El nuevo gobierno federal que inició el primero de octubre ha marcado, sin duda, hitos históricos tanto para bien como lamentablemente, para mal. Mucho se ha comentado sobre el matiz y cariz que se podría imprimir a la continuidad de un régimen que ha resultado sui géneris. La evidencia muestra dos caras de una misma moneda: una que presenta estrategias de impulso a la economía basadas en los documentos que bosquejaban el plan de gobierno, y otra que ha consentido inconsecuentemente la aprobación, sin reflexión alguna, de las reformas constitucionales que el anterior gobierno presentó al Congreso. Esto ha llevado a una suerte de crisis de vacíos legales y confrontaciones entre poderes que tendrán efectos de todo tipo, pero especialmente económicos.
Una crisis constitucional se define como un conflicto significativo entre los poderes del Estado o entre estos y la ciudadanía, lo que puede resultar en cambios profundos en la estructura política y el andamiaje legal del país. La aprobación de la reforma judicial de manera atropellada y sin consensos está generando conflictos graves relacionados con la interpretación, aplicación o legitimidad de la norma modificada y de las instituciones que operan en su marco. Esto provoca incertidumbre, vacíos legales e inseguridad jurídica, creando un caldo de cultivo para la inestabilidad de los mercados económicos y financieros, con efectos también en el sector real.
La inestabilidad política regularmente se acompaña de su complemento económico, cuyo efecto más visible e inmediato es el movimiento de indicadores financieros como la paridad cambiaria y los precios relativos. Sin embargo, también tiene efectos más profundos, como hacer que las empresas nacionales y extranjeras adopten una postura conservadora, posponiendo proyectos de expansión e inversión, recortando gastos o incluso saliendo del mercado o del país.
Si bien en los próximos días se hará oficial la información relativa al comportamiento de la Inversión Extranjera Directa durante el tercer trimestre de 2024, es previsible que un importante porcentaje de los anuncios de inversiones emitidos incluso desde el año pasado no se materialicen. Las nuevas inversiones han venido registrando reducciones desde hace varios trimestres. Entre enero y junio de 2024 solo se recibieron 909 millones de dólares de este tipo, lo que representa una caída del 69.3 por ciento respecto a 2023.
Cabe señalar que ya desde 2023 la reducción en las nuevas inversiones mostraba incertidumbre al caer un 43.2 por ciento respecto a 2022. Esto indica que, por un lado, no hemos sido capaces de materializar el potencial de la relocalización de inversiones, quedando en una mera ilusión; pero también refleja que los inversionistas han estado descontando desde hace tiempo los efectos de la aprobación de las reformas constitucionales en materia de Estado de Derecho, percepción que lamentablemente se está haciendo una realidad.
El efecto económico directo de la modificación en la forma en que se compone y opera el poder judicial es la desconfianza. Si no hay certeza sobre si la seguridad jurídica prevalecerá y si las decisiones de los tribunales serán respetadas (como ya está ocurriendo), ni si las leyes actuales permanecerán vigentes, la falta de garantías puede llevar a una fuga masiva de capitales. Los inversores buscan proteger sus activos en mercados menos volátiles e inseguros. En este contexto, una crisis constitucional se convierte en crisis económica; sin inversión no hay empleo y el crecimiento tan necesario no se presentará.
Sin crecimiento no hay recaudación suficiente para sostener las finanzas públicas, ya comprometidas por el alto déficit público y la deuda que cada día cuesta más pagar solo en intereses. Al 31 de agosto, el saldo de la deuda bruta del Gobierno Federal ascendió a 15 billones 79 mil millones de pesos, lo que significó un incremento anual del 15.2 por ciento en términos reales; el 83.3 por ciento es deuda interna con un costo total de 475.2 miles de millones de pesos.
Las consecuencias de seguir alimentando la incertidumbre, la inestabilidad, las decisiones precipitadas y sin visión a largo plazo, así como la falta de gobernanza y gobernabilidad, se reflejarán más pronto que tarde en la pérdida del bienestar alcanzado hasta ahora.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®