La construcción de la gobernabilidad nacional

Con el fin de poder conducir a la nación durante el sexenio 2024-2030 el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación (4-T) deberá elaborar muchas políticas de gobernabilidad estructural en todos los ámbitos de funcionamiento de la sociedad mexicana. Dentro de la formación de tales directrices centrales figuran la creación de las pautas acerca de la comunicación social, y en especial, sobre los medios de difusión de Estado. En este sentido, para dirigir la República en el siglo XXI es indispensable que el Estado reconstruya los procesos de comunicación, particularmente de servicio público, con objeto de que el proceso de cambio de la República se realice de manera equilibrada y no sesgada o viciada.

De esta forma, para refundar la gobernabilidad nacional no sólo se requiere forjar políticas públicas para atraer nuevas inversiones externas, crear más infraestructura, invertir en los polos marginados, separar el poder político del poder económico, ejecutar nuevos procesos electorales pulcros, formar otro sistema de seguridad, descentralizar la administración pública, aislar el proceso jurídico de los poderes fácticos, reorientar el proyecto educativo, etc.; sino también es fundamental generar otro pacto de relación comunicativa entre el Estado y las comunidades. Esto debido a que la cimentación de la democracia necesariamente cruza por la apertura, la diversidad y el debate respetuoso de concepciones e ideas que permitan edificar una opinión pública enriquecida que contribuya a polemizar y rencausar las decisiones del Estado. Un régimen democrático exige la existencia y el respeto de múltiples corrientes de pensamiento que nutran sólidamente el espacio de la opinión pública para que los ciudadanos se informen objetiva, plural y oportunamente sobre los diversos hechos de la realidad, y en base a ello, tomen las mejores decisiones para sus vidas.

Debido a ello, en este contexto la nueva Administración nacional tendrá que crear su propio modelo de comunicación social para poder gobernar al país y construir el “Segundo Piso de la 4-T”. Independientemente de las diversas estrategias institucionales que utilice para alcanzar dicho objetivo hegemónico, como son el empleo las oficinas de prensa, los Tiempos de Estado, la publicidad gubernamental, los espacios en Youtube, las ruedas informativas, la “conferencia matutina”, las redes sociales, los youtubers sectarios, etc., un recurso fundamental existente sobre el cual es medular reflexionar sobre la pregunta ¿para qué son los medios de comunicación públicos en México?

 

Independencia ante el poder

Sobre este cuestionamiento estructural se puede señalar que la refundación de este nuevo pacto político-social de los medios públicos de comunicación colectivos deberán mantener una sana distancia con el poder político y económico, pues “el peor error que podrían cometer los medios y el presidente (a) es volcarse a alimentar una opinión aduladora, zalamera y proclive que socavara la crítica autónoma. Nada más saludable y ejemplar para la democracia es que el nuevo régimen mantenga relaciones independientes con los medios e incluyan el diálogo constante y respetuoso con la disidencia” (Benassini, 2018). Así, para edificar el nuevo proyecto de nación de la Cuarta Transformación histórica, el Estado debe salvaguardar la posición analítica y crítica argumentada de los periodistas y comentaristas ante la política y otras acciones gubernamentales, pues su función esencial es operar como contrapesos vigilantes del poder establecido para contribuir a reconstruir el tejido plural y las bases civilizatorias elementales que permitan impulsar equilibrada y democráticamente el crecimiento interno y la consolidación de la paz social.

En este sentido, para encausar al país durante el periodo 2024-2030 es fundamental que además de respetar el funcionamiento de las redes sociales independientes, el gobierno permita que la propia sociedad y no tanto el Estado, construya un vigoroso modelo de comunicación ciudadano autónomo, plural, abierto, e interactivo con mecanismos medibles de independencia, transparencia y rendición de cuentas que admita que los habitantes expresen libremente su sentir sobre si el reciente sistema de gobernabilidad de izquierda inaugurado en México cumple o no con las expectativas prometidas a la sociedad, o debe corregir el diseño de sus políticas públicas y su implementación correspondiente. Dicho modelo no debe ser centralizado, ni controlado por la nueva cúpula de poder, sino coordinado por la sociedad para mantenerlo abierto a la expresión del mayor flujo de opiniones ciudadanas con objeto de fomentar la interacción de la pluralidad y la diversidad de puntos de vista en el espacio público, evitando el autoritarismo, la censura, la opacidad, la discrecionalidad, el oficialismo, el abono al “culto a la personalidad” y el establecimiento de un nuevo “pensamiento único” en México, que posibilite que ya no sea la doctrina del “neoliberalismo modernizador” la ideología dominante que se imponga, sino ahora este espacio se substituya por la ideología de la “izquierda burocrática, dogmática o mesiánica” en México.

