Impresionante la respuesta de la ciudadanía en las distintas ciudades de la República y del extranjero para demandar del partido oficial y, principalmente, de su líder real, el respeto al voto libre y auténtico. Las múltiples plazas, la pluralidad de personas emblemáticas en el uso de la palabra y un hilo conductor: las personas ciudadanas son las depositarias del ejercicio de la soberanía popular y la titularidad temporal del poder ha de abstenerse de ejercerlo ilegítima e ilegalmente a su favor.

Es pueblo en lo abstracto y en lo concreto; contribuye a constituir el rico mosaico de la Nación, y establece que su voluntad puede ser mayoría que decide o minoría que se expresa y en una u otra condición convive con quien piensa distinto.

Pocas cosas peores que la intolerancia que muestran el inquilino de Palacio Nacional y quien recibió la estafeta de proclamar la construcción del segundo piso en una edificación carente de cimientos. Ya no quieren siquiera la deliberación de cara a la sociedad y el ejercicio de la crítica sobre quienes tienen encargo público o quienes aspiran a alcanzarlo. La descalificación por delante porque no se comparte la visión ni se coincide con el diagnóstico y las propuestas. Son la versión contemporánea del derecho a gobernar por razones “divinas”; como asumen definir lo que el pueblo necesita, se piensan insustituibles en el ejercicio del poder.

Sin embargo, la ciudadanía -en su conjunto, su diversidad y su visión crítica de los partidos- tiene la palabra y decidirá. La naturaleza del sistema presidencial para organizar la gestión pública coloca en el sitio preponderante la elección de la persona que habrá de asumir el poder ejecutivo. En la boleta para su renovación se expresa al máximo la polarización inducida por su actual titular. Las opciones son claras: la continuidad de la concentración del poder bajo la afirmación de que los resultados ofrecidos requieren más tiempo para su concreción, y el cambio de rumbo y timonel a partir de la pluralidad que pone el acento en el balance de las libertades y los derechos cívicos, políticos, económicos y sociales de las personas.

En la segunda destacan la idea tanto de retirar de las responsabilidades públicas a quienes se refugian en la propaganda y el sentido patrimonial con el cual esperan la aprobación y el respaldo de personas acreedoras de bienes públicos porque ejercen derechos, no porque se le ¨confieran” desde el ejecutivo.

Así, sólo una persona accederá a la titularidad del poder ejecutivo. En cambio, la naturaleza colegiada del contrapeso y freno del poder legislativo y su renovación abren la puerta no sólo al control de la gestión futura del ejecutivo y otros órganos a cargo de funciones públicas, sino a la rendición de cuentas del actual período presidencial.

A los objetivos ya expuestos de las iniciativas presidenciales de las postrimerías de su gestión (distraer a la sociedad de los problemas provocados, hacer campaña y dar línea a las candidaturas del partido oficial), vale agregar otro: diluir la fiscalización de su actuación por los órganos competentes del Congreso. En parte, a ello obedece la indebida intromisión del ejecutivo en el proceso electoral, y no sólo a la aspiración de alcanzar la mayoría calificada de Morena y sus aliados en las Cámaras para proceder a reformar la Constitución y transferir más poder a la presidencia.

Parece evidente que el 18F la ciudadanía ha marchado no sólo para expresar la voluntad de cambio en la conducción política de la Nación, sino también para repudiar la impunidad en la toma de decisiones sin consecuencias en el ámbito de las responsabilidades por falta del contrapeso idóneo en el Congreso y una cabal rendición de cuentas. Lo primero se galvaniza en el ejecutivo y lo segundo se actualiza en el legislativo.

Si el freno a las violaciones de la Constitución y las leyes merecen la defensa de la Suprema Corte, el freno del control de la gestión y la fiscalización de las decisiones de política pública y los ingresos y los gastos merecen la renovación del Congreso. Una mayoría parlamentaria afín al partido hoy en el gobierno -particularmente en la Cámara de Diputados- no permitirá el ejercicio del contrapeso, como puede verse históricamente y en los últimos años.

Poco se habla de ello, a pesar de su relevancia. Las decisiones políticas inscritas en las leyes son el hacer más visto del Congreso; el trazo para el recorrido con base en esos acuerdos de la representación nacional electa y la mayoría constituida. Pero el control del curso de la travesía está en la fiscalización de la gestión: el debate político sobre la pertinencia de las decisiones y sus consecuencias, como la militarización de múltiples funciones del ejecutivo; el debate presupuestal sobre las fuentes de ingreso y la asignación del gasto, y el debate sobre la probidad en el cumplimiento de la ley en uno y otro de esos extremos.

Por obvias razones, el ciclo de la presentación y análisis de la Cuenta Pública Federal se ejerce con desfase, la presentada en abril de 2023 sobre el 2022 deberá revisarse antes de concluir octubre de 2024; el año presupuestal 2023 en octubre de 2025 y el año en curso en octubre de 2026.

La fiscalización de la segunda parte del mandato presidencial en curso -en los debates político, presupuestal y de probidad en la actuación- será responsabilidad de la próxima integración de la Cámara de Diputados.

¿Debe o no debatirse y fincar, en su caso, la responsabilidad por la decisión de construir una refinería en el contexto de las consecuencias del cambio climático y desestimar las propuestas de la licitación pública por considerar elevado el costo y ahora presentar un sobre costo del ciento por ciento (de 8 MMD a 16 MMD), para no hablar de inauguración post-verdad? ¿Debe o no debatirse y, en su caso, fincar responsabilidad por la construcción de una ruta ferroviaria sin estudios ni proyectos ejecutivos previos, ausencia de manifestaciones de impacto ambiental, destrucción de patrimonio natural y cultural y sobre costo de más de 300 por ciento (de 150 MMP a 500 MMP)?

Afirmar que ahora esos activos se incorporan al patrimonio público no basta. Hay expresiones claras de quienes no comparten la propuesta de instaurar la autocracia y el credo excluyente del gobierno en turno en la Constitución. Es la meta electoral del tercio mínimo en las Cámaras. Quienes desean que se rinda la cuenta, se fiscalice y se deslinden las responsabilidades deben aspirar a la mitad más uno de las Cámaras. Esa es la otra parte de la trascendencia del Congreso.