La localización de Salvador Rangel Romero, obispo emérito de la diócesis Chilpancingo Chilapa, disipó lo que se perfilaba como una crisis política, pero los cabos sueltos y los actores del caso despiertan suspicacia e inquietud.
El prelado se ha desempeñado como mediador en la búsqueda de la paz en la región, actuando como un puente entre diferentes facciones, incluidos grupos criminales por lo que tras el comunicado que envío el episcopado mexicano el 29 de abril, se pensó que la privación ilegal de la libertad pudo ser orquestada por cualquiera de los grupos delincuenciales.
Acusando de inacción y complicidad al Gobierno, obispos y sacerdotes de las cuatro diócesis de Guerrero pactaron con capos del narco. Los grupos del crimen organizado se expandieron en la entidad debido a lo que él llamó un “vacío de poder”.
Rangel fue crítico del gobierno de Héctor Astudillo, priista, y en su momento Florencio Salazar, secretario de Gobierno, solicitó a la Secretaría de Gobernación que interviniera. También ha criticado al gobierno de Evelyn Salgado, morenista y ha cuestionado en general las relaciones entre políticos y grupos delictivos.
Jacinto González Varona dirigente de Morena, dijo entonces que con el entonces secretario general de Gobierno analizaban la presentación de una denuncia contra el prelado ante la secretaría de Gobernación.
El 21 de abril de este año, los cuatro obispos de Guerrero hicieron a las autoridades a que garanticen paz en las elecciones y que eviten que las organizaciones del crimen organizado se inmiscuyan en el proceso electoral.
“Ante la situación de inseguridad, violencia, extrema pobreza, desigualdad social, polarización política debemos participar para encontrar juntos la solución y evitar que grupos de poder o políticos las usen como oportunidad para manipular el voto y la vida ciudadana” indicó el comunicado que circuló en la fecha señalada.
Además, exhortaron a las autoridades electorales a cuidar la legalidad del proceso antes, durante y después de las elecciones, además de cuidar que la delincuencia organizada no incida en los comicios a través de presiones ilegales a candidatos y a la ciudadanía, ni en el financiamiento de partidos y de candidatos.
En febrero de este año, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Jesús González, declaró que él y sus tres homólogos se reunieron por separado con distintos jefes del crimen organizado, para que estableciera una tregua que finalmente no fue aceptada por las partes.
Salvador Rangel y el sacerdote Filiberto Velázquez informaron que los jefes de las organizaciones criminales Los Ardillos, Los Tlacos y la Familia Michoacana acordaron, pactar una tregua en los municipios de la Zona Centro de Guerrero y que ellos mediaron para hacerlo posible.
Los pactos con dichas agrupaciones no son de caballeros sino de intereses y en muchos casos las facturas resultan demasiado altas y las determinaciones cuando muestran inconformes con el proceder del solicitante del pacto son fatales, irreversibles.
Meses atrás Rangel Romero declaró: “Estoy amenazado y hasta sentenciado a muerte, yo no sé si por el gobierno o estos capos, pero yo sigo en la línea”,
Y es que Rangel, siguiendo la tradición del sacerdote Máximo Gómez, ha utilizado métodos poco convencionales, como pedir los números de teléfono de los captores para establecer un diálogo y buscar soluciones pacíficas.
Rangel Mendoza es originario de Tepalcatepec, Michoacán, donde nació el 23 de abril de 1946. El seminario menor de los Operarios del Reino de Cristo, fue el punto de arranque de su carrera religiosa y posteriormente en el seminario de la Orden de Frailes Menores, ingresando en la orden franciscana en la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán.
Fue obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa del 2015 al 2022, al retirarse fue nombrado Obispo Emérito. En ese periodo los grupos que dominaron en el territorio guerrerense fueron Los Tequileros que asoló la región de Tierra Caliente entre 2015 y 2017 hasta que fue asesinado su líder, Raybel Jacobo de Almonte, originario del poblado San Antonio de La Gavia, perteneciente a ese municipio.
Guerreros Unidos, grupo que surgió poco después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, el 16 de diciembre de 2009, durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Cuernavaca, Morelos. Ambos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.
La Familia Michoacana, cártel que opera en al menos siete de los municipios que conforman Tierra Caliente y liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Pez” y “El Fresa”.
Cartel Jalisco Nueva Generación encabezada por hermanos Abraham, así como Antonio, “Tony Montana.
Los rojos, banda surgida tras la debacle del clan de los hermanos Beltrán Leyva, dirigida por Santiago Mazari Hernández, alias ‘El Carrete”, detenido en 2019 al igual que on a quien había tomado el bastón de mando, Zenén Nava Sánchez, mejor conocido como ‘El Chaparro’. Lograron dominar por completo el mercado de drogas en Oklahoma City (en el estado de Oklahoma), comparten territorio con el poderoso Cartel de Sinaloa en la ciudad de Jackson (Mississippi) y se suman a otros narcotraficantes que operan en Dallas (Texas).
Durante su estancia en la diócesis Chilpancingo Chilapa, el obispo promovió que el gobierno dialogue con los grupos delictivos y medió para que entre ellos acuerden treguas, la más reciente en la capital del estado en febrero pasado.
El obispo emérito, fue privado de la libertad el 27 de abril en la noche en Jiutepec, Morelos, y estuvo cautivo, presuntamente víctima de secuestro exprés, hasta la tarde del 29, cuando fue localizado internado en el Hospital General de Cuernavaca.
En varios medios se especuló con la posibilidad de que los captores del obispo lo hubieran drogado. Incluso algunos diarios señalaban que el religioso había dado positivo por cocaína y benzodiacepinas, el primero excitante, el otro sedante. También decían que estaba golpeado.
En 2022, trascendió que varios funcionarios del gabinete de Cuauhtémoc Blanco estaban ligados con grupos delictivos como Los Rojos y/o Gente Nueva, al igual que Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos. También figuraron cuatro diputados locales emanados del PRI, con nexos con Los Rojos y/o Gente Nueva.
Las especulaciones continuaron el 30 de abril, se mencionó que Rangel padece un mal cardiaco mientras otras versiones se refirieron a su salud mental. En este caso hay varios cabos sueltos.