De cara al cierre de este 2023, me parece relevante hacer énfasis en que el año que se va se tradujo entre otras cosas en una especie de fuera máscaras para el Presidente de la República, quien de manera clara ha iniciado la oleada final de su embate a las instituciones. A esas instituciones que hace años mandó literalmente y sin eufemismos ¡al diablo!

Sus ataques han tenido como destinatarios principales al Poder Judicial Federal (PJF), y a los órganos constitucionales autónomos, fundamentalmente el INAI. Los ataques al PJF sin duda se recrudecieron a partir de la llegada de la Ministra Norma Piña a la Presidencia de la SCJN en enero de este 2023, contra su deseo en primer lugar de que Arturo Zaldívar se mantuviera en la presidencia hasta el 2024; y cuando esto no fue posible, que llegará a presidir el máximo tribunal la Ministra Yasmín Esquivel Mossa. Desde entonces los ataques no han cejado, se han recrudecido y se han personalizado.  A esto se suma que nuestro Presidente acaba de pasar a la historia de nuestro país como el primer mandatario que designó de manera directa a una integrante de la SCJN. Y si bien es el ejercicio de una facultad constitucional, un dedazo constitucional, sin duda se trata de un hecho significativo con enormes repercusiones en el futuro de la institución y de la división de poderes de nuestro País.

Desde el punto de vista jurídico, el rechazo de las ternas y la activación de la designación presidencial es el fracaso de la política y sin duda un reflejo de la exacerbación del presidencialismo.

Del ejercicio de esta facultad para lograr la nueva designación frente a la vacante surgida en la SCJN con motivo de la renuncia del Ministro Arturo Zaldívar para sumarse al proyecto político de Claudia Sheinbaum, me preocupan cuando menos tres cosas.

A saber, la primera es que se trata de una designación que tiene un vicio de origen pues no le tocaba a este presidente ni a este senado. Más bien era una designación que le correspondía a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Senado electos democráticamente el próximo año.

A AMLO, como ya se ha comentado varias veces, le tocaba únicamente hacer tres propuestas de ministros, y sin embargo ya suma cinco en lo que va de su mandato. En segundo lugar, desde 1994 a la fecha nunca habíamos visto una designación directa de un Presidente a la SCJN. Se habían logrado consensos entre las diversas fuerzas políticas, lo que sin duda le da legitimidad democrática a quienes llegan a la SCJN, una legitimidad que se logra a partir de la mayoría calificada.

Y en tercer lugar, la designación recayó en la menos calificada de las cuatro mujeres propuestas para cubrir la vacante. Lenia Batres dio cuenta de serias deficiencias técnicas, amen de tener un claro perfil partidista. En su trayectoria profesional no se ha destacado ni por ser una gran jurista, ni como persona juzgadora, ni en el ejercicio libre de la profesión. La selección de Lenia Batres no es un perfil ideal, es una persona afín no solo a la Presidencia, sino también a los partidos políticos pues es una militante de Morena, que a diferencia por ejemplo de la Ministra Ortiz ni siquiera ha renunciado a su militancia.

Hoy Lenia Batres ya es Ministra de la SCJN, es además la primera ministra designada directamente por el Ejecutivo Federal, desde la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, es en suma la primera Ministra en la historia constitucional que llega por un “dedazo constitucional”.

Insisto en que la llegada de Lenia Batres es la muestra más clara del fracaso de la política y de la radicalización de la presidencia.  AMLO la escogía a ella no por ser el perfil ideal, ni por su perfil técnico, sino porque ella garantiza defender sus ideas y las del proyecto político de MORENA desde la SCJN.

Claro, debemos darle el beneficio de la duda, por qué no, pero sus declaraciones en las comparecencias ante la Comisión e Justicia del Senado y ante el pleno no proyectan un panorama optimista. Ella considera que las y los Ministros y Ministras de la Suprema Corte no tienen, el día de hoy, justificación para elaborar criterios o interpretaciones tan rebuscadas que terminen diciendo exactamente lo contrario de lo que dispone la propia Constitución, menos aun cuando el propio artículo 127, además de señalar un límite absoluto de remuneraciones indica que éstas deben cumplir con principios de proporcionalidad, equidad, adecuación y renunciabilidad, lo cual da cuenta de su ideología, de su poco conocimiento de los límites constitucionales y de su falta de entendimiento del alto encargo que como Juez Constitucional está llamada a cumplir.

Al rendir protesta (con la mano izquierda) como Ministra de la SCJN mencionó que el PJF (del cual ahora forma parte, como integrante del Máximo Tribunal del País) debe ser reformado, y que debe revisarse la forma de designación de ministros y ministras, con la posibilidad de que sean electos popularmente. Vaya, dijo textualmente que las personas juzgadoras son servidoras públicas, deben responder a las necesidades populares; es decir, a la democracia y desecharse de una vez por todas el injustificado dogma que le asigna cualquier otra función.

Mencionó que las personas juzgadoras tienen que someterse a controles administrativos y rendir cuentas. Como si estos no existieran ya, o como si no hubiera mecanismos claros para la rendición de cuentas, visitas, informes y demás.

A mí me parece increíble que hoy vaya ocupar un lugar en la SCJN alguien que simple y sencillamente está llamando a una reforma que revise lo que ella considera la “supremacía actual del Poder Judicial”; es decir, no entiende las funciones del PJF, de la SCJN como un verdadero guardián de la constitución. En su primer discurso habló de las resoluciones adoptadas recientemente por la SCJN y por diversos órganos del PJF en temas como el de los fideicomisos, o los libros de texto, la reforma educativa o la laboral, pero desde una perspectiva partidista.

Desde luego, AMLO pudo optar por un perfil más técnico como el de Bertha Alcalde, quien demostró un mayor conocimiento de la función constitucional encomendada a la SCJN, o incluso un perfil más cercano a las causas sociales como el de Eréndira Cruz Villegas, pero prefirió el perfil de Lenia Batres, quien no solamente era su subordinada, sino que abiertamente abanderó posiciones para dar cuenta de su lealtad al gobierno de AMLO.

Su llegada a la SCJN generará un bloque de contención de cuando menos tres votos, los de las ministras Esquivel, Ortiz y el suyo, cuyos votos en los asuntos clave serán esenciales para resolver las determinaciones más polémicas de la 4T, como la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad o el tema de la extinción de los fideicomisos.

Frente a este bloque de tres, es posible hablar de otro grupo integrado por los ocho ministros y ministras restantes, entre los que se encuentran los ministros González Alcántara y Ríos Farjat, quienes, a pesar de haber sido propuestos por AMLO, desde el primer dieron cuenta de su independencia. La ministra Batres llegará a la SCJN con un déficit de legitimidad sin precedentes.

La gran paradoja es que mientras el Presidente dese la mañanera habla de la necesidad de que las y los ministros de la SCJN sean electos por voto popular y directo, hoy haya designado por dedazo constitucional a la Ministra Batres.

No debemos olvidar que la SCJN es el gran árbitro de la democracia pues es la encargada de cuidar los límites de los poderes públicos. Las y los Ministros no están para hacer política, sino para impartir justicia y deben ser jueces independientes, autónomos e imparciales.