Aún cuando Guerrero es una entidad altamente vulnerable a fenómenos naturales, la estructura y protocolos conque opera la protección civil tiene una capacidad de respuesta muy limitada para actuar en condiciones de emergencia.

El huracán Otis se trató de un fenómeno hidrometeorológico fuera de serie que rebasó todas las previsiones, pero desde eventos anteriores se hicieron manifiestas las carencias que se tienen en el rubro tanto a nivel del estado como del municipio.

La protección civil es considerada en un orden inferior a excepción de cuando ocurren los siniestros y, no obstante, la carencia de presupuestos y logística obligan a hacer lo que se puede y no lo que debe hacerse aunque los impactos naturales y humanos son frecuentes pues los agentes perturbadores causan daños significativos.

La instancia encargada de las previsiones de desastres requiere una modernización tanto en su parte administrativa como presupuestal, en los criterios para considerar posibles amenazas además de los protocolos y el marco legal. Pero carece de los recursos económicos y de los medios logísticos además de que los puestos de dirección no se asignan a quienes son especialistas en el área. Los proyectos de protección civil suelen abandonarse.

Solo 4 de los 85 municipios guerrerenses cuentan con un atlas de riesgos y están parcialmente actualizados. Los criterios se centran en movimientos telúricos y, a pesar de haber sido impactado en 1997 por un huracán categoría 4, se mantiene el esquema de lluvias torrenciales y se menosprecian los daños por las ráfagas.

En el territorio guerrerense existen la posibilidad de diversos siniestros además de sismos y huracanes. Incendios forestales, cambios climático cada vez más extremos, el manejo de sus sustancias toxicas, entre otros, constituyen amenazas a la integridad de los habitantes y a la estructura económica.

La instancia de protección civil a nivel estatal dispone de 300 elementos operativos y 20 administrativos. Para el 2023 se le fijó un presupuesto de 379 millones 128 mil pesos, 30 millones más que en el año anterior, y para el 2024 se proyectan 20 millones de pesos para adquisición de equipo especial para integrar el mapa de riesgos y 56 millones para una red acelerográfica para el monitoreo de sismos y lluvias.

Sin embargo no contempla recursos adicionales para atender a la emergencia en que quedaron Acapulco y otros municipios tras el impacto del huracán Otis.

En el caso del municipio porteño, en los dos últimos años se han destino 53.4 millones de pesos para protección civil y bomberos de los cuales 38.6 millones se asignaron en 2022 y en este año fueron 14.7 millones. En ambos las asignaciones incluyen salarios y prestaciones laborales del sector. El presupuesto 2022 también se destinó a la adquisición de vehículos y equipo de transporte, prendas de seguridad y vestuario por 500 mil pesos.

Hasta el 2021 en la ciudad existían 199 colonias con 259 mil 959 habitantes en áreas de alto o muy alto riesgo. Hasta el primer trimestre del año en curso existen 130 mil 963 personas con carencias relacionadas con la calidad y espacios de vida en 37 mil 418 viviendas de las cuales 23 mil 068 habitan en viviendas con material endeble. Además de tener invadidas 286 zonas de alto riesgo, existen 119 zonas inestables consideradas como inhabitables pero que se encuentran invadidas.

Aunque año con año se efectúan notificaciones a estas familias, invariablemente se registran nuevos asentamientos, alentados en algunos casos, por dirigentes políticos. Los simulacros de evacuación se realizan de manera esporádica y los 29 albergues temporales son escuelas que fueron saqueadas durante la pandemia y constituyen un riesgo más que un refugio seguro.

En las partes altas de la ciudad se han mantenido los asentamientos humanos a orillas de barrancas, cabales, cauces, desarenadores y presas gavión en colonias como las tres secciones de La Jardín, Llano largo, Emiliano Zapata, palma sola, Morelos, pie de la cuesta, Silvestre Castro, Francisco Villa, entre otras más.

Pero los mayores daños se cuantifican en la parte urbanizada, en las estructuras más grandes y las colonias populares, donde están quienes viven en la pobreza, quedan fuera.

Acapulco tiene edificaciones con más de 50 años de antigüedad tanto entre hoteles como las viviendas las más recientes consideraron riesgos de temblores pero no de huracanes y se edificaron con plafones y diversos materiales ligeros que no resistieron los vientos superiores a 300 kilómetros por hora.

El municipio necesita acciones claras y precisas para modernizar y ordenar la ciudad con una visión a mediano plazo para lograr una ciudad sostenible y con mejor calidad de vida. También se necesita un programa especial de construcciones informales o de autoconstrucción con tecnologías más seguras y el uso de materiales más durables y resistentes.

Debe establecer una norma de emergencia para que la reconstrucción se traduzca en estructuras más seguras, con soluciones estructurales más robustas y con requisitos más estrictos en la construcción y en el mobiliario urbano que actualmente es anárquico.

Otro de los aspectos pendientes es el desarrollo de protocolos de respuestas ante huracanes y otro tipo de amenazas

El impacto de Otis fue la mejor prueba de que las reglas naturales están cambiando y fenómenos de este tipo pueden ser más frecuentes.