Felicitamos a nuestro colaborador Manuel Nava,
quien fue galardonado por 50 años de ejercicio periodístico
por el Club Primera Plana.
Por considerar que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afectará la carrera judicial y la calidad de la justicia que se imparte en el país y que la elección popular de los jueces es un intento de politización de la justicia, trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Iguala, Chilpancingo y Acapulco pararon labores desde el 19 de agosto pasado.
En todos los juzgados se organizaron guardias para seguir ofreciendo el servicio a la ciudadanía. “Nadie nos manipula ni somos paleros de nadie, nos manifestamos porque es una gran mentira que la reforma judicial no va a afectar nuestros derechos como trabajadores”, señalaron.
“La justicia no puede politizarse, los jueces, los magistrados, no pueden ser electos por voto popular por mucho que voten a favor de ellos, no pueden ostentar cargos para los que no están preparados, la carrera judicial nos exige una preparación constante, tanto a titulares como a secretarios”, sostuvo Patricia Yazmín García Sánchez, secretaria del Tercer Tribunal colegiado en materia civil y de trabajo, de Chilpancingo e insistió que no pueden ocupar los cargos personas que respondan a intereses políticos.
Los manifestantes colocaron mantas y pancartas en las puertas de los edificios, con consignas contra la reforma al Poder Judicial de la Federación. «Vamos a regresar a trabajar el 2 de octubre, pero si nuestras demandas no son escuchadas vamos a seguir en paro de labores por tiempo indefinido», advirtió la de la voz.
En Acapulco, unos 600 trabajadores de los juzgados ubicados en la zona Diamante, se unieron al paro laboral en rechazo a la reforma judicial y manifestaron su desacuerdo con el proyecto de una reforma a la Constitución que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, y criticaron la realización de foros y diálogos realizados por el poder legislativo, pues los consideraron una farsa.
“Los foros y los supuestos diálogos que el Ejecutivo y el Congreso de la Unión llevaron a cabo fue una farsa, se dedicaron únicamente a realizar una campaña de desprestigio hacia la institución y a quienes laboramos en ella, nosotros debemos de frenar eso, no somos delincuentes, no estamos en contra del país”, sostuvo Maricela Gutiérrez, actuaria.
Señalaron que la independencia del Poder Judicial es “uno de los pilares sobre los que se sostiene cualquier democracia robusta. La separación de poderes garantiza que los juzgadores puedan actuar sin miedo a represalias o presiones políticos, el PJF es un contrapeso al poder del Ejecutivo y por eso los quieren debilitar.”
La decisión de irse a paro fue de los empleados de los dos gremios, que son el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación que tiene como delegada a Mariella Jaramillo Pineda, y el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio del Poder Judicial de la Federación, que dirige Vicente Iván Galeana Juárez.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación mediante un posicionamiento en el que hicieron de conocimiento de que se estaba llevando a cabo la votación entre aproximadamente mil 600 titulares y jueces, para ver si se decreta que a partir del miércoles a las cero horas la suspensión de labores.
Juana Fuentes Velásquez, jueza del Juzgado Décimo de distrito, sostuvo que “nos encontramos en un momento crucial para la democracia mexicana; se ha propuesto una reforma que, podría cambiar, la manera en que se designan a las juzgadoras y juzgadores, pretendiendo que se elijan por voto popular, lo que implica terminar con la carrera judicial que es la garantía de independencia, y perjudica, aunque se diga lo contrario, los derechos de nuestras y nuestros compañeros trabajadores” además, se corre el riesgo de politizar el sistema judicial, y que los juzgadores podrían verse obligados a tomar decisiones basadas en la popularidad, en lugar de tomar en cuenta la justicia y el derecho, vulnerando los principios básicos del estado de derecho y abre la posibilidad de que los grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales.
Indicó que los juzgadores piden a la legislatura y al gobierno entrante que detengan en septiembre el proceso de reforma, “dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada”.
Unos 50 trabajadores administrativos del Poder Judicial de la Federación de los juzgados Quinto y Noveno de distrito con residencia en Iguala, se sumaron a la suspensión de labores.
Carlos Arturo Rivero Verano Juez Noveno de Distrito, se refirió a la reforma como una “manzana envenenada”, porque “te la presentan como una democratización del Poder Judicial y lo único que se busca es quitar tu única defensa contra la arbitrariedad del poder”.
El paro se realiza porque el viernes pasado, los legisladores de Morena presentaron el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial, el cual comenzará su discusión este lunes 26 de agosto en la Cámara Diputados.
Esta propuesta tuvo más de 100 cambios a la que envió el presidente López Obrador, como que la elección de integrantes del Poder Judicial será escalonada, mientras que la de ministros de la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) y 50 por ciento de los magistrados del país se realizará el primer domingo de junio de 2025.
En opinión de los dirigentes de los paristas, septiembre del 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país, si el Congreso entrante y la futura presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas de mejor factura.