En este mismo espacio hemos hablado brevemente de la iniciativa de reforma al poder judicial federal incluida dentro del paquete de iniciativas presentada por el titular del Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024; esto es, en el último periodo de sesiones ordinarias de la LXV Legislatura, en la que, si bien MORENA y sus partidos aliados (PT, PVEM y el PES en el Senado) contaban con mayoría simple, los votos no eran suficientes para alcanzar la mayoría calificada que requieren las reformas constitucionales.
Esto último cambiará a partir del 1º de septiembre que inicie el primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, toda vez que derivado de los resultados de la jornada electoral del pasado 2 de junio, MORENA y sus partidos aliados tendrán la mayoría absoluta (real o de facto). Lo mismo ocurrirá en las 24 entidades federativas que gobernará MORENA.
En la ceremonia de presentación de dichas iniciativas, el presidente sostuvo que: “Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional”.
De estas reformas, esta semana los Diputados y Senadores de la Comisión permanente anunciaron un punto de acuerdo para dar trámite prioritario a cinco iniciativas, dentro de la que se encuentra de manera destacada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial propuesta (reforma al PJF), pretende modificar los artículos 17, 20, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 107, 110, 111, 116 y 122 .
Desde que se presentó dicha iniciativa se ha señalado que el objeto de la misma consiste en reformar el sistema judicial mexicano e incorporar en la Constitución salvaguardas y mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de las Ministras y Ministros de la SCJN, las Magistradas y Magistrados de Circuito, las Juezas y Jueces de Distrito y las Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de quienes integran los órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación. Adicionalmente, se dice que propone modificar el diseño y la estructura de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial con el objetivo de garantizar su autonomía, independencia y especialidad técnica, así como desligar la función jurisdiccional de las tareas estrictamente administrativas que inciden en el nombramiento y formación de jueces y magistrados; la creación de nuevos órganos jurisdiccionales; el manejo del presupuesto de toda la estructura del Poder Judicial; además de las funciones sancionadoras y de disciplina del personal, que hoy se encuentran a cargo de la presidencia de la SCJN y de consejeras y consejeros de la judicatura.
Además, esta semana AMLO ha señalado en diversas ocasiones que el corazón de la reforma al poder judicial está precisamente en la elección de jueces, dice que eso es un irreductible y que se pueden discutir otras cosas en los foros o consultas que se hagan al respecto, como la permanencia del Consejo de la Judicatura, la duración del encargo o incluso el tema de los salarios, pero a elección por voto popular No. Claro que esto dijo el presidente saliente, carismático y poderoso sí, pero saliente. Y lo que ha dicho no coincide necesariamente con la postura que ha mostrado la virtual presidenta electa, la doctora Sheinbaum Pardo, quien nos ha dicho que se debe discutir ampliamente la reforma.
Pero, ¿cuál es el contenido de la multicitada iniciativa de reforma al poder judicial? La reforma propone sustancialmente lo siguiente: a) una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que incluye la reducción del número de Ministras y Ministros, de 11 a 9 integrantes; la reducción del periodo de su encargo, de 15 a 12 años; la eliminación de las dos Salas, para que la SCJN funcione únicamente en Pleno; la eliminación de la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros ministros y ministras; y el que sus remuneraciones se ajusten al tope máximo establecido para el Presidente de la República, sin excepción; b) la elección por voto popular de Ministras y Ministros, Magistradas y Jueces.
Para ello la iniciativa propone que en 2025 se realizará una elección extraordinaria para renovar a todos los Ministros, Jueces y Magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones; c) la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos órganos con funciones distintas, a saber: un Tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial; d) en cuanto al régimen transitorio, la iniciativa prevé que las Ministras y Ministros la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Magistradas y Magistrados de Circuito, las Juezas y Jueces de Distrito, las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las Consejeras y Consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a su entrada en vigor concluyan su encargo en la misma fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria que se celebre para la renovación de los cargos de mando del Poder Judicial de la Federación.
Por otro lado, se propone que periodo de las Ministras y Ministros que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre durará ocho, once y catorce años, por lo que vencerá el último día de agosto del año 2033, 2036 y 2039 para cada tres de ellos.También se señala que los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación.
