En Guerrero la violencia bárbara es una forma aceptable de vivir. A los homicidios perpetrados día con día el hallazgo de fosas clandestinas las desapariciones forzadas con desenlaces fatales en la gran mayoría de los casos, se suma la trata de personas.
El incremento de este delito en Guerrero revela una situación alarmante que se ve exacerbada por factores socioeconómicos, la violencia del crimen organizado, y la falta de recursos y capacitación adecuada para las autoridades locales. La trata de personas en Guerrero, un estado mexicano que ha enfrentado desafíos significativos relacionados con la violencia y la pobreza, presenta un panorama complejo y preocupante.
Guerrero forma parte de los estados donde existe la captura de mujeres y niñas. En el 2017, el estado ocupaba el lugar 24 en el ranking a nivel nacional por el delito de trata de personas. En 2018 pasó al lugar 14 a nivel nacional, con un aumento en la tasa del 267 por ciento, casi tres veces en tan solo un año.
Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) a junio de este año, colocan a la entidad en el lugar 12 con una tasa de 1.86, cuando la media nacional es de 2.38, en la trata de personas.
De acuerdo con los sub registros de colectivos feministas nacionales, Guerrero se ubica en el cuarto lugar. La trata de mujeres va orientado a explotación sexual. En caso de hombres, niñez y adolescencia, trabajos forzados, mendicidad y el 10 por ciento es el posible tráfico de órganos. Las edades de las mujeres víctimas de trata van desde los 13 hasta los 34 años de edad y el grueso que es del 72 por ciento tiene edades de entre 13 a 22 años.
Los tipos de trata más frecuentes en el estado son: el turismo sexual y los matrimonios forzados. Bajo el argumento de los usos y costumbres, los pueblos de la región de la montaña, en específico, Cochoapa, Metlatónoc, Atlixtac y Acatepec, permiten la compraventa de mujeres y niñas para casarlas a cambio de algún bien material.
Estas prácticas continúan reproduciéndose a causa de las condiciones de marginación en estas zonas, donde los padres se ven forzados a realizar estas actividades para obtener retribuciones y poder sobrevivir. En las regiones de Acapulco y las dos costas, se presenta el turismo sexual donde se utiliza la extorsión para capturar a las víctimas. Esta estrategia ha permitido que esta práctica se mantenga a lo largo de los años y permite que cualquier persona sin importar su edad, sexo y nacionalidad se convierta en víctima.
Dada su importancia como destino turístico y su alto índice de desigualdad y violencia, Acapulco aparece de manera constante en informes sobre trata de personas. La explotación sexual y laboral es una preocupación particular, con reportes de que los traficantes utilizan la industria del turismo y la prostitución para ocultar sus actividades.
La trata de personas es un fenómeno sociocultural que se remonta a la época colonial en que las personas eran desarraigadas y comercializadas como mano de obra, servidumbre u objeto sexual. En periodo el delito se denominó trata de blancas, circunscrito a las mujeres europeas que eran comercializadas con esos fines, durante las guerras mundiales del siglo XX. En la década de los 60 con ese nombre se tipificó el delito de control y comercio de prostitutas en Guerrero.
La ONU estableció el de 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de personas y le reconoció como un delito global que intercambia a seres de todos los géneros, edades y procedencias y les explotan por lucro.
El gobierno estatal ha modificado el marco legal y ha creado instituciones de apoyo para algunas de las víctimas, sin que logre incidir en la previsión o sanciones drásticas quienes cometen el delito.
Las autoridades locales carecen de un enfoque integral que incluya mejor capacitación para las autoridades, mayor apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, y políticas que aborden las causas subyacentes de la vulnerabilidad, como la pobreza y la desigualdad.
Se carece un mecanismo de coordinación funcional, interinstitucional, donde participe la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, sin embargo, no se ha articulado.
Estas prácticas violan los derechos humanos, por lo tanto, es necesario que la víctima denuncie, sin embargo, a causa del miedo, la desinformación, amenazas o el no querer perjudicar al familiar, la víctima decide guardar silencio permitiendo la actividad.
En cuanto a las acciones del gobierno, es necesario recalcar que el gobierno local ha emprendido diferentes campañas para combatir este hecho delictivo, pero no se han obtenido resultados óptimos, debido a que las cifras anteriormente mencionadas, indican que este delito va al alza. Hay una falta de información y de creación de indicadores sobre la situación real, lo que impide que se diagnostique correctamente el problema y por lo tanto no existan estrategias exitosas para el combate a la trata de personas, la atención a víctimas o la impartición de justicia.