Durante ocho días, Acapulco sufrió una nueva parálisis económica, esta vez ocasionada por el ejercicio del terrorismo informativo que ejercen los grupos de la delincuencia organizada. La ciudad sufrió un colapso que tuvo costo económico calculado por arriba de los 600 millones de pesos, pero mostró la debilidad de los tres niveles de gobierno ante estas agrupaciones que en diferentes momentos han demostrado su capacidad para colapsar a la capital económica del Guerrero.
La reactivación económica del destino de playa tras el paso del huracán Otis se vio trastornada. En los acuerdos con las autoridades federales y estatales, el sector privado hizo énfasis en la necesidad de superar la crisis que se vive en materia de seguridad pública y el incremento de efectivos policiacos y militares es la respuesta, solo que ahora, muchos de efectivos terminaron desempeñándose como transportistas.
La ironía popular se refirió el guardiabus, (camiones de la guardia nacional operando como transporte urbano) como una nueva modalidad del traslado colectivo.
Todo empezó el 11 de enero cuando circuló un audio en whatsapp con una voz no identificada que dijo haber recibido una amenaza, sin precisar de quien, según la cual los choferes y sitios de transporte serían atacados a balazos y sus unidades quemadas. La orden fue suspender actividades por una semana.
No se precisaron los motivos ni las intenciones, pero Urvan, taxis colectivos, rutas alimentadoras y camiones urbanos, suspendieron el servicio.
En el municipio y en el estado se dio un vacío informativo al respecto. Horas después la Secretaria de Seguridad Pública estatal indicó que “se establecieron recorridos integrados por las fuerzas del orden para brindar condiciones de seguridad y certidumbre a los operadores, propietarios y pasajeros de las unidades del transporte.” Y pidió a la población no hacer caso de rumores e información falsa.
Se dispuso habilitar a las unidades de seguridad para ofrecer el traslado de los habitantes pero resultó insuficiente. Cerca de 200 mil personas entre trabajadores, estudiantes y público en general aguardaron por horas el servicio de traslado en las tres principales avenidas Costera, Cuauhtémoc, Ruiz Cortines-Constituyentes. El intento por precisar lo que estaba pasando fue débil. Los rumores continuaron rebasando a la autoridad.
Fue hasta el 16 de enero cuando se percibió una mayor actividad y parcialmente reanudado el servicio de transportación.
El primer día fueron incendiadas dos Urvan del transporte en la periferia de la ciudad sin que se precisara si los hechos estuvieron relacionados con la amenaza. La psicosis se extendió hasta el 15 de enero. La versión de que una explanada ubicada en la zona diamante sería rafagueada, ahuyentó a quienes estaban haciendo fila para recibir las despensas de apoyo por los daños de Otis.
En los días previos la violencia se expandió. El 2 y 7 de enero, dos camionetas Urvan del transporte público en el fraccionamiento Las Playas, en la avenida Adolfo López Mateos, frente al módulo de la Policía Municipal en Caleta-Caletilla. El octavo día del año, unos 20 choferes de la ruta alimentadora Bicentenario bloquearon de manera intermitente la avenida Cuauhtémoc para exigir seguridad al gobierno.
También por rumores, trascendió que la amenaza fue hecha por Orlando Rodríguez, presunto líder de “Los Rusos” para imponer una nueva cuota semanal.
Según algunas versiones mediante una manta colocada en distintos puntos del puerto, el cartel delincuencial manifestó su postura: “Ni nos avienten la culpa de cosas que no hacemos, y demostrado está, ustedes, gobierno, saben perfectamente quien cobra esa llamada cuota, nosotros no tenemos necesidad de molestar a nadie. Nos deslindamos de los actos de terrorismo”,
No es la primera ocasión en que Acapulco es colapsado por bloqueos de grupos delincuenciales. Entre 2019 y 2023 se han efectuados al menos cuatro bloqueos que constituyeron un frenón a la economía porteña.
Apenas el 2 de agosto del 2023, hombres armados incendiaron 12 automóviles en distintos sitios de Acapulco tras un bloqueo que realizaban transportistas del servicio público, luego de la detención de un hombre y el cateo a una casa por parte de las autoridades. Entre los afectados estuvieron turistas a quienes personas encapuchadas bajaron de un autobús para prenderle fuego.
En otras versiones se afirma que los transportistas demandan el ceso del hostigamiento de la Guardia Nacional pero ello también puede ser una orden de las agrupaciones de delincuentes que buscan operar con libertad en diversas zonas urbanas.
El 7 de diciembre de 2023, la Fiscalía de Guerrero dio a conocer la desarticulación de una célula de Los Rusos la cual operaba en el mercado central de Acapulco y confirmó la muerte del líder de la célula, Ramiro “N”, alias el “El Marino” o “Comandante 18”, y su segundo al mando Francisco “N”, alías el “340”.
Al grupo en cuestión se le responsabiliza de 34 asesinatos en lo que va del año recién concluido, entre ellos los de cinco jóvenes privados de su libertad en el Centro de Rehabilitación “Renovación Espiritual” el 1 de septiembre. Se sabe que incurren en los delitos de extorsión, cobros de cuota por descarga, derecho de piso y supuesta seguridad a comerciantes fijos y semifijos del principal centro de abastos en el puerto.
En noviembre de 2022, en el informe “Panorama de Narcotráfico en el V Sector” de la 27 Zona militar de Acapulco se reveló que la estructura de Los Rusos, es una escisión de los Beltrán Leyva, liderada por Carlos Alberto Navarrete Soriano, alias “El Ruso” o “El Colorado”, y Jesús Orlando Rodríguez Soriano, “El Gordo” y disputan la plaza al Cartel Independiente de Acapulco (CIDA).
Algunos de esos grupos aseguran que Félix Salgado y su familia pactó con la Familia Michoacana.