Hace ya una década (en 2014) se incluyó por primera vez en nuestro texto constitucional el principio de paridad en la postulación de candidaturas. Años después (en 2018), como resultado de la primera elección que se llevó a cabo con ese mandato de paridad en la postulación de candidaturas, se integró por primera vez en la historia de nuestro país una legislatura formalmente paritaria (autodenominada “Legislatura de la paridad de género”). Esa legislatura, nos llenó de esperanza cuando el seis de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma de la “Paridad en todo”. Sin embargo, algo pasó en el camino, y dejamos la esperanza del 2018 y nos quedamos con el desasosiego del 2024.

Así, el 30 de abril concluyó formalmente la LXV legislatura, una de las peores legislaturas de la historia reciente en nuestro país; donde una  mayoría abyecta redujo el trabajo del legislativo a ser un mero empleado o emisario del Ejecutivo federal; supuestos legisladores que sistemáticamente violaron la Constitución, el estado de derecho y que tuvieron el cinismo de presumirlo y evidenciarlo descaradamente con la visita (y la foto para la historia) a Palacio Nacional para que AMLO les agradeciera su “lealtad”. Estos pseudo legisladores, se van con la nula dignidad con la que “legislaron” estos seis o tres años (senadores y diputados respectivamente), pues incumplieron mandatos constitucionales, emitieron leyes regresivas y reformaron la Constitución con objetivos mezquinos, con la única finalidad de complacer al Tlatoani de Macuspana.

Independientemente del servilismo de la mayoría de legisladores, estos se van incumpliendo importantes tareas que como legisladores tienen encomendadas constitucional y legalmente. A manera de ejemplo de estas omisiones, podemos referirnos a los ciento treinta nombramientos pendientes por parte del Senado, en diversos órganos, incluidos los constitucionales autónomos como el INAI, pero de manera destacada en todos aquellos referidos a la justicia electoral, sobre todo en el ámbito local y que ponen en riesgo la integridad de las elecciones; pues están pendientes 49 nombramientos en tribunales electorales (2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal; 6 magistraturas de Salas Regionales del Tribunal Electoral; y 41 vacantes de tribunales locales).

Esta omisión e irresponsabilidad del Senado pone en riesgo las elecciones, pues este proceso electoral sin duda tendrá una alta tasa de impugnaciones, lo que derivará en una sobrecarga de trabajo dado el bajo número de funcionarios electorales y por ende las dificultades de alcanzar consensos en los órganos colegiados. Todo esto representa grandes obstáculos para dar certeza a los resultados de las elecciones.

Adicionalmente, las y los legisladores de la 4T en la recta final del periodo ordinario de sesiones le dejaron de regalo a AMLO la aprobación de tres reformas: la de amparo, la de amnistía y la de pensiones. Se trata de reformas para limitar las facultades de las personas juzgadoras y aumentar el poder presidencial. Las tres reformas se procesaron en menos de un mes, no fueron materia de foros, ni mucho menos se convocó parlamento abierto; y fueron aprobadas solamente con los votos del bloque oficial (y servil) conformado por Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De estas últimas reformas, la de la Ley de Amparo y la Ley de Amnistía tuvieron como cámara de origen al Senado y al senador Ricardo Monreal, como responsable de la presentación de las iniciativas. En tanto que la llamada reforma en materia de pensiones, tuvo como cámara de origen a la Cámara de Diputados y a los diputados Ignacio Mier e Ivonne Cisneros, de MORENA, como responsables de la presentación de la propuesta de reforma.

