Con el impulso del ahora Ministro en retiro Fernando Franco González Salas, y la generosa determinación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Universidad de Guadalajara estableció la Cátedra José Luis Lamadrid Sauza, que anualmente se celebra en el contexto de la FIL de Guadalajara.
En su tercera edición tuve el honor de participar en el panel dedicado a intercambiar impresiones sobre “Estado constitucional y la división de poderes: la importancia del cumplimiento de los principios, normas y reglas en los procesos electorales”, junto con dos distinguidos investigadores y catedráticos, Pedro Salazar Ugarte y Alejandro Madrazo Lajous, cuyas intervenciones fueron muy enriquecedoras, así como la Cátedra Magistral precedente de Diego Valadez.
Estado constitucional y división de poderes
Reflexionar sobre aspectos fundamentales de la relación entre la política, el derecho y la historia del pensamiento y su acción en esas materias es un reto fascinante en nuestro contexto: en el país se debate sobre el Estado constitucional y la división de poderes con cierta intensidad a lo largo de cinco años de polarización promovida desde Palacio Nacional y estamos en el proceso electoral para renovar, entre otros espacios, los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión.
El Estado constitucional es una idea política clara, pero compleja: en ella convergen los derechos y libertades de las personas, por ejemplo, la libertad de expresión, las más básica en materia política; también un eje rector: el principio del imperio de la ley o la sujeción del poder al derecho; y un -permítanme decirlo así- contenido en el mundo de las ideas. Una ideología rectora, pero dentro de una consideración mayor: la pluralidad del pensamiento en un régimen de libertades.
La división de poderes, al final, se resuelve en una alta técnica para el control del poder, sean los tradicionales o las derivaciones de autonomía constitucional de los de la división trimembre. Los históricos a la salida del absolutismo monárquico y los modernos en la generación de nuevos contrapesos al poder ejecutivo. La división de poderes es funcional: asigna y limita; confiere y acota.
Estado constitucional y división de poderes responden a una idea política recuperada en la modernidad: la democracia como forma para organizar y ejercer el poder.
Democracia y legitimidad
La forma democrática solemos enfatizarla en el establecimiento y funcionamiento de normas, procedimientos e instituciones relacionadas con la expresión de la voluntad popular para acceder al poder. Es, desde luego, lo más próximo, pero cabe recordar que hay otras dos dimensiones de la forma democrática: en el ejercicio de las funciones y en los resultados de ese ejercicio.
Para dibujarlo, son tres dimensiones: la del voto, la de la función y la de la rendición de cuentas. Todas tienen un hilo conductor: la legitimidad. Legitimidad para acceder al mandato popular por la votación obtenida; legitimidad por la forma en que se ejerce el mandato, y legitimidad por haber obtenido los resultados ofrecidos o aproximarse a ellos.
En el proceso de transición a la democracia que ha vivido nuestro país, podríamos ubicar un arco mínimo de dos décadas -de 1977 a 1996- de evolución paulatina creciente hacia la celebración de elecciones libres y competidas, bajo los principios de la libertad y autenticidad del sufragio de la ciudadanía. En este arco vale reconocer las aportaciones torales de José Luis Lamadrid Sauza, presente en 1977, 1989 y 1996.
Hay, desde luego, más fases en ese proceso, como las reformas de 2007 sobre el modelo de comunicación social y de 2014 para establecer las elecciones bajo el capelo del Instituto Nacional Electoral y la legislación general relacionada con los comicios y que se desenvuelve en varios ordenamientos.
Pienso que la dimensión electoral es la de mayor evolución. Es robusta, pero se encuentra amenazada desde la nueva fuerza política dominante y la penetración del crimen organizado en asuntos electorales.
La segunda dimensión aparece débil y fácilmente vulnerable. En el ejercicio del poder decrece la práctica democrática. Es indudable que la fuerza mayoritaria tiene el encargo legítimo de llevar a cabo la propuesta que presentó a la ciudadanía, pero también lo es que la minoría no sólo tiene voz y espacio para el contrapeso de las propuestas que, desde la oposición, aspiran a convertirse en mayoría.
Si los poderes públicos son del Estado, el desempeño de la función que corresponde a cada uno está llamada a incorporar la visión del Estado, del todo diverso y plural. A través de los cauces legales la mayoría puede adoptar las determinaciones y al hacerlo incrementa o disminuye su legitimidad a partir de la inclusión, el diálogo y los acuerdos.
En esta vertiente hay otro arco de evolución susceptible de distinguirse y que comprende el período de 1997 a 2018, a partir de la pérdida de la mayoría del partido dominante en la Cámara de Diputados y la alternancia recurrente en múltiples cargos ejecutivos y, destacadamente, en la presidencia de la República en 2000, 2012 y 2018. Aquí también actuó en su momento el Maestro Lamadrid, particularmente en la concepción y diseño de la Ley Orgánica del Congreso General de 1999, con la distinción de los órganos de dirección parlamentaria y de dirección política de las cámaras.
En la tercera dimensión -la de la rendición de cuentas- la legitimidad aparece diluida y hasta olvidada. Como ejemplo diré, con la sonda de las enseñanzas del maestro Lamadrid, que el proceso de fiscalización de la gestión pública y es obvio poner el énfasis en las esferas del Ejecutivo, está entre nosotros lejano de satisfacer su fase financiera (recaudación sustentada e informada puntualmente y erogación acorde a los principios del artículo 134), pero mucho más lejano de elevarse a su fase política: el debate sobre las decisiones que llevan a la determinación y ejecución de las políticas públicas.
Y aquí no estamos en si los ingresos se acreditaron debidamente o si los egresos son acordes a la probidad exigible a los servidores públicos, sino ante la viabilidad y pertinencia para sustentar, en lo básico, la política hacendaria, y en forma integral, las acciones de gobierno.
En esta vertiente realmente no aprecio un arco en el tiempo para distinguir su avance, aun con la reforma constitucional sobre fiscalización superior de 1999. Es débil en lo financiero por lo que hace a la Auditoría Superior de la Federación, y casi inexistente en lo político por lo que hace a la Cámara de Diputados.
* En esta y dos entregas adicionales retomo el hilo conductor de lo que ahí expuse para rendir homenaje al Maestro Lamadrid, cuya raíz intelectual está en esa institución educativa.