En la primera parte de esta serie, de manera general, he aludido al contexto político en que fueron presentadas las más de veinte iniciativas de reformas a la Constitución Política y a las leyes. En esta colaboración y en la próxima, aludiré a temas específicos relacionados con ellas y con el trámite a seguir.
Consulta popular
El que, en una de las iniciativas presentadas, AMLO haya propuesto que en las consultas de revocación del mandato del presidente de la República, se reduzca del 40 por ciento al 30 por ciento el porcentaje de votos que se requiere para que opere su salida, desde luego que tiene jiribilla. Viniendo de quien vienen, era imposible que no la tuviera.
Algunos comentaristas, con más conocimiento de causa que el autor de estas líneas, entre ellos mi amigo e informado analista don Raymundo Riva Palacio, son de la opinión de que la reforma es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de Claudia Sheinbaum, para el caso de que pretenda dar el grito de independencia y desconocer la autoridad de su jefe; también para impedir que se aparte del programa de la 4T o no obedezca las instrucciones que AMLO le dé, para el caso de llegar a ser presidenta. Esa es una posibilidad.
La otra es que AMLO, como político previsor que es, contemple el eventual triunfo de la candidata opositora y no quiera correrse riesgos. Pudiera estar calculando que su candidata se caiga y que sea doña Xóchitl Gálvez la que gane; en este supuesto, con el 35 por ciento del voto duro con que cuenta, pudiera intentar deponerla a través de una consulta popular que él ordene realizar. Le sería más fácil alcanzar el 30 por ciento que el 40 por ciento.
Para ese supuesto, también AMLO pudiera contemplar otra solución, es extrema: utilizar las fuerzas armadas para deponerla; pero no está seguro de que los militares, a pesar de los favores, canonjías y obras que le ha dado y confiado, se presten a hacer ese trabajo sucio; también no estoy cierto de que la ciudadanía se quede tranquila para el caso de que lo haga.
Ante el cúmulo de rumores de corrupción y de la comisión de diferentes delitos de los que se acusa a los morenistas y a la familia presidencial, a mi se me antoja más viable la alternativa de suponer que es Xóchitl y no Claudia la que le quita el sueño y que la reducción del porcentaje sea por ésta y no por la que apuntan los informados comentaristas.
Sin importar quien llegue a la presidencia de la República: Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, a ninguna de las dos le faltará un senador que entreviste a AMLO, como ex presidente, en su finca de nombre impronunciable en esta columna, para solicitarle su opinión respecto del estado que guardan las cosas de la República, tal como sucedió con Plutarco Elías Calles y el presidente Lázaro Cárdenas y, con ello, dar base para una acción contundente en su contra. Como AMLO no puede controlar su lengua, con toda seguridad hablará de su ronco pecho.
Diga lo que diga sería un buen pretexto para que, en el mejor de los casos, mandarlo al exilio a Cuba o Venezuela; o, por qué no, a las islas Fidji, a donde mandaron a un ex presidente por boquiflojo. También, en función de la gravedad, eso pudiera ser buen motivo para abrirles procesos penales y meter a la cárcel a alguno de sus parientes o amigos más cercanos. Razones no le faltarán para proceder contra unos u otros.
Reforma al Poder Judicial
Una de las iniciativas tiene que ver con el Poder Judicial, tanto federal como locales. Se propone cambiar el sistema de designación de los ministros, magistrados y jueces que actualmente existe. AMLO, aunque su sexenio se halla en artículo mortis, también pretende someter y controlar ese Poder. No se lo debemos permitir.
En una iniciativa se propone modificar la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional para introducir un cambio por lo que se refiere a los efectos de las sentencias que se emiten en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Sobre este tema el legislador ordinario, atendiendo lo que dispone la Cara Magna, poco o nada es lo que se puede hacer.
Por lo que se refiere a la designación de ministros, en los medios, tanto especializados como generales, se apuntan diversas alternativas a la propuesta presidencial. Mi amigo don Nicolás Martínez Cerda ha propuesto una vía en la que se dé intervención en el proceso a las barras y colegios de ahogados. Su propuesta sería atendible si ellos fueran apolíticos y funcionaran adecuadamente. Lo cierto es que, salvo uno que otro, por regla general, son camarillas y grupúsculos, manejados por un reducido número de personas, que toman esas organizaciones como un trampolín para alcanzar posiciones o para hacer politiquería.
Dadas las actuales circunstancias, a pesar de que pudiera haber muchas otras vías, en el momento actual más vale que el tema de la reforma al Poder Judicial, federal y locales, no se toque. Los que nos dedicamos al ejercicio de la profesión de abogados, sabemos que el Poder Judicial Federal, tal como está, funciona de manera aceptable.
Por lo que toca a la Suprema Corte de Justicia, salvo una que otra designación desafortunada, más que ver motivo de queja, encuentro razones para estar satisfechos. Los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y de manera especial, al valiente, conocedor y experimentado jurista don Alberto Pérez Dayán, en cualquier Corte Suprema del Mundo serían motivo de orgullo y de elogio.
Artículos transitorios
He leído, una y otra vez, los artículos transitorios con las que se cierran las iniciativas presentadas; según yo, a través de ellos AMLO no propone prorrogar su mandato otros seis años, no declara vencedora a Claudia Sheinbaum en las próximas elecciones y tampoco suprime el precepto constitucional que prohíbe su reelección. Conociéndolo, no dudo que intentara hacer eso y más por esa vía.
Como ya no veo bien, me permito sugerir a los legisladores de la oposición y a la opinión pública, en general, que los estudien con cuidado. Es necesario que tengan presente que hace unos años, a través de ellos, contrariando un texto constitucional expreso, se intentó prorrogar al periodo de duración de Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, como presidente del Poder Judicial de la Federación. Para malas mañas los morenos se pintan solos. Vigilar los transitorios debe ser una tarea prioritaria.
De aprobarse las reformas a las leyes secundarias, no estaría de más que se incorporara un apartado de conceptos de invalidez para cuestionarlos y conseguir su anulación.
No debe olvidarse que los artículos transitorios, en buena técnica jurídica, tienen un objetivo limitado: disponer lo relativo a la manera de cómo dejará de estar en vigor las normas derogadas, cómo se regularán las situaciones en trámite y de la forma en que tendrán vigencia las nuevas. Cualquier exceso en esta materia es cuestionable.
Reducción del número de legisladores
En cuanto a lo que se propone de que, a través de una reforma constitucional se reduzca el número de legisladores al Congreso de la Unión, hacerlo pudiera ser conveniente. Pero, aceptar esta reforma, a como dé lugar AMLO trataría de manejar la reducción como un triunfo personal de él estando en elecciones.
Habiendo consenso respecto de una reforma constitucional se corre el riesgo de que se pretenda alcanzarlo también para otras materias. Para evitar cualquier riesgo, no se debe aprobar la que propone tal reducción.