Uno de los temas centrales del primer debate de las tres candidaturas a la presidencia de la república fue el de la transparencia y el combate a la corrupción. Ciertamente la estructura y los tiempos del ejercicio no permitieron profundizar en las propuestas; sin embargo, dos asuntos nos quedaron claros: la corrupción subsiste (a pesar de que el presidente haya anunciado su fin) y las propuestas sólo se enfocaron al nivel más tangible del fenómeno corruptor, la tramitología.
La corrupción es un asunto prácticamente cotidiano y es un fenómeno multinivel, desde la mordida que se da para evitar una multa de tránsito o acelerar un trámite que en un curso normal llevaría tiempo, hasta los grandes y multimillonarios acuerdos transaccionales que se dan entre el gobierno y los proveedores de bienes y servicios, el moche es el mismo, la cuantía es la diferencia. La corrupción es un tema de valores cuya incidencia es muy difícil de cuantificar.
La mejor aproximación que se tiene sobre cuánto cuesta la corrupción proviene de la medición que hace el INEGI y que sólo se enfoca al monto promedio de las transferencias que en forma de mordidas los encuestados aceptan haber pagado alguna vez en su vida. El organismo calculó que en 2023 la corrupción manifestada en pagos, trámites o solicitudes de servicio tuvo un costo de 11,911.6 millones pesos; en promedio, cada ciudadano tuvo que desembolsar 3,368 pesos, lo que significó un aumento respecto del 2021, si bien desde 2019 ha venido decreciendo (excluyendo 2020 cuando la pandemia estaba en su apogeo y el encierro obligó a no realizar trámites).
Si bien la cantidad aparenta una relativa importancia, no está fuera de orden plantear que es apenas una ligera referencia de lo que podría ser el verdadero tamaño del fenómeno, es la punta del iceberg. Estudios como el de “Mexicanos contra la Corrupción” lo estima en 43 mil millones de pesos y algunos otros hace años lo estimaban en un equivalente al 10 por ciento del PIB.
Otro indicador del nivel de corrupción en el que se percibe al país es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Según el organismo, en 2023 México obtuvo un puntaje de 31 de 100 (el indicador va de 0 que significa altamente corrupto a 100 que significa muy limpio), esta calificación se ha mantenido constante desde 2020 y su mejor registro fue en 2014 cuando alcanzó 35/100. El país se ubica en el lugar 126 entre los 180 países evaluados. Cabe señalar que somos el miembro de la OCDE peor evaluado.
En el debate las propuestas se centraron en reducir la fuente de corrupción que significa llevar a cabo trámites en diferentes ventanillas de atención a la ciudadanía y a las empresas mediante la digitalización de los procedimientos. Ciertamente muchos servicios ya se realizan sin contacto con un burócrata, pero habría que profundizar en temas como el costo y los recursos necesarios, si ello implica reducir personal y si todos los ciudadanos tendrían acceso a medios digitales; sin olvidar por supuesto la corrupción que se da a nivel de calle con policías e inspectores, estas prácticas difícilmente se podrán digitalizar.
El siguiente nivel en la escala multinivel y que apenas se esbozó en el debate fue el de las contrataciones de gobierno. En este contexto la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas básicas que, a pesar de ser parte de la ley, esta administración ha decidido no usarlas; 80 por ciento de los contratos públicos se entregaron por adjudicación directa en 2023, lo que marca una tendencia creciente en el actual sexenio. De igual manera organismos de la sociedad civil han documentado ampliamente los recovecos de plataformas como Compranet y otras plataformas digitales.
Las licitaciones a modo, pero lo más importante, las no licitaciones y la entrega de contratos sin el más mínimo filtro, empresas de reciente creación y otros factores que son violaciones a las leyes establecidas y el marco normativo al cual todos debemos estar sujetos, han sido parte del actuar cotidiano de esta administración.
Asuntos como la designación del estatus de “seguridad nacional” para evitar transparentar los contratos de obras públicas encargadas a las fuerzas armadas, lamentablemente no se abordan con profundidad, pero dará de que hablar sobre todo si se modifica la Ley de Amparo para evitar que se puedan combatir jurídicamente la ejecución de obras públicas, que representan miles de millones de pesos del erario.
Si combatir la corrupción en un escenario de profundo arraigo y de evidente aceptación de la propia ciudadanía a nivel de calle es bastante complicado; más lo es combatir la corrupción de los altos niveles especialmente desde dentro, es por tanto indiscutible dotar de mayores capacidades a los organismos autónomos de vigilancia y dar verdaderas muestras de voluntad política.
México no podrá aspirar a ser un país moderno y con visión de futuro si no resolvemos el problema de la corrupción. Debemos tomar conciencia que la transparencia y la rendición de cuentas deben darse al amparo de organismos ciudadanos, autónomos y de un Poder Judicial que debe hacer valer la Ley.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®