Si el país ha continuado en la tendencia al alza de la violencia criminal en todo lo que va del siglo; si el número de homicidios dolosos rebasa en este casi sexenio la cifra acumulada del anterior período presidencial, para rebasar 180,000 muertes bajo esa cruenta y dolorosa expresión; si se le ha confiado a las Fuerzas Armadas la participación constitucional temporal en tareas de seguridad pública; si la Guardia Nacional es de hecho una corporación de inspiración y mando militar bajo la férula del secretario de la Defensa Nacional, no carece de sustento afirmar que el Estado mexicano -los tres órdenes de gobierno- fracasa en el cumplimiento de las obligaciones de generar e imponer, con el uso legítimo de la fuerza, condiciones de seguridad, tranquilidad y paz para la población.
Si el país está ensangrentado y agraviado por la actuación de la delincuencia de mayor peligro porque afecta pertinazmente la vida y la integridad física y psicológica de las personas, resultaba harto previsible que la amenaza al Estado mexicano no entraría en pausa por el proceso electoral, sino que se intensificaría. Hubo y ha habido decenas de advertencias y muchos elementos para la adopción de medidas que impidieran el quebranto de la integridad electoral por esa causa.
Sin embargo, por muy lamentable que parezcan, la inteligencia, capacidad de prever y disposición gubernamental para actuar no mostraron la sintonía necesaria con el problema.
En el contexto pueden distinguirse dos actitudes de la clase política que han hecho mucho daño:
(i) la incapacidad para ubicar a la seguridad pública, la seguridad interior e, incluso, la seguridad nacional, como tareas que necesariamente han de atenderse por encima de las legítimas diferencias de pensamiento político, más allá de las reivindicaciones partidistas y con visión y compromiso de Estado; y
(ii) la incapacidad para trascender una falsa apreciación del federalismo en las tareas de seguridad pública, pues en vez de la corresponsabilidad y la cooperación para atender una responsabilidad que compete a los tres órdenes de gobierno, de acuerdo al color partidista del gobierno en la esfera municipal o en la esfera local, el gobierno federal se solidariza o reprocha, y similar situación ocurre entre lo local y lo municipal cuando el origen partidista de las autoridades ejecutivas no coincide. Las personas ciudadanas no son un tercio municipal, otro local y otro más federal. A cada orden de gobierno compete por igual que disfruten de condiciones de seguridad.
Ante el incumplimiento de los ofrecimientos y compromisos del Ejecutivo Federal para resolver de tajo y luego paulatinamente los problemas de inseguridad, en particular el control territorial que ejercen las bandas criminales en diferentes regiones del país y la renta que por distintas vías extraen de las comunidades, es lógico que la seguridad sea el tema más relevante para las campañas de quienes compiten por la presidencia de la República. Puede ser complicado para una candidatura y útil para las otras dos, pero como país es un mal augurio si nos alejamos de la posibilidad para construir el gran acuerdo nacional para la seguridad pública que hace rato se requiere.
Revisemos algunos saldos de la confrontación política de estos años en la materia: incumplimiento del compromiso plasmado en la Constitución para establecer y consolidar la Guardia Nacional como institución policial civil de la Federación; incumplimiento generalizado del compromiso, también plasmado en las normas transitorias de la reforma para el surgimiento de la Guardia Nacional, a fin de financiar corresponsablemente entre la Federación y las entidades federativas la refundación y fortalecimiento de las instituciones policiales locales; incumplimiento extendido del compromiso de someter a la delincuencia vinculada a la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes y psicotrópicos. El resultado es negativo. La disputa por el tema en la lógica de la competencia electoral por el poder no será acercarse sino alejarse de la solución.
¿Vale la pena prolongar el debate sobre las causas y los efectos de la delincuencia de mayor violencia? No hay mucho espacio para donde hacerse, hay que atender y combatir unas y hay que investigar y sancionar otros. ¿Podría la clase política pluripartidista y sujeta a contextos regionales distintos, dialogar sobre los qués, los cómos y los cuántos? Habría que plantearlo y explorarlo por el bien de la Nación.
Sólo olvidando el clima de avance territorial de las bandas delincuenciales ligadas primariamente a las drogas ilícitas podríamos soslayar el asesinato de la señora Gisela Gaytán, candidata de Morena a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, como la cruenta y trágica confirmación no sólo de la inseguridad sino de la aspiración delincuencial por afirmarse y ampliarse cada vez más en el control de estructuras gubernamentales.
Ante la magnitud de ese desafío, ¿tiene sentido la actitud de discutir sobre peticiones de seguridad, el trámite otorgado y a quién correspondía resolver la petición? ¿No deberíamos mejor reflexionar sobre la aspirina que se recetó a quien tiene una herida que puede ser letal?
Por interés político gubernamental se negó el problema de la grave amenaza de violencia de los grupos delincuenciales en los procesos electorales, y se adoptó una forma de solución inadecuada por la total reticencia a enfrentar el auténtico diagnóstico. ¿Si no hay instituciones policiales municipales y locales debidamente integradas y lo que se ha formado es una Guardia Nacional militar, era razonable decir que para las candidaturas a 629 puestos la Federación se haría cargo porque son federales y para las candidaturas a más de 19,000 puestos los municipios y las entidades federativas asumirían la responsabilidad, porque son de esos ámbitos?
Los protocolos de atención establecidos -que no son del INE porque no es su función, como tampoco sería la recaudación necesaria para pagar los gastos del proceso electoral- soslayaron la dura realidad de la amenaza de la delincuencia a los procesos políticos. Para aquélla el control territorial, base de la producción y tráfico de las drogas y puerta al dominio de otras actividades delictivas es objetivo estratégico permanente. Cambiar la tendencia demanda ese gran acuerdo nacional para la seguridad pública.