La población de Guerrero es rehén de diversos grupos que decidieron recurrir a los bloqueos de calles urbanas y carreteras para exigir cumplimiento a diversas demandas como son la inclusión en el censo de damnificados por el huracán John, la entrega de apoyos en efectivo y sumas para compensar los efectos de la baja en el turismo. Hay casos extremos con la petición es incluir a los que quedaron pendientes de recibir ayuda tras el huracán Otis.
Lo que en un principio se planteó como un acto de emergencia por parte del gobierno federal para evitar una crisis económica y social mayor tras los fenómenos hidrometeorológicos, ahora es vista como una obligación por ciertos grupos y como un recurso fácil por profesionales de la protesta que ven la oportunidad de obtener utilidades ante la pasividad de las autoridades locales y el silencio de las federales.
La problemática es compleja y deja entrever la existencia de incapacidades, negligencias, complicidades e incluso puede presumirse corrupción, lo cual impacta negativamente a los servidores de la nación que se presentó como una fuerza operativa para transparentar y hacer llegar las bondades de los diferentes programas a quienes son los auténticos beneficiarios.
Tras el paso del huracán John, protección civil detalló que las afectaciones derivadas de inundaciones y deslizamiento de laderas registradas en 39 colonias ubicadas en la parte urbana del municipio y en 18 localidades rurales.
Mientras que en 28 municipios de seis regiones, las lluvias dejaron 108 mil 792 personas y 27 mil 198 personas afectadas. Tan solo en Acapulco se estimaron más de 127 mil personas y 39 mil viviendas afectadas.
El 3 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno iniciaría el censo de apoyos de limpieza de vivienda a los afectados una vez identificadas las colonias de Acapulco y otros municipios de Guerrero afectados por el huracán “John”.
Servidores de la Nación y trabajadores de la secretaria del bienestar acudieron a levantarlo con un mapa señalando en rojo las áreas urbanas y rurales que deberían ser censadas y ahí comenzaron las inconformidades. Vecinos del fraccionamiento Granjas del Marqués en la zona Diamante de Acapulco expresaron su inconformidad en redes sociales porque los empleados de la Secretaría del Bienestar se opusieron a incluir la vivienda en daños si no ven las afectaciones con sus propios ojos por lo que no toman en cuenta la casa para recibir apoyos económicos, a pesar de que les enseñan fotografías de los daños.
Los encuestadores iban en pequeños grupos así como hubo algunos supuestos damnificados que se portaron agresivos y prácticamente los secuestraban o amenazaban con agredirlos si no los censaban. Este podría ser el origen de que algunos grupos que han boqueado tienen cintillo pero no aparecen en el sistema.
Desde el 8 de octubre en diversos puntos de Acapulco comenzaron a darse bloqueos para exigir la inclusión en el censo a pesar de que, en algunos casos se trató de zonas cuya afectación fue mínima. El 11 de octubre un grupo de colonos se manifestaron en las afueras de la Base Naval del puerto Acapulco, para exigir ser censados por Bienestar Federal bajo amenaza de bloquear la avenida costera. Desde entonces exigían la inclusión inmediata en el censo sin visitas domiciliaras para corroborar los daños.
Los bloqueos se fueron haciendo cotidianos tanto en Acapulco como en las carreteras federales Acapulco-Pinotepa, es decir Costa Chica y Acapulco Zihuatanejo, Costa Grande. La obstrucción vial más crítica se registró a partir del 11 de noviembre y se extendió por 25 horas y fue protagonizado por 500n supuestos comerciantes de artesanías de los mercados de artesanías, La Dalia, Vía rápida, Tianguis Papagayo, y La Diana, cerrando el paso en torno a la glorieta de la Diana y las calles aledañas Farallón, Universidad y Costera Vieja con lo cual colapsaron a la ciudad. Incluso pernoctaron en la glorieta y apelaron a la empatía ciudadana por lo justo de sus demandas.
En realidad la mayoría de los locales de esos mercados se utiliza como bodega, solo los que dan a la avenida sufrieron una inundación que no fue de gravedad.
En primera fila colocaron adultos y niños, los líderes estuvieron ausentes pero tenían colaboradores encargados del pase de lista y del control de la permanencia en el bloqueo. La exigencia era la entrega de ayudas económicas por parte del gobierno federal a los damnificados así como de estímulos económicos a los comerciantes para enfrentar la falta de turistas.
En los más de una decena de bloqueos realizados en Acapulco y en las carretas federales el gran ausente ha sido Iván Hernández Díaz, coordinador de los programas federales de Bienestar en Guerrero. De su parte no ha existido comunicación institucional y los manifestantes terminaron por rechazar el dialogo con él pues solo en un parte casos ha existido comunicación telefónica y ha incumplido sus promesas. Ossiel Morales, delegado de Gobernación estatal en Acapulco y Juan Carlos Barrios, delegado de Gobernación han intentado destrabar los conflictos pero ambos carecen de facultad resolutiva.
Además de las demandas locales por los efectos del huracán John y la crisis turística, Guerrero es también vulnerable a fenómenos externos como la violencia vinculada al crimen organizado, que ha tenido un impacto directo en la estabilidad de la región.
Si los bloqueos se suman a esta situación de violencia y desconfianza en las autoridades, podrían multiplicar los efectos negativos, convirtiéndose en un factor de inestabilidad política y económica de mayor escala.
La probabilidad de que este escenario de bloqueos y tensión se haga permanente dependerá de cómo el gobierno maneje las demandas y la crisis subyacente. En el corto plazo, es probable que los bloqueos sigan siendo una táctica común de presión por parte de los afectados, especialmente si las respuestas gubernamentales siguen siendo insuficientes.
A largo plazo, si no se logran soluciones estructurales a los problemas económicos y sociales del estado, y si las protestas se multiplican por la creciente frustración de la población, es posible que este tipo de movilizaciones se institucionalicen como una forma regular de demanda política. La falta de una estrategia integral para la recuperación post-huracán y la reactivación del turismo podría generar una espiral de protestas y bloqueos que afecte la estabilidad política y económica de Guerrero, afectando también su relación con el gobierno federal.