Adicionalmente en la reforma se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales. Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Se establece que los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes. Respecto al tema de los Fideicomisos del Poder Judicial, la iniciativa señala que una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones paras el Bienestar.
En cuanto a las razones que según el presidente López Obrador justifican la necesidad de la reforma judicial, encontramos básicamente un argumento reduccionista, esto es, que “los jueces son corruptos y obedecen a intereses económicos perversos, no sirven al pueblo y no imparten justicia”; de ahí que deban ser electos por voto popular para que obedezcan al pueblo. Más allá de lo falaz del argumento, el diagnóstico parte de graves errores o medias verdades. AMLO responsabiliza (por lo menos a nivel discurso y así se desprende de la iniciativa) a la SCJN y al poder judicial federal de cosas que son responsabilidad de poderes judiciales locales y de las fiscalías.
Es un hecho que a la gran mayoría de las personas los temas de acceso a la justicia les duelen, pero realmente no les interesa el poder judicial federal; pues la gran mayoría de los justiciables que han debido acudir a Tribunales, consideran que la labor judicial es ineficiente, corrupta y lenta, e ignoran que esos Tribunales locales son una esfera aparte del PJF.
Muchas cosas han cambiado desde el pasado 5 de febrero. AMLO va de salida; tenemos virtual presidenta electa y el 1° de septiembre se instalará formalmente la LXVI Legislatura con una mayoría absoluta de MORENA y partidos aliados. Se ha dicho que la reforma al poder judicial es prioritaria y que como tal se organizarán desde ya foros para que se discuta de manera amplia la reforma, para que se conozca, pero sobre todo se percibe la intención de legitimar la reforma.
Se ha dicho que no se trata de un albazo, pues se ha venido socializando desde el 5 de febrero en que fue presentada por AMLO y que Claudia Sheinbaum la hizo suya. También se ha señalado que el pueblo votó por la reforma al poder judicial el pasado 2 de junio; de suerte que se tiene la legitimación democrática para hacerla. Al respecto la virtual presidenta electa ha destacado qué por tratarse de una reforma de estado, es importante socializarla y discutirla. Ha intentado de una y mil maneras brindar tranquilidad a los mercados internacionales destacando que es su convicción democrática el no avasallar o imponer su voluntad; de ahí su apertura al debate.
Personalmente quiero confiar en que si lo que verdaderamente se pretende lograr es “una mejor justicia para todas y todos los mexicanos”; si verdaderamente se trata de mejorar la justicia finalmente se puede hacer si se toca la justicia local y el tema de la procuración de justicia. Han pasado apenas tres años desde la última reforma constitucional al poder judicial federal, en ese entonces se dijo que la reforma “no es, ni pretende ser, ni podría ser una reforma integral de la justicia mexicana”.
Se dijo que para lograr una reforma integral de la justicia mexicana, necesariamente implica la intervención de otras muchas entidades y niveles de gobierno; así como una profunda reflexión cuando menos respecto a la justicia local y a la procuración de justicia. En esta ocasión MORENA tendrá en su poder mayorías absoluta en Diputados, prácticamente absoluta en el Senado y 25 gobernaturas con sus respectivos congresos locales, quizá habría que aprovechar esas mayorías para reformar la justicia local, acabando con los cotos de poder los gobernadores y sus compadrazgos con los presidentes de los tribunales locales.
La justicia local, la que afecta a más del 85% de quienes acuden a los tribunales está colapsada. La justicia federal tiene otras áreas de oportunidad, pero la gran reforma al poder judicial debería de estar enfocada en lo local y en la procuración de justicia. Esa si sería una verdadera reforma integral de la justicia mexicana con visión de personas. MORENA tiene la mayoría necesaria para aprobar cambios sustanciales, pero la politización de la justicia es un riesgo real. La independencia del Poder Judicial es fundamental para el Estado de Derecho. Un debate amplio y reflexivo es esencial. No debemos apresurarnos ni aprovechar mayorías momentáneas para decisiones que pueden comprometer la justicia en México. La reforma judicial debe construirse sobre el consenso, la prudencia y el respeto a nuestras instituciones. Confió en que las y los legisladores de la LXVI legislatura así lo harán.