La denominada iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica, presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero durante la “Ceremonia de Exposición de Iniciativas de Reformas” es una reforma que so pretexto de Transversalizar la política de austeridad republicana y los principios constitucionales ..en las diversas materias que Organismos Constitucionalmente Autónomos y Órganos Reguladores Coordinados … han tutelado por medio del ejercicio de presupuestos en los que ha existido un dispendio de los recursos a través de macroestructuras burocráticas con toda clase de bonos, prestaciones y privilegios que van en demérito de la sociedad mexicana; propone entre otras cuestiones, la eliminación de: i) la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); ii) el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); iii) el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) cuya autonomía en realidad nunca se consolidó en la ley; iv) el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); v) la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); vi) la Comisión Reguladora de Energía (CRE); y vii) el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
La gran mayoría de los órganos autónomos que hay en México surgen a finales del siglo pasado, como consecuencia de la necesidad de transparencia en aspectos tan relevantes para la vida democrática que van desde el tema electoral, hasta el acceso a la información; y después de más de siete décadas de gobiernos priista. Los órganos autónomos juegan un papel esencial en la consolidación de nuestro sistema democrático, en la protección de los derechos humanos, en la fiscalización de los recursos públicos y en la promoción de la estabilidad económica. Su autonomía garantiza la independencia necesaria para cumplir con sus funciones y de esa manera contribuir al desarrollo y fortalecimiento de nuestro país.
En México, así como en diferentes países del mundo, los órganos autónomos constituyen un contrapeso al gobierno para cumplir con el objetivo de que prevalezca la democracia y evitar abusos de poder, así como transparentar gastos. Los OCAS enfrentan a resistencias por parte de los gobiernos para poder cumplir con sus funciones. De suerte que contrario a lo que se pretende hacer creer a la ciudadanía, la sociedad mexicana es la única beneficiada de su existencia y desde luego de su buen funcionamiento. Lo anterior toda vez que después de innumerables abusos de poder cometidos a lo largo del siglo pasado, México transitó hacía un largo proceso de liberalización política que lamentablemente y contrario a las promesas de campaña, parece haber sido interrumpido en 2018 con la llegada de la 4T al Gobierno.
Este proceso de liberalización política significó, un nuevo entendimiento entre los tres principales órganos del Estado, al haber generado un nuevo modelo de separación de poderes, dejando de alguna manera de lado la división tradicional en tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a que se refiere el artículo 49 constitucional; sin que su existencia toque la división de poderes, toda vez que el Estado Mexicano es uno. Como consecuencia de dicho fenómeno es que en México surge la idea de órganos constitucionales autónomos (OCAs) a finales del siglo pasado. Mediante su autonomía y especificidad técnica, los OCAs fungen como reguladores, garantes y balances que evitan la reconcentración de poder y promueven el correcto funcionamiento del Estado en todo su espectro de funciones.
Es cierto que en los primeros años solamente existieron cuatro OCAS, a saber: BANXICO (su creación fue necesaria tras años de malos manejos de las finanzas públicas), INE (en un primer momento IFE o Instituto Federal Electoral, cuyo surgimiento es parte del despertar democrático que logró que en el año 2000 se lograra la alternancia en el Ejecutivo Federal), CNDH (cuya creación obedeció a la creciente necesidad de hacer frente a las violaciones graves de derechos humanos); y el INEGI.
Y no fue sino hasta el año 2012, que como resultado del llamado pacto por México se resolvió dotar de autonomía constitucional a seis órganos, todo en aras de lograr hacer una realidad el transido del hiperpresidencialismo en el que se ejercían poderes y privilegios en torno a un sólo participante, a una suerte de presidencialismo acotado, en el que el poder político que antes ejercía exclusivamente el Presidente, se desconcentrara. Así surgieron seis OCAS, a saber: el INAI, el Instituto Nacional para la evaluación de la Educación (INEE, que se sustituyó por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación- MEJOREDU; la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR); la COFECE; el IFT (antes COFETEL); y el CONEVAL.
En suma, es evidente que México tiene una estructura compleja para el ejercicio de poder, que va mucho más allá de la división tradicional o tripartita concebida por Montesquieu. Y ello es necesario para poder administrar los recursos públicos con eficiencia, especialización técnica e independencia de los factores políticos. Esto es lo que ha impulsado la creación de los OCAS y sin embargo hoy, casi 30 años después, parece que hemos vuelto al punto de partida, a una intentona de concentración del poder, al ejercicio opaco de la función pública; puesto que la propuesta del Presidente propone que las funciones a cargo de COFECE, el IFT, el INAI , el CONEVAL, la CREACIÓN, la CNH y MEJOREDU sean absorbidos otra vez, por el Ejecutivo Federal.
Para AMLO uno de los más grandes enemigos de la 4T son los órganos constitucionales autónomos. El presidente los entiende lejanos a su agenda y los acusa (sin pruebas ni fundamento) de facilitar privatizaciones, permitir despojo de bienes nacionales y ser parte de la política neoliberal. Por ello ha sentenciado en varias y repetidas ocasiones desde la mañanera que: “son organismos que deberían desaparecer”. De ahí que la iniciativa no sorprende, y sin embargo si preocupa.
El presidente Lopez Obrador, a lo largo de estos 5 años y meses de gobierno ha emprendido una batalla de poder contra los OCAs que si bien no ha sido uniforme, si ha sido constante. Su estrategia ha sido variada, ha consistido por un lado en recortes y reducciones presupuestarias; en descalificaciones públicas; en destituciones de sus directores y funcionarios; y, en casos más extremos, asfixiarlos mandando mensajes para que no se logren los nombramientos y con ello se impida su funcionamiento con normalidad como sucedió en su momento con la COFECE y el IFT; o más grave aún con el INAI.
Sin embargo, en virtud de la enorme relevancia que para el funcionamiento adecuado del sistema tienen los OCAs, su creación está prevista a nivel constitucional a través de regulaciones específicas a lo largo del texto fundamental, suponiendo que su existencia y legitimidad democráticas provienen de la autoridad del poder revisor de la propia constitución. De ahí que lo que verdaderamente resulta indispensable es que, más allá de promover la eliminación y desaparición de los controles democráticos, se apueste por mecanismos rigurosos que aseguren que dichos órganos cuenten con los mejores perfiles, independientes y con la experiencia necesaria para la protección y defensa de los derechos humanos sin injerencias por parte de otros poderes.
La iniciativa presentada por el presidente es una ocurrencia más. Es simplista y absolutista, no está basada en evidencia que demuestre inequívocamente que devolver las funciones de los órganos autónomos que pretende desaparecer, al Ejecutivo represente un menor costo.
No podemos olvidar que la creación de los OCAs en México es considerada una victoria ciudadana, una forma de erradicar los vicios del hiperpresidencialismo, herencia de 70 años de régimen de partido hegemónico. Y que la apuesta por órganos con autonomía constitucional es para garantizar no solo su independencia, sino también su eficacia técnica, autonomía y especialización. Son órganos que surgen buscando un equilibrio constitucional, basado en controles de poder, tal y como lo ha dicho la SCJN. Por lo anterior, la austeridad no puede servir de pretexto para volver al pasado antidemocrático que tanto nos ha costado dejar atrás.