El 12 de noviembre de 2024 quedará marcado como un día clave en la historia de la justicia mexicana. En una audiencia celebrada en el marco del 191 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), jueces, magistradas, trabajadores del Poder Judicial y representantes de la sociedad civil llevaron al ámbito internacional sus preocupaciones sobre la reciente reforma judicial en México. Fue un espacio de reflexión y denuncia, donde las voces críticas señalaron el peligroso retroceso que esta reforma implica para la independencia judicial, el acceso a la justicia y, en última instancia, para la democracia mexicana.
Las audiencias públicas son un mecanismo central del sistema interamericano de derechos humanos. A través de ellas, la CIDH escucha a víctimas, representantes de la sociedad civil y al Estado para abordar problemáticas específicas en materia de derechos humanos. Estas audiencias no solo buscan visibilizar violaciones de derechos, sino también contribuir al desarrollo de recomendaciones y soluciones.
La CIDH, como órgano principal del sistema interamericano, tiene un mandato de monitoreo y promoción de derechos humanos en los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las audiencias públicas permiten que las denuncias trasciendan el ámbito nacional, brindando a las víctimas una plataforma internacional para exigir justicia y reparación. A menudo, los casos abordados en estas audiencias son el preludio de acciones más contundentes, como la emisión de medidas cautelares, la redacción de informes temáticos o, en casos graves, la elevación del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es crucial distinguir entre la CIDH y la Corte Interamericana. Mientras que la CIDH es un órgano consultivo y de monitoreo que emite recomendaciones, la Corte tiene un carácter judicial y dicta sentencias vinculantes para los Estados miembros. Este punto es relevante, ya que el gobierno mexicano ha intentado desestimar la relevancia de la CIDH, sugiriendo que sus recomendaciones carecen de peso jurídico. Sin embargo, este argumento ignora la fuerza moral y política de la CIDH, clave para generar presión internacional y encaminar reformas.
Uno de los momentos más impactantes de la audiencia fue el testimonio de las magistradas, quienes expresaron cómo esta reforma no solo socava la autonomía judicial, sino que también invisibiliza a cientos de mujeres que habían roto el techo de cristal en el Poder Judicial. “486 mujeres que habíamos logrado romper el techo de cristal, paradójicamente seremos invisibilizadas y despedidas por una mujer”, señalaron con contundencia, en referencia a la figura presidencial.
La reforma judicial propone un cambio masivo y arbitrario en la selección y destitución de jueces y magistrados, lo que pone en riesgo las trayectorias profesionales de miles de personas y debilita las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos. Este proceso no solo es injusto, sino que amenaza con politizar la justicia, comprometiendo su imparcialidad y eficacia.
El papel del Estado mexicano en la audiencia fue decepcionante. Sus representantes, José Antonio Montero Solano y Luz Elena Baños, admitieron abiertamente que no existe un diagnóstico que sustente la reforma. Esta admisión evidencia la falta de preparación y planificación detrás de una reforma que desmantela uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Revela la enorme improvisación con la que se está demoliendo uno de los tres poderes del Estado.
Uno de los momentos más polémicos de la audiencia fue la intervención José Antonio Montero Solano, quien defendió la reforma con una serie de argumentos que fueron rápidamente cuestionados. Según este funcionario, la reforma busca “democratizar el Poder Judicial” y “recobrar la confianza ciudadana”. Sin embargo, su discurso incluyó afirmaciones que resultan preocupantes por su falta de sustento: acusó a los jueces de faltar a su deber al liberar a delincuentes comunes, peligrosos y narcotraficantes, dictar sentencias sin perspectiva de género, y legalizar el despojo de tierras indígenas. Además, señaló al nepotismo como una práctica generalizada dentro del Poder Judicial.
Estas declaraciones, cargadas de generalizaciones y omisiones, buscan justificar un ataque sistemático a la independencia judicial.
Lejos de ser un diagnóstico serio, constituyen una narrativa que criminaliza a jueces y magistrados sin evidencias concretas y socava la confianza en el sistema judicial. Es preocupante que estas afirmaciones provengan de representantes del Estado en un foro internacional, donde se espera una defensa informada y respetuosa de los derechos humanos.
