Con la intención de suplir la idea del nacionalismo revolucionario como inspiración para el ejercicio del poder sin controles democráticos, que caracterizó al tramo más prolongado de la post revolución, el gobierno electo en 2018 y su emblema casi único han articulado y promovido la narrativa de la transformación. La épica del inquilino de Palacio Nacional parte de haber recibido el mandato lampedusiano plus: que las cosas cambien para continuar igual, pero con una vuelta más, que las cosas cambien para volver a la etapa de la hegemonía por razones patrióticas, donde la Patria tiene identidad e interés partidario.
¿Estamos ante una transformación? Más bien estamos ante la reinstauración de un modelo de mando y control con ingredientes renovados y actualizados: control de los medios públicos de comunicación y propaganda ilimitada, dura presión a los medios privados de comunicación, ejercicio clientelar de las políticas y el gasto públicos y celebración de comicios sin equidad en la competencia para obtener el barniz de la legitimación, que no el reconocimiento del adversario en condiciones de competencia democrática.
Si bien es elusivo el contenido de la transformación anunciada pues no hay más gesta que la denostación del credo neoliberal -entendible y vendible-, sin objetivos de gobierno más allá de la retórica sobre las personas más vulnerables y los programas de subsidios directos para su gasto personal y familiar, en el ocaso del casi sexenio a cargo del fundador de Morena lo que se aprecia son muestras de descomposición, o una transformación para la degradación por el incumplimiento del orden jurídico.
No es sólo simbólico que el Ejecutivo Federal y quienes desempeñan funciones en la administración pública a su cargo rindan protesta de que habrán de cumplir la Constitución y las leyes. Es noción básica y propia del Estado moderno que el poder se ejerce con sujeción a la ley; o, dicho de otra forma, sólo la ley puede ser fuente de ese ejercicio, en el acceso y en el desempeño.
A esta idea se opone la de representar la auténtica voluntad popular, pues entonces la ley queda subordinada a ese mandato y a quien lo tiene conferido. La subversión del principio de legalidad; los valores y propósitos inscritos en las leyes se rinden a la decisión del mandatario, quien en virtud del respaldo popular se coloca por encima del orden legal.
Y aparecen con facilidad y celeridad las muestras de la descomposición, bajo el hilo conductor de la violación a la ley. Si el gobierno no se sustenta en la legalidad, esa cultura le es extraña. Hay muestras que se descubren y agudizan con el paso del tiempo: los elementos sobre el entramado de asignación de contrataciones públicas en los ámbitos federal y local a personas vinculadas con los hijos del presidente de la República, la tragedia de las personas desaparecidas, la muerte de personal en formación para la seguridad pública y la intromisión gubernamental en el proceso comicial y ahora en las campañas electorales.
Las grabaciones no reclamadas como falsas y los contratos no denunciados como inexistentes en torno a adquisiciones de material y de bienes que se aduce por los participantes obedecen a la intervención de esos integrantes de la familia del Ejecutivo, requerirían de una investigación imparcial. Y sólo una mal entendida concepción de compartimentos impenetrables por razones de no promover la mayor acción de los medios de comunicación independientes o motivos peores de temor o intereses creados, ayudarían a comprender la condición solitaria en la que por estas acciones informativas quedan Latinus y Carlos Loret de Mola. Pero la descomposición está presente: podrá seguirse la pista de una nueva comalada de millonarios al amparo de esta administración.
El fracaso en la prevención de la llamada desaparición de personas por la acción de grupos de la delincuencia organizada y el esclarecimiento de lo ocurrido y la investigación para sancionar a las personas responsables, se convierte en disputa sobre las cifras y el alegato de que no eran correctas. Al gobierno federal no le ha interesado actuar para evitar ese delito o para presentar a los responsables, sino afirmar que la información sobre la dimensión del fenómeno obedece al ánimo de sus adversarios por demeritarlo. La cuenta y la búsqueda son indispensables, pero más la acción contra los generadores de esa violencia y las indagatorias exitosas en torno a lo sucedido y quiénes merecen ser sancionados. La descomposición está presente: de miles de personas víctimas del delito de desaparición que la presidencia reconoce, ¿cuántos podrán ser esclarecidos?
La muerte de siete personas en el adiestramiento para ingresar al Ejército o la Guardia Nacional se inscribe en lo que aparece como un abuso de los mandos en el centro de formación; no un accidente, no un riesgo de la actividad programada, no un súbito cambio de las condiciones climatológicas para comprometer la integridad personal de los discentes. Se presume que hay responsables de varios delitos, donde llama la atención uno muy propio de los institutos armados: la desobediencia por apartarse de una instrucción, que consiste en no hacer actividades al margen del programa de formación; y el complemento de que hay una práctica indebida cuando el secretario de la Defensa Nacional convoca a los mandos en territorio para “ordenar” que no se someta al personal en formación a la “potreada”. Bueno, el término empleado no se inventó sólo. La descomposición está presente: ¿si no se respetan los derechos del personal en formación, se hará con las personas ajenas a los institutos armados?
La pertinaz e incesante violación al deber de imparcialidad y neutralidad en el proceso electoral de las personas militantes y simpatizantes del partido en el gobierno a cargo de instituciones públicas, en primer lugar el presidente de la República, con émulos como el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien aduce ejercer el derecho de réplica a lo afirmado por el candidato de la coalición PAN, PRI y PRD en el debate del domingo anterior, olvidándose que se ejerce con respecto a medios de comunicación y no a candidatos. La descomposición está presente: para conservar el poder no importa si se viola la Constitución.
El ánimo por sostener la retórica de un país en transformación no alcanza a ocultar la descomposición básica emanada de negar a las personas la mínima certeza de que el gobierno respetará las leyes.