Las dos primeras están pendientes de ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación; en tanto que la reforma de pensiones; es decir el Decreto del Fondo de Pensiones del Bienestar, se publicó (a manera de broma macabra) el pasado 1° de mayo (Día del Trabajo). Por tanto la oposición  tiene treinta días contados a partir del 2 de mayo para promover la acción de inconstitucionalidad e impugnar esta reforma que no obstante haberse anunciado desde el oficialismo como una reforma que permitirá a las y los trabajadores pensionarse con el 100% de su salario, lo cierto es que, con independencia de muchos otros problemas, en realidad los trabajadores se trata de una reforma inconstitucional que crea el llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar con cuyos recursos se busca dar un “complemento” a los montos de retiro de algunos trabajadores. Los beneficiarios serán empleados del sector privado que comenzaron a cotizar en el IMSS a partir del 1° de julio de 1997 y a los del sector público que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde abril de 2007.

Este Fondo concentrará recursos fundamentalmente de pensiones y fondos de vivienda que no hayan sido reclamados por trabajadores del sector privado de 70 años o más y del público de 75 años. Así, entre el 22 y el 25 de abril, la Cámara de Diputados y el Senado, avalaron el paquete de seis reformas y la derogación de una séptima para armar un marco legal a modo a este Fondo del Bienestar recientemente publicado en el DOF. La reforma obliga a las Afores, al INFONAVIT, a PENSIONISSSTE, FOVISSSTE o “las administradoras donde estén” a transferir de manera automática y sin resolución judicial, los fondos no reclamados de las personas de 70 y 75 años respectivamente. De acuerdo a información oficial tan sólo esos ahorros de los trabajadores permitirán una bolsa inicial de 40,000 millones de pesos, a administrarse por el Fondo de Pensiones del Bienestar.

La reforma a la Ley de Amnistía (vigente desde 2020), añadió un nuevo artículo, para establecer que “por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento, en casos específicos que reúnan las siguientes condiciones”.

Para ello, se incluyeron dos supuestos, el primero “que la amnistía se otorgue a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado Mexicano”; y el segundo, que la amnistía se otorgará si en contra de la persona o personas a las que se conceda se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito.

Por tanto, será facultad de la persona titular del Ejecutivo Federal decidir qué es relevante para el Estado y qué información considera que tiene el carácter de “elemento comprobable”. Además, se podrá aplicar para “cualquier delito” y la persona no quedará sujeta a ningún procedimiento judicial. Tampoco será necesario que haya sentencia emitida, y el Ejecutivo quedará eximido de sujetarse al mecanismo ya previsto por esa ley para los casos de amnistía, según el cual es el Poder Judicial el que valora, da la última palabra y extingue la acción penal. En suma, con esta reforma se otorgó al Ejecutivo una facultad que no está prevista en la Constitución.

Respecto a la reforma a la ley de amparo en este mismo espacio he mencionado ya en un par de textos dedicados exclusivamente a ello, el retroceso que la aprobación de la misma significa, puesto que establece que tratándose de juicios de amparo tramitados sobre la inconstitucionalidad de normas generales (o actos de gobierno), en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.

Esto significa que se limita gravemente a las personas juzgadoras para resolver de manera efectiva sobre la suspensión fundamentalmente cuando se trata de violaciones a derechos difusos y colectivos, o cuando se afectan derechos como el medio ambiente sano, el derecho a la salud, a la educación, etcétera.

Al cierre de esta legislatura de la sumisión; y de cara a la jornada electoral del 2 de junio, lo más grave es atestiguar desde la ciudadanía como en los hechos volvemos a los tiempos más obscuros de nuestro México, aquellos tiempos del partido hegemónico, vertical y autoritario que aplastaba a las minorías y a quien nada ni nadie se le podía oponer.

A fines del Siglo XX se logró poner fin a ese régimen y se empezó a construir una democracia constitucional y de derechos que sirvió para la llegada de la oposición (incluida la de MORENA en el 2018) a la Presidencia de la República y sobre todo la alternancia democrática. Ojalá este 2 de junio las y los ciudadanos votemos por la democracia, los contrapesos, los derechos y las libertades. Y, sobre todo, ojalá que nuestras representantes estén a la altura de las demandas ciudadanas.