El lunes por la mañana, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que ya tenía los resultados de las encuestas que se habían practicado para conocer la postura del “pueblo” relativa a la reforma judicial. La encuesta la realizaron 3 casas o comisiones encuestadoras: De Las Heras, Enkoll y la comisión de encuestas de MORENA. Como es de todos conocido la idea de las encuestas surgió con posterioridad a la suma de declaraciones de varios actores relevantes vinculadas con el tema de la reforma judicial y sobre todo con la urgencia de aprobarla en septiembre próximo. Así, en menos de 5 días surgió la idea de hacer una consulta, se implementó la logística necesaria para llevarla a cabo, se aplicó la encuesta, se obtuvieron los resultados y se hicieron públicos, sin demasiadas sorpresas.

Por ejemplo, ante la pregunta sobre la percepción de corrupción en el poder judicial, entre el 15 y 20 por ciento de las personas encuestadas dice que todos los ministros, jueces y magistrados son corruptos, entre el 38 y el 44 por ciento dice que la mayoría son corruptos; y entre el 34 y el 26 por ciento dice que pocos son corruptos y solamente el 5 y 2 por ciento dice que ninguno es corrupto.

A la pregunta de ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del poder judicial de la federación?, entre el 75 y el 68 por ciento dijo que por elección del pueblo de México; entre el 24 y el 29 por ciento por el Poder Judicial de la Federación y el resto no contestó; y ante la pregunta ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en la creación de un órgano independiente al poder judicial de la federación que vigile, investigue, sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? entre el 89 y el 85 por ciento dijo que de acuerdo; y entre el 9 y el 7 por ciento dijo que en desacuerdo. Por último, ante la pregunta por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿es necesario que se lleve a cabo una reforma al poder judicial o no? Entre le 83 y el 77 por ciento dijo que si, entre el 14 y el 12 por ciento dijo que no. Si se revisa la muestra, y sumando las 3 encuestas, se encuestó a menos de 4 mil personas en todo el país; esto es, el 0.003 por ciento de la población será referencia para tomar una decisión que impactará a más de 128 millones de personas.

Sabemos que las encuestas no tienen peso jurídico alguno (no son vinculantes), todo es meramente político. Sin embargo, el dato más relevante de la famosa encuesta es que en promedio, solo el 48 por ciento de los encuestados, conocía sobre las reformas al poder judicial propuestas por AMLO ¡menos de la mitad! Este resultado de alguna manera desmitifica el que una de las razones por las que la gente votó mayoritariamente por MORENA es por su convicción de la necesidad de reformar al poder judicial o de impulsar el llamado Plan C.

Además de la insistencia del presidente López Obrador; la propia Claudia Shienbaum, en su encuentro con legisladores electos de MORENA, PT y PVEM, confirmó que entre las reformas constitucionales a votarse en septiembre está la reforma al poder judicial. La ruta hacia la aprobación de la reforma judicial, en el Congreso en septiembre próximo, dará inicio con un primer foro nacional para: ¡difundir el contenido de la iniciativa! Esto confirma lo que las encuestas ya nos habían dicho, la gente NO conoce la reforma. La gente NO votó por esta reforma. Tan es así que apenas se va a difundir el contenido de la iniciativa. En términos del proceso legislativo el pasado 18 de junio el partido MORENA (con el respaldo de la oposición), logró que se aprobara el dictamen con el que se exhorta a la Cámara de Diputados a ampliar el diálogo con los sectores involucrados en el análisis de la reforma. Posteriormente se acordó la realización de foros nacionales y 24 reuniones estatales a cargo de los senadores electos a realizarse entre el 26 de junio y el 6 de agosto.

La reforma al poder judicial fue propuesta inicialmente por AMLO en febrero pasado, y la virtual presidenta electa ha dicho que no se trata de una reforma autoritaria; ni es una intentona de intervenir o someter al poder judicial; sin embargo, la reforma entre otras cosas plantea el despido masivo de todas las personas impartidoras de justicia federal; para posteriormente sustituirlas por unas personas juzgadoras que se van a elegir a través de las urnas. Personalmente sostengo que los jueces constitucionales son cargos técnicos, y que por ende no deben ser electos popularmente. Se debe optar por la identificación y posteriormente nominación de los perfiles más adecuados para ocupar esos cargos.

