Desde hace más de 30 años, la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa es un asunto de seguridad y de gobernabilidad. Independientemente de los estigmas de considerarles una escuela de guerrilleros, las alianzas con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) y las sospechas sobre la infiltración de las bandas del crimen organizado le convierten en un factor de amenaza que por sus movilizaciones violentas llegan a generar periodos de desestabilización en la entidad.
Hace casi diez años, la desaparición de 43 estudiantes normalistas y las movilizaciones iracundas obligaron a la separación de Ángel Aguirre Rivero como gobernador de la entidad.
Ahora el caso del asesinato de Yanqui Kothan Gómez, estudiante normalista y como consecuencia del escape del elemento de seguridad acusado de disparar contra el estudiante, ocurrida el 7 de marzo, dio pie a la dimisión de Sandra Luz Valdovinos, Fiscal General del Estado y de Rolando Solano Rivera, de Seguridad Pública. Además Ludwing Marcial Reynoso Núñez, secretario general de gobierno, se sumaría a la lista.
El 12 de marzo, Andrés Manuel López Obrador reveló que el policía acusado de disparar contra el estudiante normalista se escapó cuando las autoridades guerrerenses lo trasladaban a la Fiscalía General de la República (FGR).
A partir de ese hecho los normalistas decidieron romper el diálogo con las autoridades iniciado el 11 de marzo y se trasladaron en nueve autobuses al edificio de la Fiscalía General del Estado donde vandalizaron las instalaciones oficiales durante 30 minutos.
Individuos encapuchados y armados con palos lanzando bombas molotov hacia los elementos de seguridad presentes en la zona. La situación desencadenó enfrentamientos con la policía estatal y provocó daños materiales en varios edificios cercanos, así como el incendio de más de una docena de vehículos estacionados en las instalaciones. El saldo extraoficial fue de veinticuatro elementos de la guardia nacional lesionados pues cuando los normalistas intentaban ingresar al edifico fueron repelidos.
Los negocios de la parte sur de Chilpancingo cerraron las puertas y desalojaron a clientes ante el temor de ser atacados por los normalistas. Una nueva jornada de incertidumbre y temor se vivió en la ciudad.
Previo a los acontecimientos violentos la Secretaria de Seguridad Pública estatal (SSPG) y la Fiscalía intercambiaron acusaciones en sendos comunicado, sobre la fuga del principal implicado en el hecho delictivo.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de no solicitar la retención, ni orden de aprehensión y de incurrir en “dilaciones” para determinar la situación jurídica de tres elementos de la policía del Estado involucrados en el hecho dónde Yanqui Khotan Gómez Peralta, murió asesinado de un tiro en la cabeza.
Esto luego que la FGE se deslindó de la huida de un policía del Estado que habría disparado contra el normalista y quién sería el responsable de su asesinato y habría deslizado en un comunicado que Seguridad Pública del estado nunca los puso a disposición de la autoridad ministerial.
Además la SSPG aseveró que “desde el primer momento de los hechos los (tres) elementos estatales involucrados rindieron su declaración ministerial de manera voluntaria ante el Ministerio Público de la agencia especializada de delitos graves de la FGE el día 8 de marzo a las 7:30 horas”.
En el comunicado se agregó que “es competencia del órgano de procuración de justicia la retención de los elementos por al menos 48 horas y en su caso, solicitar la ampliación del término, así como solicitar la orden de aprehensión. “
“Sin embargo, en el ánimo de colaborar con las instancias ministeriales y en espera de la liberación de las órdenes de aprehensión por la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal actuó sin ninguna omisión, pues los elementos se mantienen plenamente identificados”.
Un día antes un grupo de normalistas detuvo a al menos 10 elementos de la Guardia Nacional (GN) y quemó dos patrullas de la corporación de seguridad en Tixtla, Guerrero con las cuales mantuvieron bloqueada la carretera por unas horas la carretera federal Chilpancingo Tixtla.
Por su parte, Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad dijo mediante un comunicado: “Desde el primer momento que sucedieron estos lamentables hechos, instruí que los elementos de la policía involucrados fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes, al igual que todos los elementos de prueba recabados por las instancias estatales, con el claro objetivo de abonar a la investigación y el esclarecimiento del caso, que fue atraído por la Fiscalía General de la República”.
El pasado jueves 7 de marzo en Chilpancingo, Yanqui Kothan Gómez, murió en un retén de la policía estatal. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, dijo que a las 20:45 horas un arco detector del Registro Público Vehicular (Repuve), instalado en la carretera Tixtla-Chilpancingo, ubicó una camioneta blanca con reporte de robo. Al pedir que se detuviera el vehículo, el conductor se negó, por lo que la policía disparó. La camioneta era conducida por estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.
Siempre con la versión de la SSP, en la camioneta se localizó un arma de fuego corta y cartuchos útiles, tres bolsas de una sustancia cristalina y cervezas; sin embargo, los normalistas denunciaron que les “fue sembrado”.
La madre de Yanqui mostró la necropsia hecha al joven, la cual confirmó que los exámenes para detectar alcohol, drogas y pólvora en sus manos resultaron negativos.
Mientras las autoridades policiacas insistían en su versión López Obrador dijo que fue un abuso de autoridad y entonces cambiaron el discurso.