La mayor deuda que tenemos los mexicanos es con nuestra población marginada que, pese a todos los esfuerzos realizados por el gobierno del presidente López Obrador, todavía constituye el problema esencial de la nación. La explicación está en la historia de un modelo de organización social que durante muchas décadas ha privilegiado a determinados sectores sociales en el país. Todo ese proceso llevó a los resultados que la mayoría de los mexicanos conoce y reconoce: una alta inequidad que debe ser enfrentada con una verdadera transformación histórica.

Esta inequidad se percibe en uno de los planos decisivos de la vida mexicana: el que se refiere a la educación. Para decirlo pronto, el 46 por ciento de los habitantes en nuestro país sufre un mayor o menor rezago educacional. De esta cifra, que nos convoca a las reflexiones serias y a las acciones intensas, se deriva que solamente el 76 por ciento de la población entre los 3 y los 15 años se encuentra cubriendo los niveles básicos.

De los 6.4 millones de niños o adolescentes que deben estudiar los grados elementales, medio millón de ellos no tienen ningún acceso a las escuelas.

También, tres de cada diez mexicanos de la población indígena, la más vulnerable en nuestro territorio, no acuden a los centros escolares y muchos de ellos no tienen ninguna documentación que los acredite como mexicanos en términos legales. En el mismo orden, el 20 por ciento de las mujeres u hombres con capacidades diferentes no van a las escuelas. Por otra parte, el abandono escolar tiene un alto impacto en nuestras estadísticas: de cada 10 alumnos que inician la educación básica muy pocos, entre el 1 y 2 por ciento, logra llegar a la educación media y superior.

Las niñas o niños, así como los adolescentes, enfrentan carencias en la estructura y equipamiento de los centros escolares. Un 32 por ciento de planteles de nivel secundario no tienen una planta suficiente de profesores. Un 19 por ciento de los profesores asegura que la nómina de académicos en sus respectivos centros de trabajo no puede cumplir con sus obligaciones dado su número insuficiente.

Por esas razones, para simplificar, la educación mexicana en su conjunto exige acciones a fondo y permanentes. Debemos partir de la premisa en el sentido de que para reducir las distancias en la desigualdad se requiere un conjunto integrado de acciones en la educación. La desigualdad, ciertamente, requiere de medidas fiscales para distribuir mejor el ingreso, pero en la tarea de enfrentarla no se llegará muy lejos si no se atiende el plano educacional. La movilidad social que necesitamos debe partir de un mayor y mejor rendimiento en los espacios para aprender.

En este escenario, requerimos valorar en sus dimensiones reales el anuncio hecho por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en el sentido de otorgar una beca universal para niños y niñas de las escuelas públicas. Este programa comenzará a operar en los niveles secundarios y comenzará a partir de 2025. En 2026, la cobertura se ampliará a los alumnos de preescolar y de primaria y se espera que la educación básica total reciba el beneficio de las becas un año después, en 2027. Las modalidades serán parecidas al programa llamado “Mi beca para empezar”, implementado por la Dra. Sheinbaum Pardo cuando era Jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

Cabe destacar que, en este desafío, la Dra. Sheinbaum no estará sola, pues tuvo a bien nombrar a Mario Delgado, un hombre de vasta experiencia en el ramo para ser el próximo secretario de Educación Pública y acompañar el diseño y ejecución de las políticas públicas.

Ahora se pretende beneficiar a 21 millones de niños y jóvenes. Es una acción de solidaridad social sin muchos precedentes en la historia del país. La educación, entre más factores de vigor la sustenten, será un instrumento más decisivo de equidad social en términos reales.

X: @Bonifaz49