En fechas recientes y como el año pasado, el país ha sufrido de intermitentes interrupciones en el servicio eléctrico que no sólo han dejado a las viviendas de los mexicanos sin servicios y amenidades que dependen de la energía eléctrica, también empresas e industrias están sufriendo las consecuencias de los apagones. Sin embargo, hay otros apagones que el gobierno actual ha implementado que en el corto plazo podrían dejar a la economía nacional en una lúgubre situación.
Los problemas de sobrecarga que han colapsado al sistema eléctrico nacional se pueden adjudicar directamente al apagón que la actual administración le dio a la reforma energética de 2013 lo que ha llevado a que no se haya incrementado la capacidad instalada de generación eléctrica durante el sexenio —según el Sistema de Información Energética, la capacidad instalada de la CFE y los Productores Independientes (PIE), entre 2019 y 2022 apenas se incrementó en 2,000 Megawatts— junto a ello la inversión privada quedó materialmente bloqueada al darle preferencia en el mercado a la CFE y la red de transmisión y generación se ha visto rezagada por falta de inversión.
Habría que agregar asimismo el apagón que por miopía se dio al horario de verano, que permitía suavizar la curva de demanda en épocas de altas temperaturas. El problema en el futuro inmediato es si tendremos la capacidad para satisfacer la demanda producto de la relocalización de empresas que se situarán en el norte del país, una de las más demandantes de energía.
El sistema nacional de salud ha sido otro de lo que han sufrido un apagón durante este sexenio. El Sistema de Protección Social en Salud y su instrumento operativo el Seguro Popular creado en 2003, estaba enfocado a financiar la prestación se servicios y provisión de medicinas a la población abierta, a través de los sistemas estatales a los que se les trasfería el 89 por ciento de presupuesto; el federal (para segundo y tercer nivel) con el fondo para gastos catastróficos (8 por ciento del presupuesto) y servicios privados; financiado principalmente con recursos presupuestales y una parte mínima de cuotas de los afiliados, durante su existencia el presupuesto destinado se incrementó 210 por ciento en términos reales.
Ciertamente el sistema no era el ideal en atención y cobertura y su estructura financiera no mostraba buena salud, pero su sustitución por el a todas luces fracasado INSABI, dejó entrever que fue sólo una ocurrencia que dejó a 54 millones de personas sin acceso a servicios de salud, como le consigna la ENIGH de 2022, lo que genera pobreza por carencias sociales.
En el sistema educativo el principal apagón se dio con la desaparición del sistema de evaluación con la extinción del INEE, lo que devino en la ausencia de evaluación de la preparación y desempeño de los maestros, pero también de la generación y provisión de información que permitiera implementar mejoras en el sistema educativo, consecuencias sin duda han sido el bajo aprovechamiento y el aprendizaje limitado que se ha puesto en evidencia con la aplicación de pruebas estandarizadas como el ejercicio PISA, puesto recientemente en la palestra.
Si bien la contra reforma educativa que daba por cancelada la de 2012, se basa en establecer y garantizar el derecho a la educación a todos los niveles, su cumplimiento está quedando en entredicho al menos en lo que se refiere al presupuesto insuficiente que se ha destinado a la materia, el cual en lo que va del sexenio se ha incrementado apenas 2.98 por ciento en términos reales y representa el 2.96 por ciento del PIB frente al estándar internacional que propone destinar entre el 4 y 6 por ciento del producto. Cabe señalar que el bajo nivel educativo también es condicionante de pobreza por carencias sociales.
Finalmente y no menos importante, el apagón a la infraestructura logística que significó la cancelación del NAICM en Texcoco, más allá de los costos financieros de haber desperdiciado el avance que se tenía cercano al 35 por ciento, del pago de contratos, la recompra de bonos monto que la ASF estimó en 113 mil millones de pesos (después de ajustar su primera evaluación), del costo de construcción del AIFA (74 mil millones) que a fuerza de decretos se pretende mantener operativo, y del costo y servicio de la deuda contraída y garantizada con el TUA y que se seguirá pagando por varios años más, actualmente no contamos con una solución al problema de saturación del AICM, ni a la creciente demanda de servicios que se tendrán que atender en los próximos años. Cabe recordar que el gobierno propuso como alternativa a la cancelación, la creación de un sistema aeroportuario (AICM-AIFA-AITOL), del cual ya no se habla ni para el próximo sexenio.
La falta de visión de largo plazo y las ocurrencias ausentes de una planeación seria, obligan a poner en la balanza los avances y retrocesos que han significado las políticas y acciones implementadas por el gobierno que está por terminar. En la próxima administración mucho se tendrá que corregir y otro tanto que fortalecer, para que no sigamos a obscuras.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®