito. Hay muchísimas obligaciones más, cuyo análisis de cumplimiento no es de apreciación automática, como la necesaria valoración de lo que implica -por ejemplo- informar. Véanse los casos de los informes sobre el funcionamiento de la Guardia Nacional al Senado o de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública al Congreso, cuya formalidad se ha cumplido, pero sin atender la substancia necesaria para un adecuado control parlamentario.

Y vale apuntar otro alcance de la protesta constitucional, que está en la letra para ir más allá de ella: actuar conforme a los valores y principios inscritos en la Ley Fundamental; la de la República y la del Estado en el caso de nuestra Federación. Allí está implícito un deber de mesura, de prudencia, en el ejercicio del poder público, para no pretender utilizar el pretendido conocimiento o el alcance asumido de las normas constitucionales para violar sus mandatos, y no me refiero a los simples o sencillos de deducir, sino a los complejos que atañen al funcionamiento de los órganos del Estado para el desahogo de sus encomiendas y objetivos de carácter esencialmente político.

En la emprendedora y pujante sociedad de Nuevo León se vive una crisis política detonada por la ausencia -justamente- de comportamientos de esa naturaleza -políticos, rogándole me disculpe el abuso del término- en la relación de los poderes ejecutivo y legislativo. No se convive democráticamente en la pluralidad a raíz del resultado de la renovación de ambos en 2021. La ciudadanía nuevoleonesa -en su conjunto diversa- dispuso un gobierno dividido: el Congreso con bancadas relevantes para el PRI y el PAN, partidos derrotados en la votación para la gubernatura, y ésta para Movimiento Ciudadano (MC), que obtuvo una votación ligeramente arriba del 36 por ciento.

Como decía coloquialmente don Humberto Lugo Gil ante este y otro tipo de situaciones que requerían de la política: “si así está la orilla, como estará el pueblo”. Y ya llegamos al pueblo. Parece muy desordenado y con urgente necesidad de oficio político, no de confrontación para imperar. Y algo había claro desde el primer día para el Ejecutivo local: sin una relación de entendimiento con el Congreso y la posibilidad de lograr entendimientos para desplegar la acción de gobierno, ciertas cuestiones no podrían transitar.

Si el voto conformó un gobierno compartido, en la otra cara de la moneda, el diálogo y los acuerdos son la consecuencia congruente. Llama la atención que en ese escenario se haya logrado realizar la reforma integral a la Constitución estatal. El gran mecanismo para reflejar acuerdos mayores funcionó. Hay otros menos relevantes, pero todos significativos, como la función legislativa y los nombramientos en los cuales se comparten responsabilidades. El mal clima imperante se manifiesta y desborda por el corazón de la representatividad popular que ejercen. en la encrucijada de la aspiración de Samuel García Sepúlveda por ser el candidato de MC a la presidencia de la República en los comicios del año entrante.

En cualquier ruta de planeación política parecería más que obvia la consideración de que la viabilidad de ello requiere: la separación del cargo estatal durante -al menos- seis meses previos a la jornada electoral; el otorgamiento de una licencia del Congreso por ese tiempo, y la facultad del poder legislativo para designar por mayoría absoluta a quien desempeñe interinamente la gubernatura.

No recapitulo el enredo constitucional creado por quien fue electo para desempeñar el Ejecutivo local, ni la actuación de la Legislatura estatal, pero en el trance ninguna de las partes sale bien librada. Se percibe que no hay diálogo o que éste no es auténtico, pero en ambas partes hay un vaso comunicante: recurrir a la norma constitucional para sustentar una actuación que no busca la solución política, sino escalar el conflicto y llevar la confrontación al siguiente nivel.

Uno otorga la licencia, nombra una persona inelegible, recurre a la controversia constitucional local en una materia vedada y pretende ocupar la posición alta al nombrar sin construir el acuerdo con MC. Otro pide licencia y nombra al encargado del despacho como interino, va a las instancias judiciales a que le transcriban las Constituciones que protestó cumplir y reaparece sin recato a desafiar sus propios actos: designo encargado, pero regreso, y tengo licencia, pero antes usaré de nuevo la ausencia temporal menor a 30 días para nombrar encargado del despacho a quien ya había nombrado.

Es el avance del cultivo de las jugadas nacionales y las apuestas locales en los respectivos escenarios electorales de 2023-2024. Las dos corrientes que enfrentan al partido en el gobierno federal dan un espectáculo singular en la disputa por el poder. Claro que hay demasiado en juego: la viabilidad de la candidatura que divide el voto de quienes están en desacuerdo con el presidente de la República, Morena y su proyecto transexenal, y la vulnerabilidad de aquélla por el barro de los pies del ídolo.

Hay varios felices con este enredo. Tradicionales contra nuevo y viceversa. Otra avanza. ¿Y la política? ¿Y la ciudadanía?