¿Derecha o izquierda? Desde que existe la democracia efectiva en América Latina y en particular en México, pareciera que es el tema de debate a la hora de decidir sobre nuestras preferencias electorales. Sin embargo, en México esto nunca ha sido así, en principio porque las alternativas políticas no representan de manera dicotómica ambos extremos y sus postulados, al menos en temas económicos, no están claramente definidos en sus plataformas políticas y mucho menos en sus programas de gobierno.
Fuera de nuestro país, en especial en Latinoamérica si se distinguen avances y retrocesos electorales de estas dos posturas económicas. En la última década se han presentado alternancias de gobierno en países como Colombia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y más recientemente en Argentina, producto principalmente de los resultados de cada administración y que llevan a una suerte de castigo de los electores. México en el papel también podría ubicarse en este contexto de alternancia, si realmente se pudiera sostener que la actual administración representa a la izquierda y los gobiernos anteriores a la derecha.
Precisamente con la elección en Argentina de un candidato que se identifica como libertario y de extrema derecha, vale la pena hacer un análisis crítico sobre los postulados económicos de cada una de estas corrientes, lo que nos permitirá dejar más en claro que en México los partidos políticos sólo son de membrete.
En materia económica la derecha postula el principio del “liberalismo económico”. Se privilegia a la libre empresa, la competencia y la mínima intervención del Estado en la economía, sólo se permite su intervención en sectores estratégicos, curiosamente con una visón nacionalista la cual puede ser contradictoria. La regulación a las empresas debe ser la mínima posible y el esquema impositivo permitir la inversión y así estimular el crecimiento económico y la creación de empleo. El proteccionismo económico y el rechazo a la migración también distinguen a la derecha, en particular a la extrema derecha.
Ahora bien, sólo gobiernos como el de Trump en EE. UU. y algunos en Europa han puesto en práctica estos postulados. En América Latina, si bien en distintos grados, el Estado no ha dejado de ser el rector de la economía, tanto porque los políticos en el fondo no quieren perder poder, como porque los propios empresarios y la ciudadanía ha desarrollado una fuerte dependencia del gobierno. De igual forma han dejado claro que consecuencias como la desigualdad, la precariedad del empleo y la limitación en el acceso a satisfactores no son aceptables.
En el otro extremo la izquierda postula la igualdad social y económica basada en un amplio intervencionismo del Estado al grado de querer controlar mediante regulaciones y esquemas impositivos la actividad económica, en especial mediante la provisión de energéticos. Se privilegia que el gobierno sea proveedor de bienes y servicios privados, generando una competencia en cierto grado desleal y subvencionada en los mercados. El planteamiento es permitir que la población tenga acceso a estos bienes y servicios que de otra manera no podrían adquirir y con ello reducir las desigualdades. Sin embargo, la historia ha demostrado que la gestión estatal de los medios de producción puede llevar a la ineficiencia y una falta de incentivos para la innovación y la productividad, generando un círculo vicioso de estancamiento económico.
En México la actual administración está poniendo en práctica este tipo de acciones, por un lado, controlar el mercado de energéticos limitando la participación de la iniciativa privada y por otro proveyendo, o al menos intentando hacerlo, desde el gobierno bienes y servicios especialmente en transporte, con el interés de acercarlos a las clases más desfavorecidas. Sin embargo, la complejidad y entramando del sistema productivo de la economía suele superar la capacidad del Estado para tomar decisiones eficientes, lo que puede llevar a sobre costos y enormes desequilibrios presupuestales, que resultan contraproducentes.
El postulado de la izquierda de favorecer una redistribución más equitativa de la riqueza a través de políticas fiscales progresivas y programas de bienestar social no debe estar reñido con un sistema productivo sustentable, competitivo y equilibrado capaz de generar empleos bien remunerados y altamente productivos, así como el incentivo o fomento a la actividad empresarial. No hay que irse a los extremos porque son insostenibles y generan ineficiencias.
Independientemente de las posturas políticas, el progreso y el bienestar de todos los grupos de la sociedad debe ser el único objetivo. Para ello se requiere tener en cuenta que el concepto de política de Estado, trasciende tiempos y posturas, pero también intereses de grupo.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®