El secuestro y asesinato de la menor Camila Gómez Ortega que desató un linchamiento en Taxco es una de las expresiones más graves de la crisis de inseguridad que vive en Guerrero cuyos niveles de autoridad terminaron confrontados y los partidos políticos le dieron un sesgo electorero al caso y se tomaron decisiones que no ofrecen soluciones como la remoción de Doroteo Eugenio Vázquez, titular de la secretaría de seguridad municipal, tras haber asegurado que el descuido de la mamá de la menor, por no vigilarla, incidió para que Camila fuera privada de su libertad y posteriormente asesinada
El hecho es que los linchamientos ponen en relieve la falta de capacidades del Estado, para mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza y el control sobre el territorio, garantizando la aplicación de la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas, que son síntomas de una crisis de autoridad e institucionalidad.
La incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, dirige el hartazgo e impotencia de los ciudadanos, ante una realidad que las vulnera y lastima, para que incurran en acciones violentas en contra de aquellos que consideran o suponen, cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen.
Pero la justicia por mano propia no es la mejor de las decisiones, puesto que es un acto irracional, como toda acción conducida por las emociones y si el propósito es llamar la atención sobre la falta de justicia, los actos desencadenados por la violencia irracional terminan siendo de injusticia.
La versión de la madre indica que el 27 de marzo, Camila fue a la casa de Ana Rosa para jugar en una alberca inflable con su hija menor. Al ir por la menor, tres horas después, Ana Rosa Díaz Aguilar, madre de la niña con la jugaría Camila, le dijo que no había llegado. La buscaron, pero no la hallaron.
Fue hasta que una vecina les enseñó videos que grabaron las cámaras colocadas en su domicilio. Ahí vieron que Camila sí llegó a la casa de Ana Rosa y después cómo la mujer y otro hombre, identificado como José Ricardo Amado Gaytán, salen de su casa cargando un bote con ropa y una bolsa negra de plástico, bajan hasta la avenida Los Plateros, echan el bote y la bolsa a la cajuela de un auto y se fueron en él.
Esa tarde, recibió una llamada para extorsionarla y amenazarla, la niña fue secuestrada. Los delincuentes le exigieron 250 mil pesos por el rescate.
Al día siguiente Camila fue encontrada sin vida el 28 de marzo en una de las carreteras que comunican a Taxco con otras ciudades. Posteriormente se supo que varias cámaras de seguridad captan el momento en que el cuerpo se depositó en el cofre de un automóvil.
La última imagen que se tiene de la pequeña es la captada por una cámara de vigilancia donde se le observa correr por un callejón de Taxco, a las 13:00 horas del pasado 27 de marzo.
Esa noche pobladores de Taxco, arremetieron contra la camioneta de la policía, en donde ya se encontraba la mujer que todo el mundo señalaba como culpable. El auto de los oficiales se detuvo porque la multitud no le abría el paso.
Las personas se amotinaron sobre el vehículo, sacaron a la mujer y la llenaron de golpes hasta dejarla casi desnuda y muerta sobre el pavimento.
Videos y fotos que circularon en redes sociales muestran a elementos de la policía municipal expectantes, Mario Figueroa Mundo, alcalde Taxco dijo que “eran muchos y los policías eran pocos, por eso no se les pudo detener pero además aseguró que no recibió apoyo del gobierno estatal y que la gobernadora jamás le tomó la llamada.
Francisco Rodríguez Cisneros, director general de gobernación del estado aseguró que cuando estaban dialogando con los familiares un grupo de entre 10 y 15 personas incitaron al linchamiento generando una situación de violencia, además sostuvo que el gobierno del estado siempre estuvo en contacto las autoridades municipales.
El hecho es que para a niñez de Guerrero, la pobreza es terrible pero la violencia es fatal, no solo de la situación de violencia intrafamiliar en que se desarrollan los menores sino también de las amenazas a que están expuestos. Año con año se registran desapariciones de menores en la entidad guerrerense la mayoría de los cuales han sido encontrado muertos.
En Guerrero se tiene un 20 por ciento de casos de pedofilia con turismo sexual, y que el gran número de personas que se ven inmiscuidos en pornografía infantil son extranjeros.
Cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica señalan que el año 2022 se registraron 17 denuncias ante el Ministerio Público por casos de corrupción de menores.
Además por usos y costumbres, hay un alto número de menores obligados a contraer matrimonio, lo cual es una simulación de la compra-venta de niñas y niños.
Por si fuera poco en dos ocasiones la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en la comunidad indígena Ayahualtempa, ha integrado grupos de niñas y niños, para armarlos y enfrentar a la delincuencia. El caso más reciente ocurrió en enero de este año.
Los linchamientos son actos ilícitos, que debilitan las instituciones democráticas, violentan Derechos Humanos y más que constituir una forma de justicia, contribuyen a debilitar o imposibilitar el acceso a la misma.