Consecuentemente, la moderna relación entre gobierno, medios y ciudadanos en la etapa de la Cuarta Transformación tendría que modificar el antiguo vínculo existente entre dichos tres sectores, para evitar que este cambio histórico termine convirtiéndose en un neo caudillismo reciclado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o una reproducción maquillada del Partido Acción Nacional (PAN), o se transforme en una nueva “elite política dorada” morenista que nuevamente abuse de la sociedad (Albarrán, 2018). Debido a esto, la publicidad oficial debería dejar de ser un instrumento para premiar las líneas editoriales de los medios afines al relato oficial en turno y castigar a los canales críticos o contestatarios; sino ahora tendría que convertirse en una herramienta eficaz para fomentar la libertad, el análisis complejo de la realidad, la independencia informativa y la ciudadanización de la comunicación, con miras a erigir una opinión pública fuerte que funcione como contrapeso al poder vigente y opere como cimiento subjetivo para la construcción del nuevo país que se anhela conquistar.

En este contexto socio histórico es medular impulsar el modelo de medios de comunicación de Estado de servicio público para evitar la continuidad del oficialismo narrativo y retomar la creación de la información colectiva no como un instrumento de legitimación del sistema, o para la dominación de los ciudadanos, o como máquinas de business; sino como un “bien público” esencial que exige el sano funcionamiento de la sociedad.

De lo contrario, si el moderno arquetipo de comunicación de la Cuarta Transformación de la República no impulsa un genuino prototipo de servicio público, y solo se concentra en la reconstrucción de una nueva “Aguja Hipodérmica” con más perfeccionamiento tecnológico y mayor penetración expansiva para inculcar a través de su prototipo de difusión masiva la propaganda morenista a la sociedad; se volverá a provocar gradualmente, a mediano plazo, una fuerte desilusión, malestar, irritabilidad y desencanto colectivo, con sus consecuentes crisis políticas sistémicas.

Hay que recordar que la experiencia histórica demuestra que la concentración del poder absoluto corrompe absolutamente y la centralización unilateral de la comunicación por la estructura de poder termina creando “absolutismo cognitivo” que es veneno puro para la democracia.

 

El modelo pervertido

Para obtener un horizonte de comprensión más amplio sobre este escenario nacional, es medular deslindar ¿cómo se emplearon dichas entidades de transmisión colectiva en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)?

Al respecto se puede señalar con datos duros que derivado de la práctica comunicativa impulsada por el gobierno lopezobradorista los canales de comunicación de Estado no actuaron como medios de Estado, sino operaron como apéndices del poder Ejecutivo, medios oficialistas, canales cortesanos, aparatos ideológicos morenistas, sistemas simbólicos legitimadores, maquinarias militantes, etc. que no construyeron la información colectiva como un “bien público”, sino como herramientas de propaganda para justificar las contradicciones o las incompetencias del régimen predominante. Es decir, a lo largo de esta gestión gubernamental la jefatura en turno decidió no transformar normativamente a los medios de difusión de Estado en medios de comunicación de servicio público, sino optó manejarlos como entidades jurídicamente jabonosas, indefinidas, acomodaticias, oportunistas, manipulables, subordinados, etc. para beneficiarse unilateralmente de su uso apologista.

Dicha función que desempeñaron se ejerció a través de la operación de dos grandes mecánicas de difusión colectiva para informar a la sociedad: la mecánica de diferenciación frente a los medios comerciales y la mecánica de intervención ideológica para la gobernabilidad.

 

La etapa “culturalista”

En un primer momento, en la etapa de la diferenciación frente a los medios comerciales, los canales de Estado se caracterizaron por ejercer una función “culturalista” basada en la estrategia de transmitir con buena calidad, originalidad, éxito y empeño múltiples flujos de mensajes muy valiosos de carácter educativo, cultural, informativo, de entretenimiento y de opinión. En este sentido, se puede decir que en dicho nivel de acción de los medios públicos cumplieron decorosamente con la aportación a la sociedad mexicana de una alternativa de comunicación diferente a la oferta informativa que arrojaban los medios comerciales privados.

 

La fase de legitimación política

Sin embargo, en un segundo momento, al tener que definir informativamente la posición que adoptarían ante los conflictos económicos, políticos y sociales del país, los medios públicos abandonaron su comportamiento “culturalista” y corrieron ideológicamente su identidad hacia el oficialismo con objeto de legitimar narrativamente al sistema de gobernabilidad imperante. De esta manera, pese al establecimiento de importantes normatividades constitucionales que delimitaban que la comunicación de servicio público no podía ser oficialistas, ni propagandista, los medios de difusión de Estado no pudieron mantener su autonomía, equilibrio, neutralidad y equidad, sucumbiendo ante las presiones impuestas por las fuerzas del poder estatal imperial, ejerciendo una labor de legitimación del sistema reinante.

Ejemplos contundentes de este comportamiento sometido de los medios públicos al poder establecido se verificó a través de la adopción de sus políticas informativas durante la administración Lopezobradorista donde funcionaron como instituciones apologistas del régimen morenista. Tal fenómeno descolló especialmente durante los comicios nacionales de 2024 donde estos se desempeñaron como infraestructuras ideologizantes y proselitistas para respaldar el proyecto político-electoral de la Cuarta Transformación abandonando su misión neutral y equilibrada de comunicación de servicio público (Esteinou, 2024).

