La tormenta John que azotó a Guerrero ya pasó, pero la tormenta de la violencia permanece latente y volvió a aflorar. El asesinato de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, ocurrido el 6 de octubre, solo puede explicarse en función de la disputa territorial que existe en las bandas delincuenciales de Los Ardillos y Los tlacos. En diferentes momentos sus acciones han paralizado a la capital guerrerense.

El asesinato de un alcalde en este contexto no solo representa una pérdida trágica, sino que también puede ser un catalizador para una serie de cambios significativos en el paisaje político y de seguridad en Guerrero.

La responsabilidad de las agrupaciones del crimen organizado se presume en principio por la forma en que le fue arrebatada la vida. La decapitación se aplica a quienes han roto pacto o sistemáticamente se han negado a cumplirlo.  Esto se deduce la manera en la cual se han perpetrado los crímenes contra políticos o miembros de agrupaciones delincuenciales.

El cuerpo decapitado del político quedó al interior de una camioneta, medio encobijado, mientras su cabeza quedó en el toldo del vehículo. Las imágenes hablan de brutalidad pero mandan el mensaje de que no hay piedad.

Otro elemento a tomar en cuenta, es que durante las dos semanas previas, tres funcionarios del municipio de Chilpancingo, fueron asesinados.

En la madrugada del 29 de septiembre Ulises Hernández Martínez, ex director de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) de la Policía Estatal, fue asesinado.

El 3 de octubre, Francisco Gonzalo Tapia, secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la plaza cívica Primera Congreso de Anáhuac. Desde entonces, Arcos Catalán había externado su preocupación y su necesidad por contar con escoltas de seguridad aunque precisó que hasta ese momento no recibió ningún tipo de amenaza.

Ninguna persona ha sido detenida por los tres casos, por lo que se desconocen las causas de los homicidios. Debido a que las investigaciones siguen en curso, no se ha determinado si los ataques fueron perpetrados u orquestados por un grupo criminal en específico. Sin embargo el modus operandi permite presumir dicha intervención.

Un elemento que se suma a esta hipótesis son las declaraciones de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al confirmar que Arcos Catalán acudió a una cita en la fecha señalada sin su guardia de seguridad.

Un elemento clave a tomar en cuenta es la extracción política de Arcos Catalán. El extinto munícipe provino de las filas del Partido de la Revolución Democrática  el cual en estos momentos se encuentra en manos de Bernardo Ortega Jiménez, cuyo hermano Celso se identifica como líder la banda de los  Ardillos.

Además de alcalde de Quechultenango, Bernardo ha sido diputado local por el PRD, y según sus declaraciones realizadas en julio de 2023, tiene al menos 15 años sin contacto con sus familiares, “cuyas actividades se han apartado del marco legal”.

Si damos por ciertas sus palabras entonces en la muerte de su padre (2011 Celso Ortega Rosas conocido como “el ardilla”) no vio a sus hermanos, de los cuales Celso habría sido detenido en 2008, acusado por el asesinato de dos agentes federales y cuyos cuerpos fueron encontrados en agosto de 2007.

En 2023 Celso Ortega Jiménez habló fue de presuntos pactos político-electorales con Morena para “poner” diputados y presidentes municipales en la región en el marco del proceso electoral de 2021, el mismo año en el que asumió la gubernatura de Guerrero Evelyn Salgado Pineda.

Alejandro Arcos, impulsado por Bernardo,  ganó la alcaldía de Chilpancingo en junio pasado. Fue postulado por la alianza PRI, PAN, PRD, obtuvo 46 mil 869 votos (42.9 por ciento).

En su toma de posesión, el 1 de octubre, estuvo presente Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo, durante su mensaje inicial le pidió su ayuda para continuar con las intervenciones por la paz. El prelado siempre se jacta de poder hablar y tener acuerdos con los cabecillas de los grupos delincuenciales.

El municipio era gobernado por Norma Otilia Hernández, de extracción morenista, quien como exalcaldesa causó polémica, luego de que se difundió un video en el que se aprecia que sostuvo una reunión con el grupo criminal “Los Ardillos”.

La violencia en Chilpancingo tiene su origen en una disputa entre agrupaciones criminales: “Los Ardillos” y “Los Tlacos”. Esas agrupaciones se enfrentan por el control de la capital y por actividades como narcomenudeo, el cobro de piso, el secuestro y el transporte.

Ese podría haber sido el motivo por el cual fue repudiada al hacer acto de presencia en el sepelio del extinto munícipe.

En 2023, Chilpancingo fue centro de atención por parte de autoridades tras el hallazgo de cuerpos, enfrentamientos y bloqueos. En junio del año pasado, fueron encontrados cadáveres de cinco hombres y dos mujeres en el centro de Chilpancingo con un mensaje dirigido a la alcaldesa. En ese momento, Norma Otilia Hernández se deslindó y consideró que se trataban de amenazas.

Tras este asesinato los posibles escenarios que se vislumbran son: La violencia puede minar la confianza de la ciudadanía en las autoridades locales, lo que podría llevar a un aumento de la impopularidad de los gobiernos municipales y estatales.

La situación podría obligar al gobierno federal a intervenir más directamente en la seguridad del estado, aumentando la presencia militar y policial en la región.

Los partidos políticos podrían verse involucrados en un contexto de confrontación, ya sea apoyando a ciertos grupos o utilizando el clima de violencia para sus agendas electorales.

Podría destaparse la complicidad entre autoridades y grupos criminales, lo que llevaría a un escrutinio mayor sobre la política local y las conexiones con el crimen organizado.

El asesinato podría desencadenar una escalada en la violencia entre los carteles, afectando a la población civil y generando un clima de inseguridad.

Las comunidades podrían verse obligadas a desplazarse debido a la violencia, afectando la estabilidad social y económica de la región.

La policía y las fuerzas armadas podrían enfrentar mayores desafíos en su labor, incluyendo el riesgo de emboscadas y ataques directos por parte de grupos criminales.

La percepción de inseguridad podría llevar a un aumento de la migración interna y externa, así como a un posible éxodo de ciudadanos hacia otras regiones en busca de seguridad.