Atrincherado en la generación y difusión de la propaganda gubernamental, así como en la acción para prevenir, evitar y retirar la información contraria a la imagen de su persona y de su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador se vuelca en el respaldo a la candidatura presidencial que tejió al interior y exterior del movimiento que encabeza para mantener los márgenes de ventaja que se reflejan en las encuestas de opinión de diversos medios impresos y de profesionales en la materia.
Hay una realidad contrastante en esos mismos sondeos: la gestión de gobierno está reprobada, aunque el responsable conserve niveles de aprobación positivos. La mala percepción pública sobre la estrategia para recuperar la seguridad pública y su ausencia de resultados se acentúa con el tiempo; un saldo similar se desprende de las opiniones sobre el sistema público de salud y la atención a quienes requieren de sus servicios. Con calificaciones en lo negativo, pero relativamente estables figuran los rubros de la gestión económica y la erradicación de la corrupción, tema que podrá moverse por las denuncias sobre la intervención de dos hijos del presidente en la asignación de contratos gubernamentales.
Salvo el deterioro del acceso a los servicios públicos de salud y los medicamentos, los otros tres aspectos de la gestión pública jugaron un papel determinante en el deterioro de la percepción pública del presidente Enrique Peña Nieto y sus consecuencias en los comicios de 2018. Entonces la opinión sobre el gobierno trascendió a la persona. Hoy es diferente. ¿Será inmutable en el corto plazo de ahora a las votaciones?
Por lo pronto, el inquilino de Palacio Nacional recurre al arsenal propio y al regalo de quien no deberían darlo, para influir en la reflexión de sus partidarios y de las personas sin preferencia política, con diferentes grados de interés en los asuntos públicos y el ejercicio de la ciudadanía.
Del primero -su arsenal- extrae la proposición de diversas reformas constitucionales. Para los primeros -mis suposiciones- la reexposición de las intenciones de modificar las instituciones electorales y sus funciones, con base en la elección de las personas consejeras y magistradas electorales del llamado Plan A; la forma de integrar las cámaras del Congreso para favorecer a la fuerza hoy mayoritaria; la conformación de los órganos jurisdiccionales a partir de la elección popular; la desaparición de diversos organismos con autonomía constitucional, y el postrer intento de militarizar la Guardia Nacional.
Y para toda la población el planteamiento esbozado de forma general sobre incorporar a la Ley Fundamental -entre otros- dos criterios: los incrementos de la revisión anual del salario mínimo serán por encima de la inflación del año precedente, y el monto de la pensión por años de servicio será equivalente a la remuneración percibida al alcanzar la jubilación.
Es posible sostener que ninguna reforma constitucional -aun las que pudieran parecer necesarias, como la reciente al artículo 65 para precisar que la nueva legislatura federal dará comienzo el 1 de septiembre posterior a su elección y así en lo sucesivo- puede lograrse en la pluralidad acentuada del Congreso mexicano a partir de 1997, si no hay diálogo, entendimientos y acuerdos de carácter amplio, es decir, otras formaciones parlamentarias adicionales a las del gobierno y sus aliados.
Es contraria a la posibilidad de concretar reformas que el Ejecutivo -sin compromisos previos con el mosaico político no aliado- anuncie su intención y advierta incluso que desea dejar testimonio de ello a sabiendas de que no lo apoyarán las oposiciones. Entonces es ejercicio propagandístico puro. Propone para provocar; plantea para tentar; habla para confundir; inicia para engañar.
La verdadera pretensión no es alcanzar las reformas constitucionales con el respaldo representativo que requieren, sino mantener unidas a las personas simpatizantes y colocar trampas para las oposiciones; la principal: ¿dirán que no a iniciativas calificadas positivamente por la ciudadanía? ¿Quién no querría una jubilación en los términos esbozados? El problema es ¿cómo construir la transición para contar con los fondos necesarios y el periodo de tiempo para lograrlo?
Por la ausencia de método de encuentro y conciliación de puntos de vista para concretar los acuerdos indispensables, bien harían las oposiciones en pintar oportunamente su raya para no entrar al juego perverso al cual se les convoca. ¿Sin diálogo previo? ¿Sin voluntad para explorar acuerdos en beneficio de la Nación? ¿Ante una táctica electoral del Ejecutivo en pleno proceso comicial?
Materialmente el país está en campaña desde junio pasado. Viene la etapa más intensa. Entrar a los temas presidenciales, sobre todo los que implican derechos sociales, es abonar a su permanente afán distractor de la realidad: inseguridad incontenible y corrupción en la familia. En este escenario y sin diálogo en los qués, no tiene sentido exponer la viabilidad o inviabilidad de los cómos que se propongan. Además de la distracción, debatir estas propuestas es contribuir a la narrativa oficial de que un período presidencial es insuficiente para la transformación prometida.
Y del segundo -el regalo a quien no parecería necesitarlo, pero lo agradece con sorna entendible-, el mandatario federal extrae una narrativa certera y dañina para las oposiciones coligadas. El “convenio” hecho público por el dirigente del PAN, Marko Cortés, sobre la asignación de candidaturas, puestos en el gobierno de Coahuila, representaciones en organismos locales autónomos y hasta notarías públicas, en “contraprestación” por participar en la alianza electoral para la renovación de la gubernatura y la legislatura local del año pasado, es una prueba irrefutable del deterioro de la clase política y de la falta de ética de quienes lo suscribieron.
No negociaron sobre opciones electorales para sus bases y cuadros al ir por el voto de la ciudadanía, sino sobre el ejercicio de facultades futuras -propias y ajenas- sin reparar en que los cargos públicos se ejercen bajo el compromiso solemne de cumplir la Constitución, no hipotecando el sentido de la voluntad popular por expresarse. La mejor contribución que Cortés podría hacer a la causa que dice defender es renunciar a la política.
Uno coloca minas a sus opositores y otro se tropieza solo.