El 17 de octubre de 1953 marcó un hito histórico en México: las mujeres logramos el reconocimiento del derecho al voto, logrando así una participación formal en la vida pública. Sin embargo, 71 años después, la igualdad real aún es una promesa incumplida, particularmente en el ámbito judicial. Aunque las cifras oficiales del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 revelan que el 49.9 por ciento del personal del Poder Judicial de la Federación son mujeres, apenas el 28.1 por ciento ocupa cargos como juezas o magistradas.
Esta brecha muestra que, aunque la presencia femenina ha aumentado en la estructura judicial, persisten barreras invisibles que limitan el acceso de las mujeres a posiciones de mayor jerarquía, reproduciendo un sistema desigual.
En 2022, el Poder Judicial contaba con 1,647 jueces y magistrados, de los cuales el 71.9 por ciento eran hombres y solo el 28.1 por ciento mujeres. Esta disparidad se vuelve aún más preocupante si consideramos los desafíos que enfrentan las mujeres para progresar dentro de la carrera judicial. La mayoría ha dedicado al menos 15 años de su vida al servicio público, con enormes sacrificios personales y familiares. Han combinado su desarrollo profesional con tareas de cuidado, enfrentando prejuicios y condiciones estructurales que dificultan su ascenso. La carrera judicial ha sido para estas mujeres más que un empleo: es una vocación profundamente ligada al compromiso con la justicia y con México.
En este contexto, la reforma judicial impulsada en 2024, que introduce la elección popular para jueces y magistrados, debía ser una oportunidad para consolidar la paridad de género. Sin embargo, la realidad ha demostrado lo contrario. El sorteo de cargos judiciales, llevado a cabo por el Senado el 12 de octubre de 2024, no solo omite criterios de paridad de género sino que pone en peligro las carreras de cientos de mujeres. El Senado ha intentado justificar esta omisión argumentando que los cargos de ocho mujeres embarazadas se preservarán hasta 2027, pero esta medida es insuficiente. No basta con proteger a unas pocas; es necesario garantizar que todas las juzgadoras y sus trayectorias no sean sacrificadas bajo un modelo arbitrario que ignora la perspectiva de género.
La destrucción de las carreras judiciales representa un golpe devastador para quienes aspiraban a progresar en un sistema que hasta ahora se había regido por méritos. Oficialas que soñaban con ser actuarias, actuarias que anhelaban ser juezas y juezas que buscaban convertirse en magistradas ven hoy truncadas sus aspiraciones. La reforma no solo amenaza con borrar de un plumazo años de preparación y experiencia, sino que perpetúa una vulnerabilidad extrema para las mujeres, eliminando las pocas garantías que el sistema había construido en décadas recientes.
En 2021, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó un Acuerdo General para consolidar un servicio de carrera judicial basado en los principios de mérito, igualdad de oportunidades y perspectiva de género. Este acuerdo representaba un avance significativo en la lucha contra prácticas como el nepotismo, el acoso y el hostigamiento laboral. Además, buscaba fortalecer la profesionalización mediante concursos transparentes que garantizaban que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades de ascenso que los hombres. Sin embargo, el esfuerzo que apenas comenzaba a rendir frutos está ahora en riesgo de desmoronarse con esta reforma, que ignora tanto la normativa interna del Poder Judicial como los compromisos asumidos por el Estado mexicano en materia de igualdad.
El retroceso es evidente si recordamos que, tras las reformas constitucionales de 2019 y 2021, se implementaron acciones afirmativas para aumentar la presencia femenina en los niveles más altos del Poder Judicial. Se establecieron concursos exclusivos para mujeres y se fijó la meta de nombrar 432 juezas y magistradas.
El proceso de sorteo llevado a cabo por el Senado no solo es una omisión de perspectiva de género, sino un acto de simulación que socava los avances alcanzados. La elección popular de jueces y magistrados pudo haber sido una oportunidad histórica para democratizar el acceso a la justicia y asegurar la representación femenina en los órganos judiciales.
Sin embargo, sin medidas afirmativas claras, este proceso corre el riesgo de perpetuar las desigualdades que tanto esfuerzo ha costado combatir. Las mujeres del Poder Judicial no son un número más en una tómbola; cada una representa un proyecto de vida, años de preparación y sacrificio, y una apuesta firme por la justicia en México.
No podemos normalizar la destrucción de estas carreras. Las decisiones tomadas desde el Senado han mostrado un desprecio evidente por las trayectorias de cientos de mujeres que, en su mayoría, comenzaron desde los niveles más bajos de la judicatura, ascendiendo con esfuerzo y dedicación.
La destitución masiva, sin un proceso justo ni una causa legítima, no solo es un acto injusto, sino uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente de nuestro país. La carrera judicial, que debía consolidarse como un espacio de profesionalización y excelencia, está siendo demolida por decisiones improvisadas y arbitrarias que no consideran el impacto humano y social.
Es fundamental recordar que la paridad no es una concesión ni un favor; es una obligación constitucional. El artículo 35 de la Constitución establece la paridad como un principio rector en todos los cargos de elección popular, y esta exigencia se extiende ahora al Poder Judicial. Ignorar este mandato es una violación a la ley y una traición al compromiso de construir una sociedad más justa e igualitaria. Cada vez que se desmantela una carrera judicial, se desperdicia una inversión social que México no puede permitirse perder.
Las mujeres del Poder Judicial han demostrado que su participación es esencial para garantizar una justicia más inclusiva y con perspectiva de género. La ausencia de ellas en los espacios de decisión perpetúa un sistema sesgado, incapaz de responder a las necesidades de una sociedad diversa. La reforma judicial, tal como ha sido implementada, no democratiza la justicia; la empobrece, eliminando el talento y la experiencia de quienes han dedicado su vida a defender la Constitución y los derechos humanos.
No podemos permitir que una reforma mal implementada borre décadas de avances. El techo de cristal sigue ahí, pero no dejaremos de luchar hasta romperlo. Cada carrera destruida representa un retroceso en la historia de las mujeres en México, y no permitiremos que estas injusticias pasen desapercibidas. La sororidad no es un concepto abstracto; es una exigencia de justicia que debe reflejarse en cada decisión tomada por las instituciones.
El futuro del Poder Judicial depende de la capacidad para garantizar la igualdad desde el inicio de cualquier proceso de selección. Solo así evitaremos perpetuar las desigualdades que tanto hemos combatido. Las mujeres no pedimos privilegios; exigimos lo que por derecho nos corresponde: paridad, respeto y reconocimiento.
La historia nos juzgará por nuestras acciones, y debemos estar del lado correcto. La justicia no puede construirse sacrificando proyectos de vida ni arrasando con las carreras de quienes, con esfuerzo y dedicación, se han ganado su lugar en la judicatura.
El Poder Judicial necesita más mujeres, no menos. Cada una de ellas es una pieza fundamental en la defensa del Estado de derecho y en la construcción de una justicia que verdaderamente sirva a México. No permitiremos que este retroceso nos haga perder lo ganado. Seguiremos luchando hasta que la paridad deje de ser una promesa y se convierta en una realidad tangible en cada rincón del Poder Judicial. La historia de las mujeres en la judicatura apenas comienza, no debemos retroceder.