Una de las tareas principales de todo gobierno es estimular el crecimiento económico y mejorar la infraestructura del país, para ello destina año con año una buena parte de su presupuesto en la inversión en obras públicas. La propia legislación establece los mecanismos de lo que se llama la planeación del desarrollo, conteniendo una visión centrada en el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, derivada de la cual se formulan los planes y programas de infraestructura enfocados en sectores clave, desde transporte hasta energía, salud y educación.
Cada gobierno además de atender lo que se puede considerar como necesidades básicas, dirigiendo la inversión a áreas como la expansión y modernización de carreteras, la mejora de sistemas de transporte público en las principales ciudades, instalaciones sanitarias y educativas, también suele tener prioridades en obras públicas algunas veces necesarias y otras no tanto, de tal suerte que se puede distinguir a muchas administraciones por las mega obras realizadas, como lo han sido presas, puentes de grandes dimensiones, sistemas hidráulicos, puertos de gran calado, zonas turísticas y lo que durante varios sexenios se planeó (y lamentablemente no se concretó) un nuevo aeropuerto para la ciudad de México.
Sin duda los recursos que se destinan a la inversión pública son significativos. Durante la presente administración el monto ejercido pasó de 971 mil millones de pesos en 2019 a un presupuesto aprobado para 2024 de 1.11 billones de pesos, un 13.3 por ciento mayor en términos reales y que equivale a 12 por ciento del presupuesto total del gobierno para este año que es de 9.07 billones de pesos. Lo que deja claro que se ha dado mayor relevancia a gasto especialmente social.
Una conducta que suele ser característica de los gobiernos al planificar y ejercer los recursos para inversión en obra pública es realizar proyectos que, son insuficientes, que no demuestran una utilidad indiscutible y lamentablemente están salpicados de vicios, ineficiencias y corrupción. Muchas obras terminan siendo elefantes blancos costosos, innecesarios y que en poco tiempo empiezan a evidenciar sus deficiencias, prácticamente se construyen ruinas. Ninguna administración escapa de ello.
En el caso del actual gobierno, se tienen obras insignia como son el Tren Maya, la Refinería Olmeca, el Aeropuerto AIFA y el Corredor Transoceánico. Todas estas obras comparten dos características indiscutibles, han sobrepasado el presupuesto original y no han mostrado aún resultados positivos.
Por ejemplo, el Tren Maya originalmente tendría un costo de entre 120 y 150 mil millones de pesos, pero al quinto año y aún no terminado se calcula que el costo será de al menos 500 mil millones, el triple de lo proyectado, obra que carece de plan maestro, estudios de factibilidad técnica, de costo-beneficio, de retorno de inversiones y mucho menos planes de mantenimiento y ampliación.
En el caso de la refinería las estimaciones de PEMEX señalan que costará al menos 16 mil 816 millones de dólares, cuando inicialmente (en 2019) se publicitó un monto de 8 mil millones. Cabe añadir que la propia SENER ha indicado que será en 2028 cuando alcance su máximo nivel operativo.
El aeropuerto por su parte no ha conducido a que se descongestionen las operaciones del AICM, en parte por su tamaño, pero principalmente por su falta de conectividad. Es un proyecto que no sólo careció de planeación, ha sido producto de la falta de visión.
La falta de visión de futuro y planeación lleva a que muchas obras terminan rebasadas en sus alcances y no resuelven la problemática que demanda su construcción. De igual forma el cortoplacismo de los gobernantes ha impedido construir visiones de largo plazo y políticas públicas que apuntalen el desarrollo. La planeación en el ámbito gubernamental se ha dejado de lado y es necesario retomarla.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®