Uno de los saldos más negativos del resultado electoral del 2018, tanto en la mayoría absoluta de los votos emitidos a favor de la coalición encabezada por Morena para la presidencia de la República, como en la obtención de más de la mitad del Senado (69 escaños) y de la Cámara de Diputados (308 curules), fue el contrapeso limitado de las oposiciones -aún antes de la adición del PVEM- en el Poder Legislativo.

Por un lado, se alimentó la narrativa del mandato del Ejecutivo sin la incorporación de las minorías para la conducción de la Nación -sin la pluralidad- por la contundencia de la comparación de los votos por la presidencia y la “claridad” de la encomienda al líder del movimiento triunfante; y, por otro lado, a partir de la composición final de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, se actuó sobre la base de haber alcanzado la mayoría calificada en San Lázaro.

Es el preámbulo de la identificación y la parcial duración de la cohesión en el Senado del Bloque de Contención que iniciaría su actuación con los acuerdos -al final sin cumplimiento por el gobierno y sus mayorías parlamentarias- para la reforma constitucional de la Guardia Nacional. La actuación conjunta de 43 integrantes del Senado impide las reformas constitucionales sin acuerdos amplios en la pluralidad y permite recurrir a la acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte invalide las leyes contrarias a la Norma Suprema.

Este es el escenario de la resonancia del Poder Judicial de la Federación para atender la función del control del Ejecutivo y de sus mayorías afines en las Cámaras -el freno-, a través del análisis y resolución sobre sus actuaciones con base en la Constitución; Ley Fundamental que a partir del 2011 asumió como la esencia del eje rector del ejercicio del poder el imperio de los derechos humanos y su interpretación consistente como universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.

La Corte cobra protagonismo en la escena pública por su función de freno a los excesos y abusos presidenciales que pretendían anclarse no sólo en su representatividad de la voluntad popular, sino en el carácter de intérprete exclusivo de su contenido para la acción pública.

Si por pretendida inspiración ideológica la diversidad de pensamiento no cabe, el diseño político no pondera el sustento de la legitimación democrática del acuerdo y su ausencia conduce al papel protagónico de la judicatura con medios para invalidar y rectificar las acciones del gobierno federal, entonces la cuestión para el inquilino de Palacio Nacional fue la captura del freno; la captura de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.

No me detengo, pero enuncio; con inspiración homóloga se hallan el diseño y la ejecución de la captura de los organismos constitucionales autónomos y de los órganos reguladores coordinados en materia energética.

Bajo la premisa de alinear los poderes públicos a la voluntad presidencial, el primer paso es el entendimiento para la renovación de la presidencia de la Corte para 2019-2022. Le siguen la postulación y elección de personas “afines” para los relevos previsibles, aunque subestimaron la integridad de dos de las personas electas por el Senado, el ministro González Alcántara y la ministra Ríos Farjat. En ese tránsito, la presión para generar una vacante no prevista con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, la pretensión de prorrogar al ministro Arturo Zaldívar en la presidencia de la Corte, el reclamo a integrantes de la Corte propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador que aplican la Constitución por encima de los intereses del Ejecutivo Federal y la generación de una nueva vacante imprevista que emblematiza la polarización política al grado de llegar a la hipótesis de la designación presidencial por falta de acuerdo con las oposiciones.

A pinceladas, pero son episodios de la disputa por el Poder Judicial que ya llegan al proceso electoral; y cómo no iba a ser si quien lo presidió con voluntad y actuaciones afines a los intereses políticos del Ejecutivo de la Unión renuncia a la Corte para incorporarse a la campaña presidencial del partido oficial y se le confía la propuesta de reforma al Poder Judicial.

Y no es que no se requieran planteamientos para mejorar el acceso a los órganos de impartición de justicia y, en general, su funcionamiento y su eficiencia y eficacia, sino que el propio encargado de esa reforma es quien dijo haberla hecho en 2021 y fue reconocido por ello en Palacio Nacional, al tiempo que su inquilino ha propuesto la elección de quienes integran la Corte por voto popular y la candidata del gobierno lo ha asumido como una de sus directivas.

Estamos ante la polarización excluyente impulsada por el líder real de Morena y el ánimo por repetir los resultados electorales de 2018 -o acercarse lo más posible-, el amago de la denuncia de juicio político contra la presidenta de la Corte, ministra Norma Piña Hernández, por cumplir con la obligación de que se investigue la denuncia (cuando la normatividad permite reservar la identidad de quien o quienes la formulan) y las consecuencias de la ruta presidencial por sacudirse el freno del Poder Judicial de la Federación y, aún más, dominarlo como una fase más de la concentración de poder en la Silla del Águila.

Es una batalla con estaciones ciertas a partir del resultado de los comicios. El llamado Plan C -mayoría calificada en las cámaras para Morena y sus aliados- ha sido ajustado: es reforma constitucional y enjuiciamiento político a la presidenta de la Corte; si hay mayoría absoluta en el Senado no se logra el dique contra las acciones de inconstitucionalidad de las oposiciones, incluida la eventual impugnación de la reforma en curso para suprimir la suspensión en el amparo contra normas generales y actos de disposición de bienes del dominio público de la Federación, pero sí para repetir la fórmula de la designación de dos vacantes en diciembre entrante y lograr cinco votos para impedir la invalidación de leyes inconstitucionales impugnadas por las minorías. Adiós al freno.

Se está reduciendo el espacio para la pluralidad y para los frenos y contrapesos entre los poderes. La disputa por el Poder Judicial es una faceta más de la encrucijada entre el populismo autoritario o la democracia plural.