La intervención de Andrea Pochak, experta y relatora para México de la CIDH, fue contundente. En una batería de preguntas, Pochak desmanteló el discurso oficial al cuestionar la falta de sustento detrás de la reforma, con las siguientes preguntas: 1. ¿Qué diagnóstico hubo para esta reforma judicial? La respuesta estatal evidenció la improvisación con la que se implementó la reforma, ya que no existe un diagnóstico claro ni estudios que justifiquen los cambios propuestos. 2. ¿Por qué la reforma no incluyó a las Fiscalías y Defensorías Públicas? Pochak subrayó que, si realmente se busca mejorar el acceso a la justicia, no se puede limitar la reforma al Poder Judicial. Las fiscalías, encargadas de investigar y presentar casos, y las defensorías, que garantizan la representación adecuada, son fundamentales para un sistema de justicia funcional. 3. ¿Qué medidas concretas se han tomado para evitar la captación del crimen organizado y la violencia en el contexto electoral? Con la introducción de la elección popular de jueces, surge el riesgo de que el crimen organizado influya en estos procesos, debilitando aún más la justicia. 4. ¿Cómo se garantizará que juristas probos participen en estas elecciones? La falta de criterios claros y rigurosos para la selección de candidatos fue otro punto de preocupación.
El comisionado Bernal Pulido complementó estos señalamientos con preguntas incisivas sobre cómo la reforma afectará la calidad y la imparcialidad de las resoluciones judiciales. En un contexto donde la independencia judicial es vital para el control del poder, los riesgos de politización y corrupción no pueden ser ignorados.
A lo largo de la audiencia, las preguntas incisivas de las comisionadas y del comisionado de la CIDH dejaron en evidencia las múltiples fallas del proceso de reforma. Estas preguntas no solo subrayaron las preocupaciones en torno a la independencia judicial, sino que también señalaron las inconsistencias en los argumentos del Estado mexicano.
Las cifras también son alarmantes. Para cumplir con los mínimos constitucionales de participación en la elección de jueces por insaculación, se requieren más de 16,000 candidaturas idóneas. Este modelo, diseñado con una ligereza desconcertante, es una fórmula para el caos y la inoperancia judicial.
La audiencia también contó con la participación de la Relatora de la ONU sobre independencia judicial, quien emitió un mensaje contundente sobre los riesgos de la reforma. Su intervención destacó cómo la reforma no solo debilita la justicia en México, sino que también contraviene estándares internacionales. En este sentido, la CIDH dejó claro que el monitoreo internacional de la reforma será constante, y que cualquier intento de politizar el Poder Judicial será documentado y denunciado.
Las comisionadas y el comisionado de la CIDH, junto con la Relatora de País, realizaron preguntas incisivas tanto al Estado como a las peticionarias, evidenciando las múltiples fallas del proceso y generando una hoja de ruta para el monitoreo internacional de la reforma.
El colectivo La Justicia Que Queremos presentó un informe en el marco de la celebración de esta importante audiencia, destacando como la reforma judicial vulnera derechos fundamentales. El informe subraya que la cesación masiva de jueces y magistrados entre 2025 y 2027 y la elección popular de jueces representan una amenaza directa a la independencia judicial. Asimismo, alerta sobre el impacto negativo en el acceso a la justicia, especialmente para grupos vulnerables. Asimismo, el informe detalla cómo la reforma, lejos de atacar las raíces de la corrupción o el nepotismo, mina la carrera judicial, que ha sido una garantía de profesionalización y defensa de los derechos humanos. Este nuevo esquema de elección de jueces, además de suponer un retroceso en términos de autonomía, introduce una peligrosa politización en la administración de justicia, convirtiéndola en un instrumento más del poder político.
La audiencia del 12 de noviembre fue un recordatorio contundente: la defensa de la justicia en México trasciende fronteras y se inserta en la lucha global por los derechos humanos. Las peticionarias lograron su propósito al exponer ante el mundo la urgencia de proteger un sistema judicial que debe servir a la sociedad, no a los intereses del poder. Ahora, la CIDH y la ciudadanía mexicana tienen la responsabilidad de sostener la presión y exigir que el gobierno cumpla con sus compromisos internacionales. México está en un punto de inflexión histórico. La independencia judicial no es un privilegio de la judicatura, sino la última línea de defensa para los derechos de todas las personas. Sin un Poder Judicial autónomo, los derechos humanos y las libertades fundamentales quedan vulnerables; al tiempo que la democracia se tambalea.
La interrogante es ineludible: ¿consolidaremos un sistema judicial autónomo e imparcial o cederemos ante la captura política y criminal? No hay margen para la dilación. Este es un momento decisivo. México debe optar entre un futuro donde la justicia sea un baluarte de autonomía, o uno donde el sistema judicial sea una extensión dócil de intereses políticos.