Hay ocasiones en que los diálogos no excluyen a la violencia y podrían llegar a ser un pretexto para incrementarla. A las 10 de la mañana del 6 de agosto Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, recibió a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Por la tarde otro grupo de la misma normal bloqueó la Autopista del Sol como reclamo para haberse postergado una reunión con autoridades de la secretaría de educación en la entidad a la que piden la contratación de egresados.
Si bien la reunión efectuada en Casa Guerrero tiene el potencial de ser un punto de inflexión positivo si se maneja con transparencia y compromiso. También existe el riesgo de que sea vista como un acto simbólico sin consecuencias concretas si no se traduce en acciones efectivas.
Por primera ocasión los padres de los de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014, sostuvieron una mesa de diálogo con representantes del gobierno estatal a puerta cerrada en Casa Guerrero, de la cual solo trascendió que se establecieron compromisos para que la autoridad local apoye en las investigaciones del caso y sea aliada del movimiento.
Otro de los trascendidos fue que el encuentro comenzó con reclamos de los padres hacia la mandataria, en el sentido de que tuvieron que pasar tres años para que los padres se pudieran reunir con ella.
En realidad, éste encuentro se había buscado desde 2021, tras el arribo al poder de Salgado Pineda.
En 2022 se había concretado, sin embargo, el encuentro no se llevó a cabo porque esas fechas coincidieron con la muerte de Ezequiel Mora Chora, papá del normalista Alexander Mora Venancio.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, calificó como positivo el encuentro con la gobernadora e informó que el próximo mes tendrán un segundo encuentro, pero antes habrá un encuentro previo con funcionarios de gobierno para revisar los acuerdos.
Además de que un objetivo del encuentro era que el gobierno estatal rompiera los pactos de silencio en torno al caso y que se brindara apoyo para dar recompensas a la ciudadanía que brindaría información sobre el caso.
También dijo que no podía revelar detalles de la reunión, sobre todo en lo que tenía que ver con las jornadas de búsqueda ni con las investigaciones.
“Los temas que se pusieron sobre la mesa de diálogo con la gobernadora, son un poco para que se pueda restablecer la relación, verdad, con los padres y madres de familia; hoy en día casi todas las autoridades han dado la espalda a los madres y padres de familia”.
El encuentro se realizó a puerta cerrada, y acudió una representación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP). También, estuvo presente Francisco Rodríguez Cisneros, quien es subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno. Se pudo observar entre los asistentes a Melitón Ortega, quien en los últimos años ha fungido como vocero del grupo de padres.
A las 26 horas de ese mismo día, unos 100 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa bloquearon por media hora la Autopista del Sol, en el punto conocido como el Parador del Marqués en Chilpancingo para denunciar la falta de atención de las autoridades de la secretaría de Educación.
Durante el bloqueo los normalistas se apoderaron de una decena de vehículos, pero al final de la actividad, se llevaron cinco camionetas de la Secretaría del Bienestar.
Estos estudiantes se movilizaron la jornada del lunes para exigir apoyos económicos para la escuela, así como la asignación de plazas para los jóvenes que egresarán. Primero, unos 30 normalistas llegaron las instalaciones de la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la SEG, donde lanzaron petardos y tomaron 10 camionetas oficiales: dos, tipo Hilux y una Ram de la Secretaría del Bienestar, una Ram de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), una de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Una más de la empresa Yakul, otra de pan Wonder, una más de Barcel, otra de Totis y una más de La Costeña. Del total, sólo liberaron dos camionetas de Bienestar. Advirtieron que este tipo movilizaciones se repetirían si sus exigencias no cumplidas.
En el contexto político local, durante el diálogo efectuado por la mañana de ese 6 de agosto, la presencia de la gobernadora en la reunión puede haber aportado una mayor visibilidad y atención al caso de los 43 normalistas, subrayando la importancia del problema a nivel estatal y nacional.
Un compromiso de la gobernadora con la búsqueda de justicia y la solución del caso, podría generar esperanzas entre los familiares de los desaparecidos y la opinión pública con la posibilidad de coordinar esfuerzos y recursos para avanzar en la investigación, además de identificar áreas específicas donde se necesitan acciones inmediatas.
Pero si la reunión no produce resultados concretos, podría haber desilusión y desconfianza hacia las autoridades, lo que podría agravar el conflicto. La diferencia entre el discurso y las acciones reales puede llevar a frustración entre los familiares.
En este caso, la reunión podría ser vista como una maniobra para apaciguar a la opinión pública o desviar la atención sin abordar los problemas estructurales o sistemáticos subyacentes en la desaparición de los normalistas.
Si los padres perciben que la gobernadora no está completamente comprometida o si hay una falta de claridad en las medidas propuestas, podría llevar a una escalada de las demandas y protestas. La situación volvería a ser crispante. Para los normalistas, sus actos de violencia no son un vandalismo sino una forma de exigencia hacia las autoridades.