Desde el inicio del actual régimen gobernante, el programa de gobierno implementado se ha cimentado en una amplia política social que se caracteriza por una serie de rasgos muy distintivos: un discurso antineoliberal y antimercado; el “retorno” de la función del Estado como proveedor de bienes y servicios (no necesariamente públicos) y como garante de derechos; la elevación a rango constitucional de los programas sociales para, en principio, asegurar su permanencia; y un enfoque asistencialista basado en la transferencia directa y aparentemente universal de recursos monetarios a los beneficiarios. Asimismo, se debe agregar como último rasgo su financiamiento, que es primordialmente mediante ahorros que ya se han agotado y un endeudamiento galopante.
El gasto en protección social (aquellos recursos que destina el gobierno a servicios y transferencias a personas con enfermedades, incapacidades, edad avanzada, familias e hijos, desempleo, vivienda y aquellos que se encuentran excluidos socialmente) ha sido significativo como política pública desde hace varias décadas, aunque se ha incrementado de manera importante en los últimos seis años. Desde 2015 hasta 2024, este tipo de gasto ha registrado un aumento acumulado del 30 por ciento en términos reales.
Cabe destacar que el actual régimen se ha enfocado en incrementar este gasto, pasando de 742,846 millones de pesos en 2019 a casi 2 billones de pesos en 2024. En términos per cápita, el gasto social pasó de 11,139 pesos en 2019 a un estimado de 16,256 pesos en 2024. Para el ejercicio 2025, el gobierno que dará continuidad al régimen propone alcanzar un nivel de 16,813 pesos, lo que significaría un crecimiento del 50.9 por ciento frente a 2019.
Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por programas emblemáticos como las Pensiones del Bienestar, que han visto un aumento constante en las transferencias monetarias a los beneficiarios. Sin embargo, es preocupante que, paralelamente a esta dinámica, la deuda pública también haya ido incrementándose. Esto implica que al menos buena parte del financiamiento se destina a cubrir el gasto social, especialmente después de que se agotaron los recursos de los fondos de estabilización.
El gobierno federal opera 121 programas sociales; sin embargo, para 2025 serán considerados prioritarios solo 17, a los cuales se les asignarán 835 mil millones de pesos. Financiar estos programas mediante deuda pública es un tema que genera un gran debate, especialmente cuando en los últimos años el país ha experimentado un aumento significativo en su deuda pública. Esto plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta correlación y sus consecuencias a largo plazo.
La deuda pública en México ha mostrado una tendencia al alza. Entre 2018 y 2024, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público pasó de 10.5 billones de pesos a un estimado de 17.5 billones. Esto significa, en términos del PIB, pasar del 43.6 por ciento al 51.4 por ciento. Cabe resaltar que para 2025 el gobierno estima que este indicador amplio de la deuda se incrementará a 18.6 billones; si bien el optimista crecimiento del 2.5 por ciento real en el PIB le permite plantear que la relación con el PIB se mantendría estable.
Que el gasto en programas sociales sea una prioridad para el gobierno es incontrovertible; sin embargo, financiar estas iniciativas con deuda puede tener repercusiones significativas, especialmente en un entorno de altas tasas de interés, las cuales se incrementaron del 5 por ciento al 10.5 por ciento entre 2020 y 2024. Esto eleva el costo financiero de la deuda, que pasó del 2.5 por ciento del PIB en 2018 al 3.7 por ciento en 2024; este último dato representa 1.2 billones de pesos que se incrementarían a 1.4 billones en 2025, lo que implicaría un aumento del 8.5 por ciento real.
La dependencia de la deuda para financiar programas sociales puede llevar a una situación insostenible si no se generan ingresos suficientes para cubrir los pagos futuros de manera “sana”. No solo se añade presión sobre las finanzas públicas; también se compromete la viabilidad de la propia política social.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®