La iniciativa de reforma al poder judicial presentada en febrero por el presidente de la República fue tomada originalmente como una argucia con fines electorales; sin embargo, con el pasar de los acontecimientos, se ha tornado en un muy probable hecho consumado para septiembre de este año.
No cabe duda que el Poder Judicial requiere de una reforma que garantice la correcta impartición de justicia y el estado de derecho; no obstante, la reforma como está planteada solo generará gran desconfianza y tendrá efectos negativos en los tomadores de decisiones económicas.
Un sistema de impartición de justicia fuerte que garantice el cumplimiento del estado de derecho en todos los ámbitos es capaz de generar un ambiente de confianza y con ello, un entorno propicio para el crecimiento económico al garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, el cumplimiento de contratos y la protección de los derechos de propiedad.
La eficiencia operativa de los mercados económicos (financieros, crediticios, seguros y fianzas, compra-venta y otros) descansa fundamentalmente en el cumplimiento efectivo de los contratos lo que reduce lo que en economía se conoce como riesgo moral.
Estudios empíricos sustentan el planteamiento de que un sistema de justica eficiente y confiable fomenta el desarrollo económico al atraer inversiones productivas. Los inversionistas nacionales y extranjeros necesitan de un marco y andamiaje institucional que garantice el cumplimiento de contratos y asegure el respecto a los derechos de propiedad.
En la primera de las aristas, si la garantía se cumple —especialmente en mercados financieros—, se reducen significativamente los costos de transacción; mientras que en el segundo se busca tener la seguridad de no enfrentar expropiaciones del gobierno o avasallamientos de corporaciones poderosas.
De lo que no hay evidencia positiva es de la correlación entre un sólido andamiaje de instituciones de impartición de justicia y una menor corrupción. Lamentablemente nuestro país suele quedar en lugares nada honrosos en las diversas mediciones que se realizan sobre la calidad y respeto al estado de derecho y en la percepción sobre la corrupción institucionalizada y su debido combate.
En este contexto, el planteamiento de que el sistema de justicia requiere ser transformado para eliminar las desviaciones producto de las actitudes y procedimientos contrarios a la ética y a la legalidad de los impartidores de justicia, y que influyen en la capacidad y confiabilidad del poder judicial para resolver litigios, amparos y acciones de inconstitucionalidad, toma relevancia, pero sobre todo prioridad.
Ahora bien, la iniciativa presentada por el gobierno actual y que ha adoptado el recién electo, se enfoca en cuatro aspectos: 1) nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2) elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces; 3) sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un par de órganos nuevos; y 4) nuevas reglas procesales. Los dos primeros están basados en la percepción de que los ministros, magistrados y jueces al ser “electos por el pueblo”, por ese solo hecho serán inmunes a la corrupción, nada respalda tal aseveración y presenta un peligroso panorama de politizar al poder judicial.
En el caso de la desaparición del Consejo de la Judicatura tiene en principio potencial para introducir mejores controles que eliminen las prácticas corruptoras; sin embargo, dependerá de lo que dispongan las reglamentaciones secundarias en lo relativo a los procedimientos de denuncias, seguimiento, evaluación del desempeño y medidas disciplinarias, si se avanza en el combate a la corrupción o sólo se vuelve un proceso burocrático y engorroso que entrampe las resoluciones y fallos.
A pesar del inicio de foros de análisis y discusión sobre la iniciativa de reforma al poder judicial, los cuales podrían tener una auténtica utilidad para conformar un cambio útil, aceptado y acatado por todos los entes involucrados, la práctica del actual gobierno de “no moverle una coma a la propuesta original”, pone en entredicho la real posibilidad de contar con una próspera reforma.
Veremos si el nuevo gobierno electo tiene la fuerza, determinación y visión de largo plazo para sacar una reforma adecuada a las necesidades del país o se verán superados por la política de imposición que hasta el momento ha imperado en las decisiones legislativas.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®