Tales políticas de comunicación se estructuraron bajo las siguientes tres tácticas diferenciadas de persuasión colectiva para construir la nueva hegemonía ideológica morenista: elaboración de “directrices noticiosas a modo”, creación de “series o programas propagandistas especiales”, y aplicación de “linchamientos informativos selectos”.

 

La nueva “Aguja Hipodérmica Estatal”

Derivado de la inercia heredada del sistema lopezobradorista se confirmó que durante la elaboración de las nuevas políticas de gobernabilidad para la etapa 2024-2030 tampoco  surgieron indicadores gubernamentales sólidos que plantearan una transformación profunda del proyecto de propagación de los canales de Estado para convertirlos en medios de comunicación de Estado de servicio público, sino al contrario se retomó de forma expansiva y perfeccionada el antiguo modelo adulador, legitimador, lisonjero, zalamero o elogioso hacia el nuevo gobierno que pretende construir el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de nuestra sociedad. La aplicación de tal prototipo alimentará sustancialmente el viejo modelo de comunicación autoritario, vertical, discrecional, normalizador, justificador, unilateral de la “Aguja Hipodérmica” practicado en su momento por los regímenes políticos viciados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional; para ahora ser instrumentado de forma “modernizada” y magnificada por la nueva jefatura presidencial y el régimen del Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA).

Con ello, el arquetipo de comunicación de servicio público demandado desde hace más de cien años por la sociedad quedará enterrado, pues solo se habrá permutado de la actuación propagandista de actores de tonalidad tricolor (PRI) o blanquiazul (PAN) a otros protagonistas proselitistas de color guinda-morena (MORENA). En ambos casos, la perdedora será la comunidad nacional que no tendrá comunicación de servicio público, sino comunicación oficialista viciada que altera el conocimiento fiel de la realidad para “blanquear” la imagen del poder.

 

Debilitamiento de alternativas

Dentro de este nublado contexto los únicos recursos que existen para intentar la transformación de los medios de información de Estado no son las políticas gubernamentales, ni las propuestas de los partidos políticos prevalecientes que pregonaron recurrentemente la “democracia comunicativa” sin practicarla, sino que los dispositivos para su reforma provendrán de las intervenciones ciudadanas. Dichos instrumentos de acción civiles son solo tres derivados de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión generada en 2013 y de sus respectivas leyes secundarias de 2014: los Defensores de las Audiencias, los Garantías de las Audiencias y los Consejos Ciudadanos de Comunicación.

De tal universo de recursos comunicativos reducidos las Garantías de las Audiencias se convirtieron en factores muy débiles, ya que después de la ejecución de varias contra reformas jurídicas ejercidas por los grandes poderes mediáticos monopólicos de radio y televisión contra los mismos y la lenta intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para restaurarlos, éstos quedaron muy erosionadas en su concepción, integración y capacidad de fuerza regulatoria con objeto de aplicarlos en las estaciones de radiodifusión públicas y privadas. Este boicot languideció el vigor de operación de los Defensores de las Audiencias, pues su herramienta de aplicación estratégica que era la fortaleza de las Garantías de las Audiencias quedó sumamente socavada (Álvarez, 2024). Así, aunque tales herramientas resuenen con cierto eco publicitario en el marco de la opinión pública ambos dispositivos se convirtieron más en figuras decorativas del escenario mediático que en firmes herramientas jurídico-constitucionales para la restauración de los medios de comunicación de Estado.

 

Relevancia de los Consejos Ciudadanos de Comunicación

En este critico panorama el único recurso que queda como herramienta jurídico-civil capaz de transfigurar a los canales públicos en medios de comunicación de Estado de servicio público le corresponde a los Consejos Ciudadanos de Comunicación. De este modo, tales entidades son los únicos instrumentos competentes para enderezar desde su interior el arquetipo corrompido de los medios públicos para convertirlos en espacios de comunicación de servicio público y no en maquinarias ideológicas del sometimiento emocional o mental de la población durante el régimen morenista de la “Esperanza del Cambio” ”, o de cualquier otro sistema de gobernanza.

Tal realidad renovadora cobró mayor importancia analítica en el año 2024, pues los Consejos Ciudadanos de Comunicación cumplieron 10 años de existencia y actividad en México, lo cual obliga a efectuar una evaluación sociológico-político-comunicativa de los mismos. De aquí, la enorme importancia de examinar rigurosamente el rol que desempeñan los Consejos Ciudadanos de Comunicación en el proceso de transformación de los medios de comunicación de Estado en la República mexicana para conocer si tales entidades civiles contribuyen a vigorizar la comunicación de servicio público, y con ello, la democracia comunicativa, o la están debilitando, fortaleciendo un régimen hegemónico autoritario en el país.

jesteinou@gmail.com