Tenacidad presidencial y perseverancia militar, son los componentes para que la República esté próxima a desandar la reforma constitucional de 2019 que articuló el consenso de la mayoría y las oposiciones en el Senado para la creación de la Guardia Nacional (GN) como institución de seguridad pública federal de carácter civil, cuyo período de formación se estableció en cinco años y cuyos integrantes iniciales provendrían de las policías militar, naval y federal.
En línea con el propósito fundacional, un puente de viabilidad y un compromiso federalista: la autorización al Ejecutivo para disponer del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tareas de seguridad pública durante ese período de formación, y el establecimiento de programas de cada entidad federativa para fortalecer el estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales locales y municipales.
En el más puro estilo de las ordenanzas dictadas para la Nueva España, la sentencia de: “obedézcase, pero no se cumpla”, ha sido la conducta observada en el Ejecutivo y la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) para dotar al país de instituciones policiales civiles, profesionales y con capacidades adecuadas para los retos de brindar seguridad pública en peligrosos tiempos de expansión territorial, económica, social y política de los cárteles de las drogas.
Claro que uno y otra no están solas en el incumplimiento. Salvo el esfuerzo de Jalisco, no se conoce la intención del gobierno de otra entidad federativa por desarrollar el programa ordenado por el séptimo transitorio del Decreto de 2019. Aunque es más grave lo hecho por la SDN, pues el reclutamiento, formación, adscripción, control y mando de la GN se realizó de facto en esa dependencia con criterios y normas militares, bajo la narrativa de que era necesario para prevenir el flagelo de la corrupción, así fuera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno obradorista el ámbito donde deberían realizarse esas tareas.
Bajo la certeza de la mayoría absoluta de Morena y sus aliados en las cámaras federales, en 2022 se reformó la legislación para que el control operativo y administrativo de la GN pasara a la SDN. Léase, evitar cualquier ejercicio de rendición de cuentas por el incumplimiento y sus innumerables implicaciones administrativas. El entonces Bloque de Contención en el Senado interpuso la acción de inconstitucionalidad y logró que la Suprema Corte invalidara las normas que otorgaban a la SDN las atribuciones de control. No hay evidencia pública del cumplimiento de la ejecutoria o la acreditación del ejercicio de esas atribuciones en la SSPC a partir del 1 de enero de este 2024; y el 5 de febrero siguiente el Ejecutivo propuso modificar la Constitución para que la GN formara parte de la Fuerza Armada permanente y dependa de la SDN.
Incluida la reforma al quinto transitorio del Decreto de 2019 alcanzada en 2022 para ampliar por cuatro años más -de 2024 2028- la facultad presidencial para disponer del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en tareas de seguridad pública, sobre la base de tres compromisos: (i) la participación conforme a criterios de control para garantizar los derechos humanos de la población, (ii) la supervisión parlamentaria periódica a partir de informes del Ejecutivo y (iii) el relanzamiento del compromiso de fortalecer las instituciones policiales locales, los hechos acreditan que nunca se concretó la voluntad presidencial para conformar una institución policial civil en la Federación.
No nos detengamos en el engaño de quien en campaña afirmó que devolvería el Ejército a sus cuarteles, como expresión de que se concretarían a las tareas propias de la seguridad nacional, la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación; hagámoslo un poco en lo narrado, porque es la ruta de la palabra empeñada en reformas constitucionales de consenso en la representación nacional para construir instituciones policiales de la Federación y de las entidades federativas con formación y capacidades necesarias en el desempeño de sus funciones.
Se fue al establecimiento de un cuerpo con criterios de reclutamiento, formación disciplina, capacitación y actuación militar. Tratándose de la participación del Ejército y la Armada en tareas de seguridad pública -no pensemos, si le parece, de 2000 a 2018, sino en el tramo del gobierno por finalizar- los resultados no son positivos. Parecería haber elementos para concluir que el incremento de la fuerza debido al establecimiento de la GN (130,000 integrantes a los cinco años de su creación) no trajo consigo capacidades policiales de prevención para “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como para contribuir a la preservación del orden público y la paz social” (art. 21).
La emergencia de utilizar a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública lleva con nosotros todo este siglo. Se han perdido algo más de cinco años en la ruta asumida para formar las comprometidas y necesarias nuevas instituciones policiales. Se formaron más militares para acometer tareas policiales que no corresponden a la naturaleza, vocación y fines de la institución castrense. ¿Acaso se podía pensar que habría una institución policial viable si se formaba otro cuerpo militar?
Si fue demasiado fácil incumplir la Constitución y las conductas han quedado hasta ahora impunes y no parece que ello cambiará, ¿cómo leer la reforma que normalizará la militarización de la responsabilidad de la seguridad pública en el ámbito federal? Antes una oposición con capacidad para ir a la Corte y ésta con mayoría imparcial no lograron que imperara la Ley Fundamental, ni la rendición de cuentas del Ejecutivo y el Ejército, ¿cuál será el panorama a partir de que la GN sea una “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente integrada por personal militar con formación policial, dependiente del ramo de la defensa nacional”? (Reforma en proceso al art. 21).
Juegan con las palabras los voceros del régimen. Dicen que no será militar porque el mando presidencial es civil, como si el Ejército no lo fuera porque la presidencia está a cargo de una persona civil. La Constitución dirá que su personal es militar; entonces, como negarlo. Será parte de la Fuerza Armada permanente, sus integrantes estarán sujetos al fuero militar y sus regímenes de nombramiento y promoción serán castrenses.
Se está renunciando a contar con instituciones policiales civiles, cuando las militares no han dado resultados. Pero no es lo peor. La reforma (art. 129) para que en la ley se autorice a las Fuerzas Armadas a realizar cualquier función es todavía más peligrosa para el imperio de lo civil en el poder público, la conducción del gobierno y la prevalencia de los derechos de las personas.