Los procesos de las reformas del voto, el funcionamiento y la rendición de cuentas

Así como pueden distinguirse arcos de tiempo en los procesos de reformas del voto y del funcionamiento de las instituciones públicas, es preciso destacar que han existido diferencias sobre la calidad de esos procesos. Hay una relación entre la calidad de los mismos y la concreción de la legitimidad electoral, la legitimidad del desempeño y la legitimidad de los resultados.

La convicción, el énfasis y los compromisos de la pluralidad política para construir normas e instituciones garantes de la democracia electoral, no tuvo el mismo vigor para sus otras dos dimensiones. En realidad, no percibo falencia en el diseño, sino exceso de confianza en la evolución positiva; es decir, que, a partir de la primera legitimidad, la segunda vendría como consecuencia y, en su momento, la tercera. Un círculo virtuoso para ir de una legitimidad a las otras. El impulso de lo electoral no tuvo el mismo vigor en las otras dos dimensiones.

Es más, en la propia dimensión electoral, el grado de excelencia -de la mano de la profesionalización, una de los postulados insistentes del maestro Lamadrid en la materia- de las instituciones conformadas -hoy el INE y el Tribunal Electoral de la Federación- no permeó como lo quería inducir la norma constitucional a los partidos políticos, con carácter de entidades de interés público. Así, las fortalezas del financiamiento público y el esfuerzo presupuestal implícito para desarrollar formaciones políticas con cuadros competentes para constituirse en opciones viables de gobierno, no condujeron a procesos de generación de clase política aglutinada y formada en torno a las ideas y los principios del ideario partidista para la acción política y la gestión de gobierno. No se generó un sistema de partidos robusto.

Y tampoco ha calado en las conductas de los actores políticos en un escenario de una mayoría afín y estable al poder ejecutivo en el poder legislativo; la segunda de las legitimidades. Valga el ejemplo de la ausencia de conductas democráticas entre el gobierno y sus mayorías en las cámaras, y las oposiciones.

En estos últimos cinco años, salvo la construcción del acuerdo para la reforma constitucional que estableció la Guardia Nacional como una institución policial civil de la Federación y que no sólo no se cumplió, sino que se buscó revertir por diversos medios, primero el incumplimiento palmario y después la transferencia (2022) a la Secretaría de la Defensa Nacional del control administrativo y operativo de dicho cuerpo de seguridad pública, invalidada en abril de este año por la Suprema Corte; al tiempo que en octubre de 2022 y con base en un acuerdo limitado para la regresión pero de mayoría calificada suficiente para modificar un artículo transitorio de la reforma constitucional de 2019, no hay evidencia de diálogo entre el Ejecutivo y la pluralidad política no afín representada en las Cámaras.

En otras palabras, el único acuerdo amplio relevante no fue cumplido por el presidente de la República, sin resultar identificable ningún otro diálogo ni acuerdo del gobierno con las oposiciones en asuntos de interés nacional. No asumo como tales las adiciones de los programas sociales al artículo 4º constitucional porque no se construyó en consenso, ni la revocación del mandato, que hoy más que nunca parece una trampa presidencial en la que las oposiciones se dejaron envolver.

 

Importancia de los principios y normas en los procesos electorales

Entonces, en el contexto de las legitimidades electoral, del funcionamiento de los órganos depositarios de poder y del análisis estricto de la rendición de cuentas a que se está obligado, ¿cuál es la importancia de cumplir los principios y normas de la sujeción a la ley y los contrapesos de la separación de poderes durante los procesos electorales?

Retorno al componente fundamental de la legitimidad en el acceso al poder, que, aunque he mencionado no generó el esperanzador círculo virtuoso en las dimensiones del ejercicio y de la rendición de cuentas sobre la gestión, resulta indispensable como sustento de esas otras dos legitimidades y recordatorio esencial de que si bien la evaluación del desempeño puede generar la calificación positiva de la sociedad y el componente de la legitimidad, ello no permite superar el déficit democrático de la ausencia de la legitimidad de origen, y todas sus consecuencias.

Sin el respeto a los principios y las normas que rigen toda elección democrática, incluidos desde luego los frenos y contrapesos de la división de poderes, es por demás elusiva e incierta la perspectiva de la conducta democrática en el desempeño y la rendición de cuentas.

No lo he dicho, porque está implícito, pero me atrevo a señalarlo. Los conceptos del Estado constitucional y de la división de poderes pertenecen a una línea de pensamiento en el ámbito político: el liberalismo o estructuración del ser del Estado y su funcionamiento, con base en la libertad de personas esencialmente iguales con aspiraciones de convivir en paz para alcanzar mejores condiciones de vida.

En esa vertiente de pensamiento, ¿qué valores, principios y normas permiten ir a los comicios para fortalecer el Estado constitucional y la separación de poderes?

Sólo a pinceladas, pero en los primeros, como síntesis de libertad política e igualdad esencial de las personas para participar en los asuntos públicos, destacaría la pluralidad como característica del ser de una Nación; en los segundos podríamos distinguir principios que atañen a quien ejerce el poder, y a quien participa en la competencia comicial. Para el poder es muy claro: la neutralidad en el ejercicio de la función y los recursos públicos asignados a su cumplimiento; y para quienes participan en las elecciones como partidos, personas candidatas o personas ciudadanas, la actuación sujeta a los límites legales, verbigracia, financiamiento lícito y dentro del gasto máximo permitido en el caso de partidos y personas candidatas, y ejercicio de las libertades de expresión, asociación, observación electoral y ejercicio del sufragio con lealtad a sus límites.

No enfatizo las normas, pues sus funciones reflejan valores y principios en los procedimientos y el funcionamiento de las instituciones para su desarrollo.