Lección grande aportaron a nuestra sociedad Jesuitas México, la Conferencia del Episcopado Mexicano, Dimensión Episcopal para los Laicos y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México al convocar a quienes aspiran a la presidencia de la República a asumir un compromiso público con la atención de las condiciones de inseguridad e impunidad que afectan a nuestro país y que se agravan en determinadas regiones. Es un ejemplo relevante sobre cómo trascender las quejas y las reclamaciones -aunque sean fundadas- y pasar a la conciencia de los problemas, su politización y la propuesta de soluciones.
El texto del “Compromiso por la Paz” es el resultado de la exigencia que se convierte en acción. El 20 de junio de 2022 fueron asesinados en el templo de Cerocahui, municipio de Urique en Chihuahua, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar al defender al guía de turistas Pedro Palma de la agresión de José Noriel Portillo, a quien también asesinó, como antes lo había hecho con Paul Barrelleza, jugador de béisbol del equipo que derrotó al del homicida.
Esos hechos cimbraron a la sociedad mexicana por las condiciones del ejercicio de la violencia y la ausencia de la autoridad en esa zona de Chihuahua. Se recordará que el agresor sustrajo los cuerpos de sus víctimas, que con posterioridad fueron ubicados, además de que el proceso para establecer su responsabilidad y sancionarlo no se llevó a cabo porque se encontraron sus restos mortales en un paraje de la frontera de Sinaloa con Sonora. Al final, imperó la impunidad, pues no fue juzgado ni sujeto de pena. El asesinato del asesino no es la solución del Estado de Derecho, sino del ajuste de cuentas o el riesgo último para un presunto delincuente.
La comunidad jesuita exigió justicia. Y también movilizó a nuestra sociedad para contribuir a la expresión, el diálogo y la articulación de un conjunto de reflexiones pluri-temáticas desde diversas ópticas, con el propósito de diagnosticar los problemas y realizar propuestas para su solución.
Por el antecedente que motivó e inspiró su elaboración, así como por el significado de quienes convocaron al diálogo y también por el método para hacerlo y ordenar las reflexiones y propuestas, quienes aspiran a obtener el voto en la boleta presidencial acudieron a la cita y expresaron sus propias consideraciones; algunas coincidentes y otras no; algunas no tan elaboradas y otras sí, pero ninguna sin el ingrediente de asumir que México no enfrenta situaciones de violencia, de injusticia, de impunidad, de intranquilidad y de vulneración a la convivencia pacífica en intensidad y extensión tales que exigen la atención máxima del poder público.
Si no es en los momentos en los cuales se pide el voto a las personas ciudadanas cuando puede realizarse el argumento para persuadir sobre la existencia de un problema, su naturaleza grave para la viabilidad de la sociedad y la necesidad de emprender acciones para obtener resultados ofrecidos que no se concretaron, entonces, ¿cuándo?
Tres elementos de información del INEGI sobre la percepción de la población de 18 años en adelante. En la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas de 2022 el principal problema para las unidades económicas fue la inseguridad y la delincuencia (52.9 por ciento); en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2023 se observó que la percepción de inseguridad en entidad federativa fue de 74.6 por ciento con una disminución de 4.1 por ciento con relación a 2019, y que sólo 34.4 por ciento de la población estima que la seguridad mejorará; y en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada en 75 ciudades para el trimestre septiembre-diciembre de 2023, se encontró que 59.1 por ciento de las personas se sienten inseguras en su ciudad, elevándose al 64.8 por ciento en las mujeres, al tiempo que 56.3 por ciento de las personas consideran que el problema va a empeorar.
En contraste con estos datos, las valoraciones sobre el desempeño de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional son altas: 85.6, 83.5 y 74 por ciento, respectivamente. Y aunque ha crecido la percepción de que son cuerpos corruptos: de 17 a 19.5 por ciento para la Marina, del 21 al 23.7 por ciento para el Ejército y de 21.8 a 29.5 por ciento para la Guardia Nacional, hay una disparidad evidente entre la alta percepción de inseguridad y la calificación positiva de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, si bien las primeras realizan otras tareas -me refiero a las constitucionales ligadas a la seguridad nacional y a la protección civil y no a las asignadas sin sustento en la Norma Suprema-. Es decir, que evaluar alto el desempeño de esos cuerpos de la Federación no tiene un impacto positivo homologable en la disminución de la percepción de inseguridad.
En el “Compromiso por la Paz” hay diagnóstico, análisis sobre la situación imperante y propuestas para la acción. Se presentan con base en siete consideraciones agrupadas: el tejido social como espacio básico para prevenir los delitos; la seguridad como resultado de acciones integrales basadas en la cooperación entre los tres órdenes de gobierno y el gasto público necesario; la justicia como resultado del funcionamiento del Estado de Derecho en la actuación de las instituciones; las cárceles como espacios para la reinserción social y no para la comisión de delitos en los penales y al salir de ellos; las y los adolescentes como la población que demanda mayor atención y compromiso contante y sonante; la gobernanza como forma democrática de actuación para combatir eficazmente las pretensiones de control de la delincuencia, y los derechos humanos como el cauce necesario para la vida en sociedad.
Es expreso y está implícito, la convivencia pacífica en nuestra sociedad requiere construirse con visión y acción de Estado, no de partido. Vale reflexionar sobre el documento y los actos con quienes compiten por la presidencia. No se comprendió que la solución a la inseguridad y la injusticia es de Estado; de los tres órdenes de gobierno y de consensos democráticos con la sociedad. Tres alternancias han propuesto y fracasado al prometer seguridad y coto a la impunidad. Quien vaya a recibir el mandato, ¿actuará por una fuerza política o por el Estado?