A diez años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la situación judicial sigue siendo compleja. La combinación de debilidades jurídicas y intereses políticos ha creado un entorno complejo que dificulta la resolución del caso Ayotzinapa. La lucha de las familias de los normalistas y de la sociedad civil por justicia es un recordatorio de la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial y una mayor rendición de cuentas en las instituciones del estado.

La falta de avances significativos en la investigación ha generado descontento y desconfianza en el sistema judicial. Las familias de los normalistas continúan exigiendo justicia y respuestas claras sobre lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014.

A lo largo de los años, las autoridades han planteado diferentes motivos de por qué sucedió el hecho que se mantiene como bandera política por parte de los normalistas de Ayotzinapa y como promesa de solución por parte de las autoridades y la identificación de los responsables y los móviles se mantiene en la opacidad.

La noche del 26 y madrugada de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, fueron objeto de un ataque con un saldo brutal:  9 personas fallecidas: entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura 5 estudiantes normalistas, 2 integrantes de un equipo de fútbol y 1 civil, 17 heridos y 43 desaparecidos. Alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.

Llegó a haber cerca de 150 personas detenidas por el caso, pero a la fecha más del 80 por ciento han quedado en libertad, ya sea por falta de pruebas suficientes o debido a irregularidades en su detención

La versión que parece más acercada a la realidad es que los normalistas fueron al municipio Iguala a tomar vehículos para acudir, días más tarde, a las marchas conmemorativas de la matanza de Tlatelolco en Ciudad de México, la represión estatal de estudiantes en octubre de 1968.

Con esa acción los estudiantes amenazaron parte de la logística comercial de la red de delincuentes locales: los autobuses. el tráfico de drogas, los autobuses, las rutas, apuntan a las entrañas del caso Ayotzinapa. La embestida de policías de hasta cuatro municipios contra los estudiantes, la articulación de los agentes con el grupo criminal de la región, Guerreros Unidos, y la extraña participación de la Policía Federal y el Ejército, señalados de tener un papel importante en el ataque, componen una de las capas del oprobio.

La disputa entre los carteles de Guerreros Unidos contra Los Rojos plantea dos escenarios: los normalistas se adueñaron de un camión que llevaba un cargamento de droga de sin saber de fueron confundidos con miembros de grupos criminales o si lo sabían y eso se prestó a pensar que actuaban en favor de uno de los carteles. Existe un video en el que se identifica al cochiloco señalando el autobús del cual se deberían apropiar. No se profundizó en esta línea de investigación.

La investigación inicial fue cuestionada por su falta de rigor y transparencia. Las irregularidades en la recolección de pruebas y la manipulación de testimonios han socavado la credibilidad del proceso. Se creó Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que asumió la investigación del Caso Ayotzinapa como parte coadyuvante de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos. fue un mecanismo sin precedente en el sistema de la OEA, con facultades para realizar una investigación del orden penal en México.

Solo fueron cuatro años de trabajo efectivo, ya que al finalizar su primer año y publicar su demoledor segundo informe, el gobierno de Enrique Peña Nieto pidió su salida del país. En 2023 pareció que el GEI se reintegraba a las investigaciones independiente, pero en julio de ese año el grupo señaló en un mensaje que la información se ha dado conocer solo parcialmente y las autoridades han enfrentado presiones para impedir que salga a la luz toda la verdad y AMLO sentenció: ya no les tengo confianza a los del GIEI.

La cultura de impunidad en México, donde muchos crímenes quedan sin castigo, ha sido un obstáculo importante. Esto se ve agravado por la protección que algunos actores políticos y militares ofrecen a quienes están involucrados en el caso.

La interferencia de autoridades en la justicia ha llevado a que se desestimen casos o que no se persigan adecuadamente a los responsables. Esto incluye la negativa a investigar a funcionarios de alto rango que podrían estar implicados.

La percepción de corrupción y complicidad dentro de las fuerzas del orden y el sistema judicial ha generado desconfianza tanto en las familias de las víctimas como en la sociedad en general, lo que dificulta la colaboración en las investigaciones.

La resolución del caso podría implicar revelar vínculos entre autoridades y el crimen organizado, lo que podría desestabilizar a varios niveles del gobierno. Por lo tanto, algunos actores prefieren mantener el caso sin solución para evitar consecuencias políticas.

Desde un inicio, los defensores de la causa tuvieron como slogan “fue el Estado” y el gobierno de López Obrador concluyó que fue un crimen de Estado.

La desaparición de los normalistas se convirtió un símbolo de la lucha contra la violencia, la impunidad y contra las autoridades independientemente de su filiación partidista. Algunos políticos podrían temer que una resolución que culpe a instituciones gubernamentales desate más protestas y descontento social.

La manipulación del caso por parte de diferentes partidos políticos a lo largo de los años ha sido evidente. Algunos han intentado utilizar el caso como herramienta electoral, mientras que otros lo han ignorado para evitar la confrontación con sus bases.

La comunidad internacional ha seguido de cerca el caso, lo que podría llevar a que algunos gobiernos prefieran dilatar la resolución para no enfrentar sanciones o críticas, a pesar de que la falta de justicia es un tema sensible.