Independientemente de las diferencias de pensamiento en el mundo de las ideas que son propias de una sociedad plural y de su natural manifestación y contraste en los tiempos electorales, la reflexión sobre los asuntos públicos de relevancia para el país y las acciones necesarias para su atención no han logrado encontrar espacios de encuentro y escenarios de diálogo, incluso en las cámaras federales, ámbitos privilegiados para hacerlo en aras del cumplimiento de las funciones parlamentarias que tienen encomendadas.

La presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo heredó una agenda amplia y compleja de su antecesor en torno a la tarea legislativa del Congreso, pues las propuestas contenidas en el conjunto de iniciativas de reformas constitucionales que se presentaron el 5 de febrero último pasaron de ser una plataforma para solicitar el voto de la ciudadanía en junio pasado, a la guía de las reivindicaciones de Morena para imprimir su sello en el orden de cosas de la República. En otras palabras, propuestas que no se originaron en la convivencia política y la construcción de entendimientos, sino en el propósito de servir de estandarte para solicitar el sufragio.

Correspondió a la iniciativa de reforma sobre los poderes judiciales de la Federación y las entidades federativas ser la primera en transitar por el procedimiento legislativo constitucional. A marchas por demás forzadas, la mayoría de la nueva legislatura federal se abocó a darle gusto a quien se encontraba en el último mes de su mandato, a fin de ir a la elección directa de las personas encargadas de impartir justicia en los poderes judiciales de la República. En tan sólo 15 días se logró la aprobación por la mayoría calificada de dos terceras partes de las personas legisladoras presentes en las cámaras federales y de más de 16 legislaturas locales; la declaración de haberse modificado la Ley Fundamental, y la publicación del Decreto correspondiente.

No obstante la interposición de demandas de amparo de impartidores de justicia en contra de distintas fases del procedimiento reformador entonces en marcha, la Cámara de Diputados y el Senado en la fase legislativa y el Ejecutivo Federal en la correspondiente a la publicación, optaron por estimar infundadas y no atendibles las medidas cautelares dictadas, en vez de combatirlas ante un órgano jurisdiccional de mayor jerarquía, y continuar con el proceso de las elecciones judiciales a celebrarse el 1 de junio de 2025. El desacato por considerar que la función reformadora de la Constitución no está sujeta a control de constitucionalidad.

Aunque el medio de control al que puede acudir toda persona no llevó a la actuación consecuente de quien impulsó las reformas y de las mayorías legislativas afines, hemos conocido de la presentación de otros medios para controvertirlas por violaciones relevantes a las normas del procedimiento legislativo y a diversos principios constitucionales.

Toda vez que el Estado de Guanajuato ha presentado una demanda de controversia constitucional y el PAN y PRI han interpuesto sendas demandas de acción de inconstitucionalidad por la naturaleza electoral de la normatividad, es deseable que cambie el tono de la conversación política. La eventual determinación de otorgar la suspensión sobre el Decreto impugnado tendría como actores de esa previsión una modalidad distinta de demandantes.

En tanto conocemos si surge esa circunstancia a la realidad de nuestra política, la heredera del escenario presentó las propuestas de adecuaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para poner en la mesa las normas que estimó indispensables para la realización de las elecciones judiciales.

En las iniciativas no parece atinarse a resolver los dos problemas mayormente apreciables del reto que enfrenta el Instituto Nacional Electoral para cumplir con la encomienda de organizar y llevar a cabo los comicios ordenados para el año entrante a fin de elegir a quienes integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cubrirán las vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, conformarán el Tribunal de Disciplina Judicial, formarán parte de las Salas Regionales del Tribunal Electoral y se harán cargo de la mitad de los Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación y de los juzgados de Distrito en el país:

(i) la ausencia de una geografía electoral para los cargos judiciales cuya jurisdicción por territorio no coincide con el ámbito de actuación de los órganos electorales establecidos para el desarrollo de comicios a partir de los 300 distritos electorales federales; y

(ii) la naturaleza del requerimiento para toda persona electora en las urnas y el tiempo necesario para sufragar en seis boletas con listas en las cuales deberá establecer a quienes de la pluralidad de las personas propuestas se otorga el voto. El carácter cerrado y desbloqueado de esas listas implica riesgos para la emisión válida del voto y sobre el tiempo necesario para hacerlo y, después, realizar el cómputo. No alcanzará la duración conocida de la jornada electoral para una afluencia promedio a las casillas.

En el debate sobre la presencia de vicios en el procedimiento legislativo de la reforma constitucional de las elecciones judiciales y la interpretación de los límites materiales para los órganos constituidos que actúan en dicho procedimiento, el deseo de elegir a las personas impartidoras de justicia se puede topar con una elección carente de reales posibilidades de ejecución práctica y de bajísima presencia de la ciudadanía en las urnas. En ese supuesto, ¿de quién sería el fracaso? ¿A qué nueva confrontación política nos conduciría?

La reciente pérdida de la Diputada Ifigenia Martínez Hernández, una política ejemplar de las causas democráticas, nos obliga a recordar que al recibir la Medalla Belisario Domínguez en 2021 nos convocó a reconocer “el tiempo para la unidad de la República en torno a los grandes objetivos nacionales que debemos compartir con respecto a la pluralidad democrática”, y que apenas el 1 de este mes afirmó en la sesión de Congreso General en el mensaje leído por el Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: “Todas las fuerzas políticas aquí representadas hemos sido oposición y hemos ido gobierno, lo que también nos predispone siempre privilegiar el diálogo. Que este sea fructífero y respetuoso entre todas y todos”. Es deseable que la distinguida economista sea recordada, pero más que sea escuchada y atendida.