La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 107 años de haber sido promulgada y es una de las legislaciones vigentes más antiguas en el mundo. Su estatus de vigente sin duda se la otorga en gran parte su continua “actualización”; al mes enero de 2024 ha sido objeto de 263 decretos que han introducido más de 750 modificaciones, según estudios de juristas sólo 22 de los 136 artículos actuales no han sufrido modificación alguna.
Sin duda este cúmulo de modificaciones ha respondido a la evolución de la realidad económica, política y social. Si bien su enfoque principal es establecer los principios básicos del sistema político y los derechos fundamentales de los ciudadanos, su influencia se extiende a todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo la economía.
En este contexto, la Constitución contiene disposiciones generales y en algunos casos específicas, sobre las actividades económicas del Estado y de los agentes privados y sociales. El “proyecto” o capítulo económico de la Carta Magna aborda tanto aspectos básicos como las libertades (iniciativa privada y libre competencia), las limitaciones (propiedad de los recursos naturales) y las obligaciones (contribuciones) en un entorno de economía de mercado, así como las funciones del estado en tanto agente económico, que en principio se circunscriben al papel de rector y regulador, y a los aspectos de la planeación del desarrollo y su financiamiento.
De igual forma las grandes transformaciones económicas que ha experimentado el país, se han plasmado en el entramado constitucional, en principio con el propósito de proporcionar el marco legal que guíe el desarrollo económico y la gestión de recursos en el país. Entre las reformas más destacadas se encuentran la de 1983 que desregularizó la economía, redujo la intervención del estado en la provisión de bienes y servicios y llevó a la apertura a la globalización; la de 1994 con la autonomía del Banco de México y las relacionadas con la competencia, la transparencia y las telecomunicaciones, entre otras.
Sin duda una de las reformas más trascendentes, junto con la de 1983, ha sido la energética de 2013, que abre el mercado de generación y autoabastecimiento y que está enfocada a una transición hacia fuentes limpias y renovables (contra el uso de recursos fósiles que además están por agotarse); y establece reglas sobre las inversiones públicas y privadas, y las formas de explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, y el papel de las empresas públicas. Ambos proyectos económicos constitucionales conllevan una visión de largo espectro y alcance que delinean un futuro que el país requiere.
Sin embargo, el proyecto económico constitucional no ha estado exento de desafíos. Factores como la corrupción, la burocracia y la indolencia en la aplicación de las normas han sido obstáculos persistentes que afectan le eficacia y eficiencia de las disposiciones constitucionales en el ámbito económico, a lo que ahora habremos de incorporar la intención del actual régimen de pretender revertir en cierta forma los avances logrados.
Destacan en este sentido las reformas legales en materia energética que modificaban la regulación, los equilibrios, la competencia y la interrelación de las inversiones públicas y privadas, disposiciones que recientemente fueron declaradas inconstitucionales. De igual forma la mayor intervención del gobierno en la provisión de bienes y servicios especialmente en transportes y administración de puertos y aduanas que han sido puestas en manos de las fuerzas armadas y que también están siendo combatidas como contrarias a la Constitución.
Estamos en un momento crítico y trascendente. Sin duda el proceso electoral del mes de junio implica una suerte de plebiscito en donde los mexicanos decidiremos si continuamos con el proyecto económico actual plasmado en la Constitución o damos materialmente media vuelta, regresando a un modelo de desarrollo que ya ha sido superado ampliamente. Es momento de reflexión y decisión.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®