El paro de actividades en el Poder Judicial de la Federación, iniciado el 21 de agosto, no es simplemente un hecho inédito; es una medida desesperada y legítima para proteger la independencia de nuestra justicia. Las y los jueces, magistrados y personas trabajadoras del Poder Judicial han decidido tomar esta acción extrema porque están viendo cómo una reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador amenaza con desmantelar la autonomía que garantiza que la justicia en México sea imparcial y equitativa. Este paro es más que una simple protesta; es una defensa activa y necesaria del derecho de todos los mexicanos a una justicia independiente y justa.
La decisión de convocar un paro no se tomó a la ligera. Fue el resultado de un largo proceso de análisis y deliberación dentro de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED). Esta asociación, que desde su fundación en 2002 ha representado a los jueces y magistrados en la defensa de la función de juzgar, vio con alarma cómo la reforma judicial presentada por el Presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024 fue acogida con entusiasmo por sus legisladores, sin que se ofreciera un diálogo real con los propios jueces y magistrados.
La JUFED, en su mandato de velar por los derechos de los juzgadores y por la independencia judicial, convocó a sus miembros a considerar la suspensión de labores como una medida extrema pero necesaria para proteger los principios constitucionales que sustentan la impartición de justicia en México: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Estos principios no son meros conceptos abstractos; son los pilares sobre los cuales se edifica la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Sin embargo, ¿por qué es necesario el paro? El Poder Judicial de la Federación no es solo un conjunto de tribunales y jueces; es la última defensa que tienen los ciudadanos para proteger su vida, dignidad, autonomía, bienes y libertades. Sin un poder judicial independiente, el riesgo de abuso de poder por parte de las autoridades se incrementa exponencialmente, lo que pone en peligro los derechos fundamentales de todos. La reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador no busca, como se ha afirmado, corregir errores o perfeccionar el sistema para ampliar el acceso a la justicia, especialmente para quienes más sufren la desigualdad en nuestro país. En lugar de ello, esta reforma representa un retroceso en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Entre los puntos más preocupantes de la reforma se encuentra la posibilidad de que los jueces sean seleccionados mediante voto popular, lo que abriría la puerta a la politización de la justicia. Esta medida comprometería la imparcialidad del ok Poder Judicial, ya que los jueces podrían verse presionados a tomar decisiones que agraden a una base electoral, en lugar de aplicar la ley de manera imparcial. Además, la reforma propone la destitución masiva y sin juicio previo de los actuales jueces federales y locales, una medida que claramente viola sus derechos laborales y va en contra de los principios básicos de la justicia.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) se fundó con dos propósitos esenciales: proteger las garantías jurisdiccionales de los jueces y magistrados, y defender las condiciones institucionales necesarias para la impartición de justicia en México. La JUFED ha sido un baluarte en la defensa de la independencia judicial, luchando por mantener un sistema donde la justicia no esté sujeta a los caprichos del poder político.
Las garantías jurisdiccionales—como la inamovilidad, el mantenimiento de ingresos durante el tiempo del ejercicio, y la existencia de causas precisas para la remoción de jueces—son fundamentales para asegurar que los jueces puedan desempeñar sus funciones sin temor a represalias políticas. La reforma judicial, al ignorar estas garantías, pone en peligro la capacidad del Poder Judicial para actuar de manera independiente y justa. La JUFED, al convocar este paro, no solo está defendiendo los derechos de los jueces, sino también los derechos de todos los ciudadanos que dependen de un sistema de justicia imparcial.
El paro de los jueces y trabajadores del Poder Judicial es un acto de resistencia legítimo ante una reforma que amenaza con despojar al sistema judicial de su independencia y profesionalismo. Esta medida extrema se justifica plenamente en un contexto donde no se ha permitido un diálogo real y significativo entre los legisladores y los jueces. Es la última herramienta disponible para los jueces y magistrados, quienes han visto cómo sus preocupaciones y advertencias han sido sistemáticamente ignoradas.
El paro no es solo una respuesta a la falta de diálogo; es una acción necesaria para proteger la integridad del sistema judicial y garantizar que los ciudadanos continúen contando con un Poder Judicial independiente y justo. Es un llamado de atención a toda la sociedad sobre los peligros que conlleva una reforma que no ha sido suficientemente discutida ni analizada. En lugar de fortalecer el sistema de justicia, esta reforma podría debilitarlo irreparablemente, comprometiendo la capacidad del Poder Judicial para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
El paro nacional de trabajadores y jueces del Poder Judicial de la Federación es un ejercicio legítimo del derecho a la protesta social pacífica. En un contexto político donde la imposición mayoritaria y la reducción de espacios para la disidencia se han convertido en la norma, las libertades de expresión, de manifestación de ideas, de reunión y asociación, así como la protesta pacífica, son fundamentales para equilibrar la disparidad de poder comunicativo que influye en la percepción pública.
Pretender reprimir, especialmente por la vía penal, a quienes participan en esta protesta sería repetir formas de represión y criminalización que México ya ha sufrido en épocas pasadas. Tal acción no solo sería injusta, sino también contraproducente, pues solo profundizaría la desconfianza hacia un sistema que, en teoría, debería proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Desde este espacio se hace un llamado urgente a las personas que fueron electas para integrar la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, a que generen verdaderos espacios de diálogo y escucha que tanto las personas trabajadoras como juzgadoras demandan. Es necesario garantizar el derecho a que nuestros derechos sean protegidos, y esto solo será posible si se detiene el avance de una reforma que, lejos de fortalecer al Poder Judicial, lo desmantela.
El objetivo de los trabajadores y jueces del Poder Judicial no es otro que defender nuestro derecho a contar con juzgados y tribunales que actúen de manera independiente y protejan nuestros derechos ante cualquier abuso de poder. Lo que está en juego es la integridad de una institución diseñada para limitar el poder y proteger a los más vulnerables. La voz única de un grupo parlamentario no puede, por mayoría electoral que posea, reemplazar la pluralidad de voces que componen al pueblo de México.
El futuro de la división de poderes y de México está ahora en manos de la mayoría parlamentaria, de cuya voluntad depende que esta reforma no reduzca la capacidad del Poder Judicial para proteger derechos y libertades. Lejos de apresurarse a aprobar una reforma cuestionada por quienes mejor entienden su impacto, es momento de ampliar la discusión, de abrir un diálogo serio, informado y real que atienda las legítimas demandas del pueblo de México de reformar al Poder Judicial, pero para hacerlo más eficiente y efectivo, no más cercano a los intereses de quienes tienen el poder político.
El paro en el Poder Judicial de la Federación no es una acción tomada a la ligera. Es una respuesta necesaria a una reforma que, si no se modifica, podría destruir los pilares fundamentales de nuestra justicia. Los jueces y trabajadores del Poder Judicial están defendiendo no solo sus derechos, sino los derechos de todos nosotros. Es crucial que como sociedad entendamos lo que está en juego y nos solidaricemos con ellos en esta lucha por mantener una justicia verdaderamente independiente y al servicio de todos los ciudadanos. La historia juzgará nuestras acciones en este momento crítico; asegurémonos de estar del lado correcto.