En medio de un ambiente de inseguridad creciente, con una serie de incumplimientos a los protocolos establecidos en artículo 142 de la Constitución de Guerrero, el legislativo envió a la primera ejecutiva guerrerense el listado de 32 aspirantes a la Fiscalía General del Estado y las perspectivas indican que volverá a ser un militar quien ocupe el cargo.
Después de que el 7 de marzo fuera asesinado Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Escuela normal Rural “Isidro Burgos”, el Gobierno de Guerrero envió un oficio al Congreso del Estados solicitando destituir a Sandra Luz Valdovinos Salmerón como encargada de la Fiscalía guerrerense.
En el oficio en cuestión fueron señaladas varias causales graves para la destitución de la fiscal. En la nueva convocatoria que emitió el congreso guerrerense, se estableció que el pleno conformará una lista de 10 candidatos, los cuales enviará al Poder Ejecutivo para su revisión y este a su vez tendrá 10 días para regresar una terna al Congreso, los cuales deberá comparecer ante el legislativo.
Pero la lista de 32 aspirantes no tuvo depuración “porque la Constitución no establece el mecanismo para hacer una depuración y al enviar solo diez se podía incurrir en discriminación y todos son elegibles, No está cerrada la opción a que el designado sea un militar, justificó Citlali Calixto, presidenta de la Jucopo.
En el listado completo de las candidaturas, se incluyeron cuatro mujeres y 28 hombres dos de ellos con formación militar, cuatro servidores públicos en funciones, y al menos nueve ex funcionarios.
También figura Jesús Zamora Muñoz, tiene formación militar. De acuerdo con los registros periodísticos, en 2012 fue nombrado fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales en Guerrero, y lo removieron en 2015 por omitir que era parte de un proceso abierto contra 18 militares por delitos de desaparición forzada, abuso de autoridad y homicidio en contra de Saúl Becerra Reyes, “El Cholo Fresa”, a quien detuvieron en el 2008 en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua.
Zipacná Jesús Torres Ojeda, coronel y vice fiscal de Investigación que sustituyó a Sandra Luz Valdovinos Salmerón, hoy ex fiscal cuando solicitó una licencia de seis meses, y que fue cesado en cuanto la servidora pública decidió no tomar el periodo de receso que había requerido ante el Congreso local; aparece en el número cinco de los candidatos.
El actual encargado de la FGE, después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda cesó a Sandra Luz Valdovinos Salmerón, Gustavo Romero Rosas, es el 21 de la lista de inscritos.
Fue fiscal de Terrorismo, y de Delitos contra la Salud en la SIEDO de la anterior Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, coordinador general, director de Prevención del Sistema de Adolescentes, y director del Sistema de Prevención y Reinserción Social en Sinaloa; asesor jurídico de la Guardia Nacional y director general de Defensoría de Oficio, entre otros cargos.
Mención especial es el caso de Jaime Kahan Hernández, exabogado general de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y uno de los 32 aspirantes a fiscal general del estado por la serie de irregularidades e inconsistencias en su expediente. Es la tercera ocasión en que se presenta como aspirante a la Fiscalía, a propuesta del PRD y Evodio Velázquez Aguirre, exalcalde de Acapulco, quien lo habría beneficiado con una base en el ayuntamiento, donde se presume que aún cobra presuntamente sin acudir a trabajar, y también estaría en la nómina del gobierno del estado.
Además de esto, devenga una fuerte suma salarial en la Uagro como profesor de tiempo completo, pero aparentemente sin dar clases, bajo la protección del ex rector José Alfredo Romero Olea y del actual rector Javier Saldaña Almazán.
Kahan Hernández exhibió siete títulos profesionales, que habría obtenido mientras fue funcionario universitario presumiblemente de manera irregular. Por ejemplo, es licenciado en administración de empresas por una escuela desconocida con sede en Ometepec, y al mismo tiempo ostenta el título de licenciado en criminología y criminalística por un plantel ubicado en Veracruz. Además cuenta con una maestría en derecho penal acusatorio y criminalística que cursó en Ometepec, pero asimismo es maestro en administración por la Uagro, que habría obtenido cuando fue director de Administración Escolar, antes Servicios Escolares, el área encargada de tramitar los títulos.
Kahan Hernández tuvo hasta 10 asistentes en la Uagro, de quienes se sabe, ya fueron despedidos, por sospechas de venta de espacios, calificaciones y títulos.
Por años, Guerrero ha sido clave para economías criminales y actividades como el narcotráfico y la extorsión. Fue epicentro de cultivos de marihuana y de amapola, tránsito para drogas que viajan a Estados Unidos, además en uno de sus puertos ingresa cocaína desde el sur del continente.
Los colectivos Tachinollan y Minerva Bello, además de los seguidores de 43 consideran que los militares a cargo de la procuración de justicia han sido una decepción.
Guerrero es una de las seis entidades que concentran el 47.6 por ciento de los homicidios del país. En la entidad la violencia se ha mantenido permanente por la fragmentación de organizaciones criminales y nexos entre diversas autoridades con integrantes del crimen organizado, lo cual permite deducir que la mano de las autoridades federales, tomaran la decisión por encima de la autoridad estatal en favor de un militar el cual muy posiblemente será Zipacná Jesús Torres Ojeda.
A partir de finales de 2006, la situación se agravó aún más, cuando La Familia Michoacana comenzó a incursionar en Tierra Caliente. Desde entonces, inició en la región una escalada violenta que no ha logrado controlarse a pesar de los múltiples operativos que han desplegado las autoridades federales y estatales.