La propuesta de reforma electoral presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero durante la “Ceremonia de Exposición de Iniciativas de Reformas” no es más que la reedición de sus fracasados Plan A y Plan B de reforma político electoral. Vale la pena recordar que después del fracaso del Plan A, en abril de 2022, el Ejecutivo Federal presentó oficialmente su iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, con la que, según él podría instaurar una “democracia limpia”, así como evitar “más fraudes” en el país.

En una de sus mañanera reconoció que como no le alcanzaban los votos para aprobar su reforma constitucional en materia electoral (Plan A) presentaría una alternativa o Plan B que, “sin violar la Constitución”, proponga “alguna reforma a la ley electoral (para) que se elija a los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral; (y) que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 (diputados) sean 300”. Esto es, con el plan B lo que AMLO y la mayoría de MORENA y aliados, pretendieron cambiar la legislación secundaria sin hacer modificaciones al texto constitucional; aun cuando esto era claramente, tal y como lo resolvió la SCJN.

Así, el famoso e infame Plan B, no fue más que una chicana “legal” efectuada por los diputados de Morena y aprobada posteriormente por los Senadores del mismo partido, consistente en reformar tres leyes secundarias, a saber: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; pero sin hacer las modificaciones constitucionales necesarias para ello. Esto es, el plan B no contemplaba reformas a la Constitución, de tal manera que no se modificaría, ni el artículo 41 constitucional (mismo que constituye básicamente la base de todo el andamiaje del sistema electoral mexicano, pues establece la integración, estructura básica, funciones, forma de elección de los consejeros y facultades del INE); ni se modificarían los 17 artículos constitucionales relacionados con la materia electoral.

El “plan B” que desde el púlpito presidencial anunció López Obrador contemplaba: i) reducir el financiamiento a los partidos políticos; ii) eliminar 200 diputados federales y 32 senadores plurinominales; iii) elección mediante el voto ciudadano de consejeros electorales; iv)  transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, lo que se reitera en esta reforma 2024; v) restar facultades del INE en materia de capacitación, organización y fiscalización; vi) reducir de once a siete, el número de consejeros electorales; vii) Compactar la estructura del INE, esto es, eliminar, entre otros, al Servicio Profesional Electoral Nacional; viii) eliminar a los Organismos Públicos Locales (los famosos OPLES); ix) disminución de diputados locales.

La “nueva (o reeditada) propuesta” de reforma electoral, sí es una reforma constitucional y un champurrado del Plan A y el Plan B condenada, en principio, al fracaso legislativo; lo anterior toda vez que para que esta reforma constitucional (o cualquiera de las anunciadas por el Presidente) sea aprobada, se requiere del apoyo de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso, y de las legislaturas estatales, algo con lo que no cuenta en este momento; y que fue la razón por la cual  fue rechazada su reforma electoral constitucional presentada en noviembre del 2022 y rechazada en diciembre de ese mismo año. Esto sin contar que, aunque esta reforma tuviera un trámite exprés tanto en Cámara de Diputados, como en el Senado y fuera aprobada, ello no alteraría el proceso electoral en curso.

En suma, la nueva y reeditada reformó electoral que AMLO propone, incluye la reforma de más de una decena de preceptos constitucionales y plantea entre otras cosas los siguientes puntos: i) reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos; ii) la disminución del número de regidores en gobiernos municipales; iii) evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales; iv) Eliminar las candidaturas plurinominales; v) El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500; vi) El Senado se conformará por 64 y no con 128 legisladores como ocurre actualmente; vii) Los consejeros y magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos; viii) Se “fortalecerá” la democracia participativa con modificación de los requisitos para las consultas populares y la revocación de mandato consistente básicamente en la reducción del 40 por ciento al 30 por ciento de participantes para hacerlas válidas, efectivas y vinculantes.

Es importante hacer énfasis en que la propuesta de reforma no desaparece al INE, lo transforma en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Al respecto el propio INE, sus consejeras y consejeros electorales, así como su estructura ejecutiva, emitieron un posicionamiento dirigido tanto a la opinión pública como a la  ciudadanía en el cual además de señalar expresamente que como autoridad electoral son respetuosos de la facultad que tiene el Presidente para presentar iniciativas tanto de reforma constitucional como legal en materia electoral; la propuesta anunciada de reforma electoral anunciada por el Presidente, no modifica el desarrollo de los procesos electorales Federal y concurrentes que se llevan a cabo en 2024 y cuya Jornada Electoral será el próximo 2 de junio, ya que éstos se llevan a cabo con la legislación vigente y cualquier proceso de reforma que se inicie no tendrá incidencia en los mismos. Adicionalmente, mencionan que las reglas actuales bajo las que se organizan los procesos electorales de 2024 han sido puestas a prueba en diversas elecciones con éxito, por lo que, desde el propio INE envían un mensaje a la ciudadanía señalando que: las próximas elecciones contarán con altos estándares de calidad organizativa, transparencia y certeza en sus resultados.

El Presidente sabe que su propuesta de reforma electoral (como prácticamente la totalidad de sus propuestas anunciadas el 5 de febrero) no va a pasar, es claro que cuando menos no le alcanzarán los votos para una reforma constitucional; amén de que no puede cambiar las reglas del juego electoral a meses de las elecciones. Sin embargo, las modificaciones legales pasan con mayoría simple, y así se han logrado aprobar varias a lo largo de este sexenio. Evidentemente el presidente, aunque le queden apenas siete meses como titular del  ejecutivo federal, seguirá intentando hasta el último momento, destruir no solo al INE, sino también a nuestras instituciones, cuando menos a todas aquellas que le representen ceñirse a las reglas del juego democrático, respetar la Ley y la Constitución; y para ello ya no pretende únicamente violar la Constitución, sino obradorizar su contenido.

Es claro y así lo hemos dicho anteriormente que en la legislación electoral, como en muchas otras, existen diversas áreas de oportunidad y sin duda, una vez que concluyan los procesos electorales Federal y locales concurrentes de este 2024, sería un momento propicio para convocar a diálogos públicos sobre los retos en materia político electoral con miras a tener procesos electorales que garanticen el ejercicio libre del derecho al sufragio y resultados confiables; en aras siempre del fortalecimiento de la democracia. Se ha dicho que frente al autoritarismo nuestra democracia, nuestras instituciones, incluido el INE están en peligro. Sin embargo, el autoritarismo no puede triunfar frente a una ciudadanía despierta y activa, una ciudadanía dispuesta a hacerlo todo por defender las instituciones sólidas e independientes que se han venido construyendo en términos democráticos a lo largo de los últimos 30 años.

Así quedó demostrado el pasado domingo 18 de febrero con la marcha ciudadana en defensa de la democracia. Y de alguna manera, y más allá de filias y fobias, es evidente que la marcha da cuenta clara de que existen mínimos que como sociedad no estamos dispuestos a dejar y que en ese sentido se hará todo lo necesario para defenderlos y mantenerlos. Por ello, la ciudadanía debe estar atenta pues se avecinan días cruciales para la democracia de nuestro país. La democracia es algo que se construye día a día, de lo contrario se escurre como el agua.