La disyuntiva planteada en esta serie de artículos arriba al reto de las movilizaciones convocadas para mostrar el músculo de cada movimiento. Con el recato de quienes se han apartado del orden jurídico -por diseño o por las circunstancias-, quienes defienden una u otra vía, aunque sin reconocerlo unos, las opciones estarán al descubierto en la “Marcha por la Democracia” convocada por una multiplicidad de organizaciones de la sociedad no partidistas pero vinculadas a la causa opositora, y el inicio de la campaña de la coalición del partido en el gobierno y sus aliados.
Ambas expresiones convergen en el emblemático Zócalo de la capital federal. El 18 de febrero (18F) sobre la base formal de no ser acto partidista y antes del inicio de las campañas y el 1 de marzo para voltear los precedentes: iniciar con lo que es el acto típico del cierre de campaña. Es respuesta en la lógica de la competencia. Medir fuerzas para hacer propaganda en el camino hacia las urnas el 2 de junio.
Sin duda, de nueva cuenta la convocatoria para el 18F se erige en un triunfo táctico de las organizaciones convocantes, como lo fueron la marcha del 13N en defensa de las instituciones electorales ante la iniciativa presidencial para anular la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral, que culminó con el rechazo en la Cámara de Diputados a la propuesta de Palacio Nacional; y la concentración en el Zócalo y multitud de ciudades de la República y del extranjero del 26F para expresar confianza y respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de las impugnaciones al llamado Plan B de reforma electoral del Ejecutivo Federal, que fue invalidado en las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad de las minorías parlamentarias y partidos de oposición.
La reacción fue la esperada: el gobierno entró en la lógica planteada por esas movilizaciones y realizó una marcha el 27 de noviembre de 2022 e imbuyó otro matiz a la celebración del 85 aniversario de la expropiación petrolera el 18 de marzo de 2023.
Véase que todos esos componentes son electorales: iniciativas, convocatorias, acciones y reacciones. Ahora las movilizaciones tácticas se dan ya en el trayecto del proceso comicial adelantado y la ruta de la polarización excluyente trazada por el líder real de Morena.
Iluso o, por lo menos, inocente sería pensar que las causas eficientes de lo ocurrido en esas cuatro fechas o lo que ocurrirá en las próximas jornadas y semanas no sean las personas que intelectualmente conciben, dirigen y conducen a la postulación y defensa de los dos extremos en contienda: la concentración del poder en la presidencia con la justificación de hacer justicia aunque la democracia vuelva al receso del nacionalismo revolucionario, o la preservación de la pluralidad y la convivencia democrática entre quienes piensan distinto para que el régimen de libertades y derechos sea ingrediente en la solución de los problemas sociales.
Parecería nítido que los actos del 13N y del 26F eran expresiones en contra de decisiones y acciones del gobierno federal. También lo es la convocatoria a la ciudadanía en defensa del voto libre, por que lo que está en duda -sólo describo- es el respeto del aparato gubernamental a las reglas que directa o implícitamente le demandan conductas con motivo del proceso electoral y su desarrollo: hay propaganda gubernamental en favor de Morena y las personas que postule y en contra de otras candidaturas; hay uso y ejercicio de recursos públicos en los gobiernos encabezados por el bloque oficial para promover el voto a su favor; hay ánimo y presión por capturar a las autoridades electorales; y hay incapacidad o falta de voluntad para que se generen condiciones de ausencia de violencia y de tranquilidad en las precampañas y las campañas electorales de las múltiples localidades que viven amedrentadas por el control territorial de grupos de la delincuencia organizada.
La convocatoria en defensa de la libertad del sufragio y su autenticidad es frente al poder hoy mayoritario que ha propuesto su continuidad, incluso sobre la base de las propuestas de reformas constitucionales del gobierno que concluye el 30 de septiembre entrante, y la enorme interrogante de su disposición para actuar dentro de la ley y de reconocer los resultados electorales adversos. Y la convocatoria para el inicio de las campañas del partido oficial es por el refrendo de la mayoría de 2018 y la condena a quienes discrepen, bajo la noción de que por sus ideas no tienen “derecho” a acceder al ejercicio de las responsabilidades públicas.
La diferencia entre un acto y otro está en las personas convocadas, el método para hacerlo y las respuestas que se articulen en cada bloque.
Todas son ciudadanas, pero con identidades y motivaciones diferentes. Al 18F se convoca a quienes no tienen militancia, simpatía ni identidad en el espectro partidario, quienes están más allá de la coalición opositora. Es la ciudadanía que ha venido cincelándose a lo largo de poco más de cinco décadas; es la ciudadanía de la transición a la democracia, la exigencia de la apertura y cese del régimen del partido hegemónico -y también de la comprensión de esa demanda-, y la creación y evolución de las instituciones electorales independientes del poder para garantizar la libertad y autenticidad del sufragio de cada quien, y la legitimidad de su agregación como resultado.
Al 1 de marzo se convoca a quienes son militantes, partidarios y simpatizantes del partido en el gobierno, muchas de esas personas beneficiarias de subsidios por su edad, discapacidad, etapa de formación educativa o actividad económica.
Es sabido que las movilizaciones no ganan comicios, pero también que son emblemáticas, pueden dar cuenta del humor de la sociedad y de sus componentes y tienen el potencial para cohesionar y generar confianza.
En las calles y las plazas el triunfo ha sido de la libertad. En las cuestiones a dilucidarse, la política y la ley dieron el triunfo al 13N y al 26F. La elección de 2024 es entre la restauración del presidencialismo y el partido hegemónico, o la pluralidad y el control democrático del poder. Entre el pasado que en muchos ámbitos se pensó superado y el futuro de una transición en riesgo. Por encima de los partidos, la ciudadanía tiene la palabra.