Las bandas del crimen organizado en Guerrero conforman una maraña de intereses económicos y políticos que, sumada a la debilidad institucional, genera un cóctel explosivo en el cual resulta difícil en extremo identificar a sus componentes.
Guerrero, y en particular Chilpancingo, es desde hace unos años el centro de una guerra entre grupos criminales. En concreto, Los Tlacos y Los Ardillos. El objetivo es la disputa del territorio para controlar todo tipo de negocios, no solo el narcotráfico, que tiene una larga tradición en Guerrero, productor de opio y marihuana en la sierra, a poco más de una hora en coche desde la capital. Secuestro, extorsión, trata de personas, transporte, alimentación, cualquier actividad que dé algo de dinero.
La Fiscalía de Guerrero, junto con el Ejército y la Guardia Nacional, detuvieron a Germán Reyes Reyes acusado de homicidio calificado en contra de Alejandro Arcos Catalán, alcalde Chilpancingo. La orden fue emitida por un juzgado de control de Chilpancingo y el detenido fue puesto a disposición del juez.
Reyes Reyes de 46 años de edad, es capitán retirado del Ejército, estaba al frente de Seguridad Pública en el gobierno municipal que ahora preside Gustavo Alarcón Herrera, y también formaba parte, del Consejo de Honor y Justicia y Participación Ciudadana 2024-2027 del ayuntamiento, en donde tomó protesta el 31 de octubre.
Además el 16 de julio de 2023, como Fiscal en delitos graves, inició la investigación ministerial en contra de Norma Otilia Hernández Martínez, entonces alcaldesa de Chilpancingo y de Andrei Yasef Marmolejo Valle, síndico procurador del mismo ayuntamiento. El inicio de dicha investigación se asentó en la carpeta 12020910200016250623 después de que el 11 de julio del mismo año, se hiciera pública la reunión sostenida con presuntos integrantes de un grupo delincuencial.
El 13 de julio Sandra Luz Valdovinos, entonces Fiscal General del Estado confirmó que la alcaldesa de Chilpancingo sí estaba siendo investigada. No hubo mayor avance.
El gobierno de Chilpancingo informó que mantendrá al margen de las investigaciones que se realicen contra del encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo.
En su defensa, Reyes Reyes aseguró calificó de ilógica, inverosímil, la acusación porque él no tenía ninguna razón para atentar contra un personaje que le estaba dando la oportunidad de ser el responsable de seguridad pública en el municipio de Chilpancingo.
Dijo también no recordar quién fue le pidió que enviara su currículum para que lo analizara el presidente después el propio Alejandro Arcos fue quien lo entrevistó y le entregó el nombramiento como responsable de la Secretaría de Seguridad pública de Chilpancingo y refirió que podría tratarse de una maniobra política.
Horas antes, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal, dijo ante Claudia Sheinbaum, que el grupo criminal de “Los Ardilllos” son los responsables del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán y de la desaparición de 16 personas de Chautipan, de las cuales han aparecido asesinadas y desmembradas 11 personas.
Además, anunció que se han desplegado tres operativos especiales de atención a Tecpan, Acapulco y la zona de Quechultenango, en donde reportaron detenciones y decomisos de armas y drogas.
“En el caso del secuestro masivo de esas 16 personas y el asesinato del alcalde, Alejandro Arcos Catalán están relacionados porque son el mismo grupo delincuencial, diferentes móviles, mismo grupo, esta familia la relacionan con la zona de Tlacotepec, cuando se trasladan a Quechultenango ese grupo priva de la libertad (a 16 personas), haciendo creer que era de un grupo contrario, sin embargo, nosotros no podemos confirmar eso” agregó el funcionario federal.
Entre enero y junio de este año se ha registrado en la entidad 22 masacres, en fechas recientes criminales han perpetrado masacres en contra de familias, incluyendo a menores de edad. El 4 de noviembre fue atacada una casa del poblado de Tres Palos, municipio de Acapulco en el cual cinco personas han perdido la vida, acribillados por los delincuentes, que además han quemado dos carros.
Guerrero es el sexto estado de México que más asesinatos registra, 1.398, de enero a finales de octubre, el 5.6% del total en el país. El empuje mafioso de grupos criminales en diferentes zonas del estado, que han convertido la extorsión y el control de rubros económicos legales en sus negocios principales, lastra una región ya de por sí golpeada por las catástrofes naturales y la pobreza.
A partir de las detenciones recientes en Guerrero, y de confirmarse la complicidad entre el narcotráfico y las autoridades, no solo se dificultaría aún más el combate al crimen organizado, sino que también se profundizarían las condiciones de inseguridad y pobreza que afectan a la población de la región.
La exposición de complicidades entre las fuerzas de seguridad y los grupos criminales podría generar una presión para cambiar las estrategias de seguridad, incluyendo un enfoque más centrado en la depuración de las instituciones y la implementación de políticas anticorrupción.
La corrupción dentro de las instituciones, especialmente si involucra a altos mandos del gobierno o de las fuerzas armadas, puede generar una crisis de legitimidad del gobierno. Los ciudadanos podrían percibir que el Estado es incapaz o incluso cómplice del crimen organizado, lo que minaría la autoridad y el apoyo popular hacia las instituciones.
La corrupción y la impunidad socavan la confianza en las instituciones, lo que complica aún más la gobernanza y el desarrollo en zonas ya marcadas por la violencia. Combatir estos problemas requiere no solo de una estrategia de seguridad efectiva, sino también de una reforma profunda de las instituciones y políticas públicas orientadas a erradicar la corrupción.