En períodos de elecciones, los políticos suelen hacer promesas y compromisos para atraer a los votantes y ganar las elecciones. Muchas de estas promesas son deslumbrantes como reducir impuestos e incrementar subsidios, pero difíciles de cumplir ya que implican el deterioro de las finanzas públicas y comprometen los ingresos de los gobiernos del futuro. Es en estos casos en los que nos llega a la mente el viejo refrán: “prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila”.
Ciertamente las promesas electorales emitidas por un candidato en campaña no siempre son viables, máxime si la promesa implica el uso de recursos presupuestales con los que no se cuenta o que impliquen un endeudamiento excesivo para poder materializarlas. Sin embargo, cuando el gobernante se empeña en “cumplir” a cualquier costo, el resultado puede ser desastroso.
La actual administración federal es ejemplo vivo de la situación descrita. Baste recordar el gasto en programas sociales insignia, entre los cuales destaca el desembolso que se realiza para las pensiones de adultos mayores, personas con discapacidad y becas, que se ha incrementado entre 2018 y 2023 un 40 por ciento en términos reales, según datos de la Secretaría de Hacienda.
Específicamente en el caso de las pensiones para adultos mayores, el cual en principio es de cobertura universal y que alcanza a 11.4 millones de receptores, los recursos destinados pasaron de un presupuesto de 145 mil millones de pesos en 2019 a un monto de 465 mil millones según el PEF 2024, un incremento de 220 por ciento a precios de 2024. Es el mayor gasto dentro del rubro de programas sociales acaparando el 40 por ciento y se ha incrementado a una tasa del 25 por ciento anual desde el 2022.
Ciertamente las transferencias monetarias directas tienen un alto valor social, pero al ser universales tienden a ser regresivas. Por otro lado, tienen graves implicaciones de finanzas públicas cuando las fuentes de financiamiento “sanas” no se consolidan. Si bien los ingresos tributarios se han incrementado, en términos reales lo han hecho en apenas 1 por ciento entre 2019 y 2023, para 2024 se espera que se incremente 12.3 por ciento respecto de año anterior, un ritmo de crecimiento insuficiente.
Ahora bien, este año hay elecciones presidenciales y como cualquier gobierno en turno, el actual busca ser refrendado en las urnas logrando el mayor número de votos para su candidata. Lo destacable en este contexto es que el presidente y no la candidata ha anunciado el envío al Congreso de dos iniciativas con alto contenido electoral: la primera para fijar que el salario mínimo se incremente anualmente según la inflación; y la segunda y más trascendental es una reforma al sistema de pensiones contributivas para que el monto de esta sea equivalente al último salario recibido por el trabajador que se pensiona, situación que no se da en ninguna parte del mundo, ni bajo esquemas de beneficios definidos, ni del actual sistema de ahorro para el retiro que es de contribuciones definidas.
El tema de una reforma que establezca que el monto de pensión (tasa de reemplazo) sea del 100 por ciento del último salario de cotización, implica cómo financiarlo de forma sostenible. En el esquema de beneficios definidos (Ley de 1973) el IMSS administraba un fondo único constituido con las aportaciones de los trabajadores en activo con el que se pagaban las pensiones de los jubilados (pago sobre la marcha). Al inicio, cuando la proporción de jubilados—trabajadores en activo era baja se podían cubrir los compromisos, pero conforme la relación fue cambiando, se volvió insostenible.
El esquema de cuentas personalizadas para el retiro administradas por las AFORES (Ley de 1997 y reformas 2021), además de dar transparencia y seguridad al proporcionar continuamente al trabajador el saldo de su cuenta e incentivar el ahorro voluntario, permite destinar ese ahorro al financiamiento de proyectos de infraestructura y particularmente al gobierno ya que de los 5.9 billones de pesos administrados por las AFORES el 52 por ciento se concentra en instrumentos de deuda del gobierno.
Ahora bien y a reserva de que se conozca con amplitud la propuesta de reforma, lograr lo anunciado por el presidente implicaría un incremento significativo en las aportaciones, específicamente del gobierno. Cabe señalar que según el PEF 2024 el gasto público en pensiones contributivas (IMSS, ISSSTE y organismos públicos) será de 1.5 billones de pesos el cual cada año de manera orgánica se va incrementando.
De aprobarse una reforma de esta naturaleza si no se acompaña de una reforma hacendaria, pondría en serias dificultades a las administraciones futuras, sean del partido que sean. Probablemente no se apruebe, pero el objetivo principal podría lograrse: ganar la elección.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®