El problema realmente no es la forma en que se realizan los nombramientos; sino quién es la persona sobre la que recae ese nombramiento y cuál es su entendimiento del papel de los jueces constitucionales. Los jueces constitucionales están llamados a ser impopulares, muchas de sus decisiones son contra mayoritarias, de ahí que la elección popular desnaturaliza la función del juez constitucional. Lo más importante es que las personas juzgadoras tengan independencia, no le deben lealtad, gratitud ni mucho menos subordinación a quien lo postula o a quien lo nombra, su compromiso es con la Constitución y solo con ella. Son cargos que trascienden o deben trascender los períodos de quienes los postulan; de ahí que la independencia y su autonomía plena, debe ser no solo de los poderes sino también de los poderes fácticos y del crimen organizado.

Pero, ¿por qué nos debe preocupar una reforma como la planteada, si según la percepción generalizada, la impartición de justicia es desastrosa para todas las personas? fundamentalmente porque la percepción desastrosa de la justicia no se refiere a la justicia federal, porque esta no es la que llega al grueso de la población; sino más bien se trata de la justicia local; y lamentablemente la justicia local está en el olvido. Y esta propuesta de reforma tampoco la toca, solamente pretende llevar el tema de la elección por voto popular a los poderes judiciales locales como si eso fuera el problema. Los poderes judiciales locales son los más olvidados, lo más corruptos, y los que tienen menos presupuesto, no obstante ser los encargados de resolver el 85 por ciento o más de todos los asuntos que se judicializan en este país; esto es, la conflictividad de la cotidianeidad toca el sistema de justicia local; esos sistemas de justicia local están colapsados y nadie ha tenido hasta ahora, la vocación política para solucionar esta enorme problemática. Para los justiciables, después de lo tortuoso y colapsado que se encuentra lo local; al final del túnel saben que habrá un juez federal, todo mundo sabe que por lo menos existe el amparo, existe la justicia federal.

Y sí, llegar al sistema federal es mucho más complejo. Incluso hay un límite vinculado con capacidades económicas, pero ninguna de estas distorsiones se resuelve con el contenido de esta iniciativa de reforma al poder judicial. La justicia federal sirve también para brindar certezas. De suerte que sustituir a los juzgadores federales que son los más técnicos, los que más capacitación han tenido, por unos que vienen de las urnas, generará distorsiones y mucha incertidumbre jurídica. Palpable desde luego en el mundo financiero y empresarial. Y los mercados importan.

Si queremos modificar el tema del acceso a la justicia y de la justicia en general, lo que se deberían plantear las y los legisladores al debatir esta iniciativa de reforma judicial es ¿cuál es el problema que se quiere resolver?, según el presidente es la corrupción de las personas juzgadoras. Si ese es el diagnóstico, habría que medir realmente la magnitud del problema, cómo operan las redes de corrupción y cuáles son los mecanismos que permiten que, a pesar de que apenas en 2021 se aprobó una reforma judicial cuyos ejes eran precisamente el combate a la corrupción y al nepotismo; esta siga presente.

Sin duda hay cierto grado de corrupción, vaya, el propio PJF ha hablado de corrupción, ha hablado de las redes que desde el interior vulneran la autonomía y la independencia de las personas juzgadoras. Las personas juzgadoras han hablado y mencionado como es que son presionados y esto tiene que ver con facultades que desde arriba les puede controlar con premios y castigos (readscripciones, sanciones, remociones).

¿Por qué y para que esta reforma entonces? ¿por qué dañar a un sistema (como el federal) que funciona bien o razonablemente bien? Si lo que se quiere es una verdadera reforma al sistema de justicia hay que repensar el acceso desde la justicia local. Espero que haya convicción democrática, mensura y templanza al interior de la Cámara de Diputados para procesar esta iniciativa como nos merecemos. Es cierto que las mayorías calificadas son o significan un cambio de régimen político, sin embargo, no deben traducirse en ausencia de límites al poder. Ojalá haya la suficiente convicción política para que incluso con las super mayorías subsista el sistema de frenos y contrapesos.